México enfrenta actualmente graves problemas que requieren urgente atención en cada uno de los ámbitos de responsabilidad de los tres poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial; así como de las tres esferas de competencia: federal, estatal y municipal.
Problemas como la impunidad, inseguridad, pobreza, desempleo, mala calidad educativa, entre otros, que han sido generados, en buena medida, por la debilidad de las instituciones públicas, las cuales, pese a exigencias ciudadanas, discursos y presupuestos, no acaban de responder con resultados concretos.
Gran parte de las acciones que se requieren para atender la citada problemática, corresponden al Poder Legislativo, tanto federal como de sus homólogos locales: la creación y modificación de leyes aplicables a tales materias; la distribución eficiente de presupuestos; y, especialmente, una reglamentación que garantice sanciones severas a funcionarios públicos corruptos, irresponsables o ineficientes, así como avanzar en el tema de transparencia y rendición de cuentas, para pasar de los discursos como respuesta a la indignación de la sociedad, a los resultados.
Ya es hora de que aquel funcionario ineficiente o que no rinda cuentas sea cesado y, aquel que se corrompa, sea llevado ante la justicia y sancionado o encarcelado, de manera tal que, la permanencia en los cargos públicos, sea consecuencia de los buenos resultados de su gestión.
Particularmente, están pendientes de aprobarse por el Congreso de la Unión, las reformas estructurales que urgen a nuestro país, en materias fiscal, energética, laboral, seguridad nacional, política, educativa y de sistema de justicia.
Algunas de las mencionadas reformas estructurales, como la fiscal, laboral, energética y política cobran especial relevancia en este momento de coyuntura que tenemos en puerta el impacto que generará en nuestra economía la desaceleración económica mundial.
Expertos en la materia, opinan que urge fortalecer el mercado interno, reducir la dependencia fiscal respecto a ingresos petroleros y ofrecer a los grandes inversionistas internacionales un país competitivo, viable para sus proyectos, los cuales, redundarán en el crecimiento de empleos de calidad en México y de nuestras exportaciones. Para ello, insisten en que deben aprobarse antes del año 2012, por lo menos, las reformas laboral, fiscal, energética y política.
La gravedad de los problemas arriba mencionados es de todos conocida y reconocida y no está a discusión; las acciones que se requieren para atenderse, están identificadas por analistas, expertos e incluso por organismos internacionales como la OCDE.
Sabiéndolo, muchos ciudadanos nos preguntamos: ¿Qué esperan nuestros legisladores, especialmente los diputados federales para ponerse a trabajar en la aprobación de las leyes y reformas mencionadas, en la distribución correcta del presupuesto para el próximo año y en el combate a la corrupción y la impunidad?
Desafortunadamente, nuestros legisladores federales parecen no tener ninguna prisa, se muestran indolentes “congelando reformas”, evitando periodos extraordinarios y haciendo sólo promesas como las recientes, hechas en el noticiario de televisión nacional de Joaquín López Dóriga, en voz de los coordinadores y presidentes nacionales de los tres principales partidos.
A penas esta semana que concluye, nos dieron una increíble muestra más de ello: por inasistencia de la gran mayoría de los diputados –tan sólo se presentaron 86 de los 500- se suspendió la tercera sesión ordinaria por falta de quórum en esa Cámara y, en la cámara alta, también se suspendió la sesión de trabajo al tener únicamente la asistencia de 45 de los 128 Senadores; legisladores quienes además ya preparan un puente vacacional festejar, irónicamente, la próxima semana, a la Patria que en realidad tienen en el olvido total.
La palabra indignante no alcanza a describir este escenario, al que debemos sumar, el retraso de más de 10 meses de la Cámara de Diputados en la elección de los 3 consejeros del IFE, estando a casi un mes de iniciar formalmente el proceso electoral federal 2012, empantanado simplemente por intereses partidistas, y, el aumento del 5% a las “dietas” de nuestros diputados federales, ya de por sí bastante generosas, contemplado dentro del presupuesto que tendrán que discutir y aprobar para el ejercicio 2012.
¿Así o más patético?
Es triste ver que los representantes del pueblo, electos para cuidar nuestros intereses y buscar el bien común en el ámbito legislativo, presupuestal y de fiscalización, es decir, nuestros diputados federales, aparecen en el último escalón de las encuestas sobre credibilidad de las instituciones en México, junto con los partidos políticos.
Es triste, como dije, pero sin duda y para desgracia nuestra, se lo han ganado a pulso…..
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