En anterior colaboración, abordé el tema tratado por el largometraje documental “Presunto culpable” partiendo para analizarlo de las escandalosas cifras de la impunidad que priva en nuestro país, debido a que la crudeza de los vicios y fallas del procedimiento penal mostrados en dicho trabajo periodístico, dan cuenta de muchos de los motivos que la originan: nula investigación ministerial, testigo acusador sin otras probanzas que ofrezcan certeza, actos de tortura para obtener declaraciones, aprehensiones ilegales, por mencionar algunos.
Recordemos que en el caso tratado por el documental, “Toño” fue acusado y sentenciado a 20 años de prisión por un crimen que no cometió, del cual después de cuatro años, fue exonerado; a “Toño” se le pretendía imponer “castigo sin crimen”.
Con la relevancia que ha surgido en torno al caso de Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, viene a mi mente nuevamente el tema de la impunidad en México y se adiciona como novedoso vicio del procedimiento penal un montaje televisivo sobre detención de presuntos implicados y liberación de víctimas.
Independientemente de la verdad histórica -inocencia o culpabilidad- que en ambos casos será realmente difícil conocer, existe en ellos un punto común: la persistencia de los citados vicios del procedimiento penal que derivan de la debilidad, falta de profesionalización, ineficacia, simulación o corrupción de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia.
En el caso de “Toño”, llamado “Presunto Culpable”, sabemos que hubo un asesinato; sin embargo, las innumerables irregularidades existentes dentro del procedimiento penal, permitieron al resultar el acusado inocente de todo cargo, la subsistencia de un crimen cierto sin castigo. Hasta la fecha, nadie sabe quién fue el verdadero asesino; con ello, surge la impunidad.
En el caso de Florence Cassez, no conocemos aún la verdad jurídica que resultará de la decisión que dentro de algunos meses tomará la Suprema Corte de Justicia; lo que sí sabemos, es que existieron graves violaciones al llamado “debido proceso” que no es otra cosa que un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a garantías mínimas que le permitan la defensa adecuada de sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.
Al igual que en el caso de “Toño”, en el de Florence Cassez existen, con evidencias ciertas y reconocimiento expreso de la autoridad responsable, irregularidades graves al debido proceso tales como el montaje televisivo que simuló su detención flagrante que ahora sabemos fue simulada.
¿Cómo podemos otorgar como sociedad, confianza a la justicia mexicana a sabiendas de la debilidad y vicios de nuestro sistema judicial?
Personalmente considero que el debate en este tema no debería estar centrado en la liberación o no de la ciudadana francesa, sino en la necesidad de mejorar cada una de las etapas de nuestro sistema penal: a) La prevención del delito (proporcionar seguridad a los gobernados); b) Averiguación Previa (denuncia, investigación de los delitos por la policía ministerial y peritos a cargo del Ministerio Público); c) Proceso Penal (orden de aprehensión, pruebas, alegatos y sentencia); d) Sistema de ejecución de sentencias (sistema penitenciario).
Basta revisar nuestro estado de Tamaulipas para conocer que no tenemos policía local que realice labores preventivas sino el auxilio extraordinario de las fuerzas federales; no existe confianza en el trabajo realizado por los agentes del Ministerio Público, lo que deriva en infinidad de delitos que no se denuncian ante la certeza de que “no tiene caso”; ante los jueces, el ciudadano que se atreve a denunciar muchas veces se enfrenta a averiguaciones mal integradas o corrupción, lo que convierte tal osadía en un calvario adicional; y, qué decir de las escandalosas fugas de reos, en los casos de sentencias condenatorias.
Así, a lo largo y ancho de nuestro territorio con variantes y matices.
La impunidad en México es 98.5% de cada 100 delitos denunciados. Esta cifra desde luego se eleva si tomamos en cuenta que sólo se denuncian cerca del 22% de los delitos que se cometen. Es decir, de cada 1000 delitos cometidos, 780 quedan impunes por falta de denuncia y de los 220 que se denuncian, sólo se formula condena a poco más de 3; ello, representa un verdadero “hoyo negro” para el estado mexicano.
Por todo esto, insisto, el tema no es la inocencia o culpabilidad de Florence Cassez, sino la impunidad que deriva de la debilidad, ineficacia, simulación o corrupción de nuestro sistema penal y la urgencia de mejorarlo. Necesitamos verdadera justicia y sobre todo, confiar en nuestra justicia.
Resulta pertinente recordar las palabras del poeta mexicano Manuel José Othón: “La nación más grande y más potente es débil si le falta la justicia”.
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9135240
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