El caso de las irregularidades detectadas a la pasada Administración Municipal que encabezó Oscar Pérez Inguanzo sigue dando de qué hablar ante la falta de decisión para emprender las acciones legales que corresponden tanto al Congreso del Estado como al Ayuntamiento de Tampico.
En recientes fechas se anunció por parte del Ayuntamiento de Tampico el envío de un documento que contiene las inconsistencias encontradas en el proceso de entrega-recepción a la Auditoría Superior del Congreso del estado de Tamaulipas y la petición para que se revisen nuevamente las cuentas de la gestión 2008-2010.
La respuesta del Auditor fue que no encontró elementos para reabrir las referidas cuentas bajo el argumento de que en la petición del Ayuntamiento de Tampico no se aportaron las pruebas que sustenten tal solicitud e incluso invitó a la alcaldesa a que si cuenta con dichas pruebas presente la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
Por su parte en el Congreso local, diputados del PRI, PANAL y VERDE ECOLOGISTA rechazaron el punto de acuerdo presentado por el PAN para que se reabrieran dichas cuentas.
La alcaldesa Magdalena Peraza manifestó al respecto que “aunque respeta la decisión, es lamentable que habiendo pruebas, peticiones colegiadas de reapertura y la exigencia de la sociedad, los diputados hayan bloqueado la posibilidad de reabrir e investigar todas las cuentas”.
¿Por qué será que en Tamaulipas se repiten algunas escenas aunque cambien los actores?
Pareciera que existe todo un sistema que trata de impedir la rendición de cuentas utilizando siempre, como si fueran seres sin voluntad propia, a algunos actores políticos en turno: diputados locales, alcaldes, regidores, etc.
La alcaldesa que ahora se queja de la actitud de la mayoría priísta y aliados en el Congreso por el caso OPI, tuvo el mismo comportamiento como diputada local del PRI en la pasada legislatura al “bloquear” –utilizando su misma expresión- con su voto y con el de sus compañeros en sesión de fecha 13 de mayo de 2009, la solicitud de juicio político que promovió la entonces regidora panista Gabriela Segura Cuervo, cuyo punto de acuerdo propuesto por diputados del PAN, expone a detalle las irregularidades que ahora son de todos sabidas.
Esta decisión impidió que se investigara a tiempo las irregularidades detectadas por regidores del PAN y que se evitara lo que ahora estamos padeciendo y lamentando.
El acta correspondiente a dicha sesión, puede consultarse en la siguiente liga:
http://intranet.congresotamaulipas.gob.mx/CongresoTamaulipas/Archivos/Sesiones/acta%2088%20%20ses.%20pub.%20ord.%20_13-may-2009.pdf
Ante estas actitudes, los tampiqueños nos sentimos por momentos confundidos y por ello es importante que analicemos lo siguiente:
Cuando el Ayuntamiento de Tampico hace una solicitud al Auditor Superior para que se reabran las cuentas de la pasada administración, se supone que está buscando se investiguen y castiguen todas las irregularidades por ellos detectadas y documentadas.
En el mejor de los casos, si el auditor accediera a reabrir las cuentas y se “encontraran” las irregularidades, traería como consecuencia que se fincaran responsabilidades administrativas y se procediera a presentar las denuncias penales correspondientes.
De lo aquí expuesto, se desprenden dos hechos fundamentales:
1.- La mayoría priísta y aliados en el Congreso del Estado siguen sin cumplir su responsabilidad legal y moral ante los tamaulipecos al no realizar una debida fiscalización de las cuentas públicas y no escuchar el clamor de justicia de los tampiqueños en este tema.
2.- El Ayuntamiento de Tampico no debe evadir su propia responsabilidad, ya que es claro que no necesita al Auditor Superior del Congreso del Estado para presentar las denuncias en que, en el mejor de los casos, podría derivar la reapertura de cuentas por parte de éste.
Puede y debe presentarlas directamente ante el Ministerio Público del Fuero Común y Federal y muy especialmente porque cuenta con las pruebas que sustentan las irregularidades que han informado públicamente.
Cabe decir que dentro del procedimiento penal que se llegare a iniciar, se puede requerir a la Auditoría Superior del Congreso del Estado la entrega, para su investigación, de las cuentas públicas que están en su poder (Artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tamaulipas).
En realidad todo este asunto se trata de voluntad, ¿no lo creen?
1 comentario:
Excelente como siempre tus palabras, mucha voluntad y decisión. Gracias por ser tu misma y reflejar en tus líneas las ideas de muchos de nosotros.
Jhohanus
Publicar un comentario