El actual sistema político en México está envilecido. Los intereses autoritarios y el cinismo político pretenden frenar –con la inacción para diseñar, impulsar y aprobar las reformas políticas que se requieren- la continuación de nuestra transición hacia una democracia eficaz y de resultados en torno al bien común, lo cual es favorecido por la desinformación, apatía y corrupción de los ciudadanos.
En esta ocasión abordaré la ausencia de normas jurídicas para regular las promesas de campaña y su cumplimiento, que a la fecha, se ha convertido en uno de los temas que más indignan –y con justa razón- a los ciudadanos.
A manera de introducción, diré que hay dos momentos visibles para la gente en la vida democrática de nuestro país: el formal, integrado por los procesos electorales de donde surgen, mediante el voto ciudadano, nuestros “representantes”; y, el sustancial, que implica el ejercicio de dicha representación popular por parte de presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República o legisladores locales o federales así electos.
Ambas etapas están relacionadas íntimamente, ya que la “oferta electoral” presentada por los candidatos durante las campañas políticas, debería ser la base de los resultados del ejercicio del poder obtenido mediante ese voto de los ciudadanos.
En los hechos desafortunadamente ocurre algo muy diferente: es una práctica impune y recurrente que los candidatos y los partidos que los postulan, prometen durante las campañas políticas casi “lo que sea” para conseguir el voto de los ciudadanos, quienes se encuentran en estado de indefensión al no existir -como antes apunté- un marco legal que regule su viabilidad y el cumplimiento de tales promesas en el ejercicio del cargo para el que fueron electos.
El hecho de que se publiquen las promesas o se firmen ante notario público no les otorga eficacia o fuerza legal alguna. Actualmente los ciudadanos no tenemos derecho de acudir ante la autoridad electoral para exigir la rendición de cuentas de nuestro representante y en su caso, para pedir la imposición de penas por incumplimientos de sus promesas de campaña, por lo que simplemente, hay que “tragarse el engaño y la burla”.
Esta es una de las razones por las cuales nuestra democracia es percibida como ineficaz y las campañas políticas son vistas por la mayoría de los ciudadanos como un “circo” que muchas de las veces resulta ser un mero espectáculo montado por sus “propietarios” para obtener una “ganancia electoral”.
Así lo evidenció la encuesta elaborada por Berumen y Asociados en marzo de 2010, en la que precisamente el incumplimiento de promesas de campaña -junto con el abuso del poder y la corrupción- aparecen como las principales fallas de la democracia en México y que llevaron a 7 de cada 10 mexicanos a expresar que se sienten insatisfechos de su funcionamiento, aunque en esa misma proporción, opinaron que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
¿Cómo podemos aceptar una democracia en la cual se obtiene nuestro voto “soberano” mediante promesas cuyo cumplimiento es opcional para nuestro representante así electo?
¿Cómo podemos permitir que ante los “ojos” de los institutos electorales se guarde silencio ante propuestas falaces, populistas y algunas hasta improcedentes para ejecutarse en el ejercicio del cargo por el que se compite?
¿Qué no tiene este incumplimiento la misma esencia de cualquier fraude que se define por la Real Academia de la Lengua Española como la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”?
Es totalmente viable legislar para que se obligue a los candidatos a registrar ante el IFE o sus homólogos locales las promesas de campaña para que su procedencia sea revisada y su cumplimiento pueda exigirse por los ciudadanos mediante procedimientos en materia electoral y en su caso, se sancione el incumplimiento, cuando menos, con la inhabilitación para ejercer nuevos cargos públicos.
Estos cambios no convienen a quienes tienen que aprobarlos porque los privaría de la impunidad que gozan y de los beneficios indebidos que hoy obtienen gracias a la debilidad institucional y oscuridad legislativa, pero a los ciudadanos nos urgen…… ¡exijámoslos!
