Comúnmente se dice que representantes populares y funcionarios públicos son nuestros “empleados” y están obligados a trabajar en beneficio del pueblo, en razón de que a los primeros los elegimos mediante el voto y a los segundos les pagamos sueldos y presupuestos con nuestras contribuciones.
Los ciudadanos somos por tanto sus “patrones”, lo que suena bien y en buena medida es cierto, ya que tan sólo en el ámbito federal, de los ingresos totales anuales que en 2011 se estiman del orden de los 3 mil 400 billones de pesos, casi el 40% se obtendrán de los impuestos de los contribuyentes por concepto de IVA y de ISR principalmente.
De esa forma, prácticamente todos contribuimos a sufragar el costo de la burocracia federal mexicana, comprando bienes desde un dulce, un refresco o un vehículo; pagando un servicio como el de energía eléctrica que presta la CFE; u obteniendo ingresos como profesionistas, comerciantes o empresarios y desde luego como empleados, a quienes cautivos se les retienen impuestos “religiosamente”.
Hay que destacar que ese costo de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, equivale de entre un 9% hasta un 13% del Producto Interno Bruto, lo que hace a nuestra burocracia de las más caras del mundo.
En los ámbitos estatal y municipal el panorama es literalmente más obscuro, ya que carecemos incluso, de información básica confiable para realizar este tipo de análisis.
Por todo ello, nos debemos preguntar si nuestros representantes y funcionarios públicos, que cuestan y muy caro a los mexicanos ¿son eficientes en el logro de los resultados que legítimamente demandamos como sociedad?
Creo que la respuesta mayoritaria en los tres niveles de responsabilidad sería, NO.
Vivimos una impunidad del 98%, una corrupción creciente derivada de ésta y de la falta de una verdadera transparencia y rendición de cuentas, una crisis de seguridad, rezagos en competitividad y en empleo, parálisis legislativa en los temas estructurales y prioritarios, carencias en servicios públicos e infraestructura, entre otros.
Entonces tenemos, por una parte “empleados” caros y que no nos dan los resultados requeridos y además no rinden verdaderas cuentas de su función y de los recursos públicos que ejercen; y por otra parte, sufrimos una problemática que no admite perder el tiempo, sino más bien ocuparlo en identificar las posibles soluciones y especialmente aquellas que dependen de nosotros, la sociedad.
En esta coyuntura quiero plantear que parte de la solución implicaría el ejercicio de más democracia y política, pero no en el sentido “electoral” sino real, es decir, a través de la auténtica participación ciudadana entendida no limitadamente como forma de gobierno, sino más ampliamente como un estilo de vida al que denomino: CIUDADANÍA PLENA.
Ello implica el promover una sociedad transformadora y solidaria, donde los ciudadanos asumamos la responsabilidad plena de construir el desarrollo social de la mano de las administraciones públicas y los poderes del estado, acompañando, supervisando y tomando medidas concretas de manera organizada, para generar corrientes de la voluntad general e influir en la toma de decisiones o para exigir la aplicación de la ley y que redunden en mejores condiciones sociales de bienestar.
DECALOGO PARA VIVIR LA CIUDADANÍA PLENA
1.- PARTICIPACION.- Se desarrolla de manera natural partiendo del ámbito municipal, consientes de que toda actividad social implica asumir consecuencias bajo el concepto de “responsabilidad social” y por el sentido de pertenencia a una comunidad.
2.- CORRESPONSABILIDAD.- La convicción llevada a los hechos de que sociedad y gobierno deben interactuar en sus respectivos ámbitos y ser corresponsables del bien común.
3.- LEGALIDAD.- Promover el respeto a la ley y a las instituciones para su fortalecimiento y del estado de derecho. Exigirla especialmente a las autoridades, incluso por medios legales e instancias superiores.
4.- TOLERANCIA.- Respeto al pluralismo, promoviendo con ello el ejercicio de las libertades.
5.- DIALOGO y DEBATE.- Como herramientas necesarias de la participación ciudadana.
6.- COMUNICACIÓN.- De las organizaciones ciudadanas, formales e informales, con la sociedad en general a través de los medios informativos, incluyendo el internet, para generar corrientes de opinión pública y propiciar la formación cívica y la participación.
7.- VOTO LIBRE Y RESPONSABLE.- Que vincula en forma permanente y corresponsable al ciudadano con sus representantes, para erradicar la simulación y promover el ejercicio de los valores de participación democrática.
8.- INFORMACION.- Para el conocimiento de nuestras fortalezas y recursos en el ámbito municipal y regional con el fin de proponer y evaluar de manera sustentada y eficaz.
9.- TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD.- Promover estos valores ante las distintas autoridades e instituciones públicas, ejerciendo permanentemente nuestro derecho al acceso a la información pública y a la rendición de cuentas.
10.- CONTROL CIUDADANO.- Basado en la evaluación periódica del cumplimiento de funciones públicas y de promesas, con base en información pública relevante: plan de desarrollo municipal, estatal y federal, reportes financieros, obra pública, ejercicio de los recursos públicos, iniciativas, etc..
Viviendo así, podremos ser una mejor sociedad para tener mejores representantes y gobernantes y sin duda, un mejor entorno.
Para lograrlo, la decisión depende de cada uno de nosotros; y tú, ¿Te animas?
http://impreso.milenio.com/node/8865277
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