El diccionario de la Real Academia Española define de manera sencilla a la Impunidad como “falta de castigo”, y a esta última palabra, como “pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta”, por lo que podemos decir que la impunidad, es la falta de aplicación de penas a quienes han cometido delitos o faltas.
La cara más conocida de este lastre en México es la cifra negra del 98% de delitos que quedan sin castigo, de cada 100 que se denuncian; sin embargo, existen otras expresiones de la impunidad en materias distintas a la penal y que suceden cotidianamente cuando algún gobernado no consigue del estado mexicano la restitución de un derecho vulnerado, la debida aplicación de la ley por parte de servidores públicos o cuando quedan sin castigo abusos de gobernantes o autoridades.
Este flagelo evidentemente deriva de la falta de eficacia de instituciones, de la falta de preparación y responsabilidad de servidores públicos, de su corrupción y complicidades tanto a nivel local, como federal, y que, desgraciadamente es tolerada o incluso incentivada, por una sociedad con valores cívicos débiles, que ignora los deberes legales de sus “representantes” y por ambas razones no exige de ellos, los resultados que requiere.
Hoy, tenemos en Tampico una muestra escandalosa de ello; recién ha concluido la que los tampiqueños han llamado “la peor administración municipal de todos los tiempos” en la que vimos cómo, pese haber recibido cada año mayores ingresos con presupuestos históricos en relación al período anterior, se invirtió menos en obra pública, se triplicó el gasto en servicios públicos así como la deuda pública, se dejaron de cumplir obligaciones civiles, laborales y administrativas estando presupuestadas, además de un sinfín de anomalías que algunos denunciamos oportunamente y que ahora, es de todos sabido.
La impunidad, que se percibe como una especie de “monstruo de mil cabezas” contra el que resulta sumamente complejo luchar y que es difícil de vencer, en el caso comentado se puede explicar principalmente por la ineficiencia de dos instituciones: el Congreso de Tamaulipas y el propio Ayuntamiento de Tampico.
Ambas, se deslindan ahora de las atrocidades de la pasada administración municipal y no parecen convencidas de que les corresponde actuar para que se castigue a quienes las cometieron.
No es culpa de los ciudadanos los manejos irregulares de la anterior administración municipal de Tampico, pero hay que reconocer que ciudadanos en general, organizaciones de la sociedad civil, cámaras y liderazgos de la ciudad, pueden y deben ser un equilibrio ante la ineficacia de las instituciones, para lo cual, se requiere en primer término una cultura cívica sobre el funcionamiento, presupuestos y desempeño de las mismas. Esto se conoce como Responsabilidad Social.
Para ello, resulta urgente por ejemplo, conocer del Congreso del estado de Tamaulipas, su Auditoría Superior y de los diputados que lo integran, la función específica en materia de revisión de cuentas de los Municipios, Juicio Político contra servidores públicos, facultades para denunciar irregularidades, entre otras.
Asimismo, identificar las responsabilidades en que pudieron haber incurrido funcionarios de la anterior administración, de acuerdo a las irregularidades que se han dado a conocer por miembros del actual Municipio, así como aquellas que pudieran surgir en caso de que éste no proceda legalmente ante tales faltas conocidas y documentadas.
Por lo anterior, en mis próximas colaboraciones abordaré para el conocimiento de los tampiqueños, diversos análisis de las funciones y responsabilidades del Congreso local y de los Ayuntamientos.
Tenemos memoria para revisar la historia y los errores cometidos, así como un futuro con esperanza para comprometernos hoy como sociedad, en construir el entorno justo y ordenado que queremos para vivir con nuestras familias. Creo que trabajar por el bien común, siempre vale la pena.
Con una debida formación cívica y con algo de información, los tampiqueños iremos sabiendo “dónde quedó la bolita”.
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