En la primera semana de arranque de la presente administración municipal, la alcaldesa Magdalena Peraza confirmó ante medios de comunicación lo que había sido un compromiso de campaña: No habría privilegios ni aumento en las percepciones de miembros del cabildo durante los próximos tres años; ganarían mil pesos diarios y recibirían 40 litros de gasolina semanalmente, descartando expresamente el otorgamiento de alguna compensación “extra”. Lo anterior implicaba una erogación mensual a cargo del presupuesto municipal así aprobado de alrededor de 700 mil pesos mensuales.
Esta noticia fue bien aceptada por la comunidad tampiqueña ya que independientemente de que no es una percepción menor y que se considera adecuada al desempeño de su función –cuando se realiza debidamente- es del dominio público la precaria situación financiera de nuestro Municipio por las graves irregularidades que se vienen arrastrando desde la pasada administración municipal, que a la fecha no han sido denunciadas ante el Ministerio Público del fuero común y federal, ni han sido publicadas oficialmente.
No obstante lo anterior, recientemente se ha dado a conocer en medios informativos que se está analizando la petición de los ediles de Tampico de incrementar hasta en un 70% su “sueldo” (que representaría una erogación mensual adicional de 460 mil pesos); información que ha sido confirmada no sólo por uno de los síndicos porteños, sino por algunos regidores y por la propia alcaldesa.
Dejando de lado la palabra empeñada por la alcaldesa, dicho aumento resultaría no sólo contrario a la ley, sino totalmente injustificado debido a las precarias condiciones en las que se recibió el Municipio, que se desprenden de rezagos, pero sobre todo, del resultado de la tan cuestionada administración municipal anterior, las cuales han sido informadas públicamente por los propios ediles como:
El gran rezago en pavimentación, bacheo y obra hidráulica; las deplorables condiciones de los mercados municipales, del 90% de las instalaciones deportivas y de los parques y jardines; la enorme deuda pública (bancos, proveedores, etc.); la carencia de medicamentos y prestaciones médicas a los empleados municipales; las carencias estimadas en un 50% en equipamiento (patrullas), personal y sus prestaciones en las áreas de seguridad pública, bomberos, protección civil y las de servicios públicos (camiones recolectores y alumbrado); el déficit en becas escolares, apoyos al DIF y al Instituto Municipal de la Mujer; por mencionar tan sólo algunas.
Ello ha motivado a este Ayuntamiento a tomar decisiones financieras difíciles que no serían explicables de otra forma, sino bajo el contexto de crisis que vivimos, siendo algunas de ellas el DESPIDO anunciado de más de 450 empleados municipales y la REDUCCIÓN dramática de 27 millones de pesos en OBRA PÚBLICA en el presupuesto del presente año.
No es entendible que teniendo tantas necesidades apremiantes, en las actuales condiciones financieras y ante las duras medidas que se han tenido que tomar y las que faltan, se pretenda aumentar de manera significativa la percepción de los regidores.
El único argumento que ha expresado públicamente la alcaldesa en apoyo a la petición de los ediles es que “es incongruente que siendo los que tenemos el mayor presupuesto, tengamos el menor salario”, haciendo comparación expresa con Ciudad Madero y Altamira.
También ha señalado que “el aumento a los ediles, no se hará directo al salario, ya que la aplicación de impuestos golpea directamente esa posibilidad de incremento”.
Esto significaría hacer oficial lo que se conoce como compensación fuera de nómina e implicaría una posible evasión de impuestos cuya práctica fue erradicada durante la administración municipal que encabezó Diego Alonso Hinojosa (1996-1998) ya que todo ingreso debe ser gravado, salvo las excepciones por ley permitidas.
El que Ciudad Madero y Altamira -con gobiernos emanados del PRI- paguen a sus ediles altas “compensaciones” y tal vez ilegales, no puede ser motivo para aplicarlo en Tampico. Deben darse en su caso, argumentos que se apeguen a lo ordenado por el artículo 30 del Código Municipal vigente y 127 de la Constitución Federal y sobre todo justificar –si pueden- el elevado monto como prioridad frente a todas las necesidades de nuestra ciudad.
Vino a mi mente lo que expresara el escritor inglés William Hazlitt: “El hombre es el único animal que ríe y llora, porque es el único que percibe la diferencia entre lo que las cosas son y lo que deben ser”.
Este es un tema de legalidad, pero sobre todo de decencia.
Por ello, con esta colaboración quiero apelar a la ética de cada uno de los miembros del cabildo –alcaldesa, síndicos y regidores- esperando que cumplan con la ley y estén a la altura de lo que espera y requiere el pueblo de Tampico y que individualmente asuman públicamente su postura.
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