Todos recordamos como en el año 2005 Vicente Fox después de haber logrado que la Cámara de Diputados desaforara a Andrés Manuel López Obrador, dio marcha atrás diciendo que “A nadie se impedirá participar en la próxima contienda electoral”.
Este tema fue definitivamente político, pero con un trasfondo jurídico que exhibió una de las muchas debilidades de nuestro sistema legal que impide la eficacia en la administración de justicia, como lo explico enseguida.
López Obrador había sido acusado por la Procuraduría General de la República por el delito de desacato a una resolución judicial de amparo, sin embargo fue la propia Procuraduría quien se desistió de dicha acusación mediante boletín oficial con el argumento de que, aunque sí existía la violación a la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo por parte de AMLO, no se le podía jurídicamente castigar debido a que ni en la Ley de Amparo ni en el Código Penal Federal, existía una pena exactamente aplicable al caso como exige la garantía constitucional contenida en el artículo 14.
Con este anuncio de la PGR a nivel nacional que reconocía la existencia de un vacío legal, se estaba admitiendo “fuero” o inmunidad a las autoridades abusivas para que violaran resoluciones de amparo; esto se traduce en una debilidad de la eficacia del juicio de amparo, en un estado de indefensión de todos los gobernados y por lógica en impunidad.
Ya de por si, por la complejidad y falta de eficacia de los procesos judiciales, para los mexicanos defender sus derechos en cualquier juicio puede convertirse en un verdadero “vía crusis”.
En el caso del predio “El Encino” al que me he referido, por ejemplo, el afectado promovió juicio de amparo en el año 2000 logrando sentencia favorable en el año 2001; desde entonces hasta esta fecha, no se ha dado cumplimiento a la misma, estando en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ordene su ejecución. Han pasado 10 años, con grandes esfuerzos del afectado para sostener y financiar su defensa, con un gran número de instituciones judiciales que en diferentes instancias han atendido hasta ahora el caso; todo ello, sin haber logrado que se administrara justicia.
Volviendo al punto anterior, tenemos entonces que, no obstante que hace más de 5 años la PGR reconoció públicamente y a nivel nacional la existencia de un vacío legal que genera impunidad y afecta por igual a todos los gobernados, desde entonces hasta ahora no se ha legislado inexplicablemente para corregirlo, es decir, para establecer una pena exactamente aplicable a los casos de desacato de resoluciones de amparo y con ello darles eficacia en su cumplimiento.
¿Qué incentivo requerirán nuestros legisladores para corregir este vacío legal que no solo generó en su momento una crisis política que afectó por igual a los tres principales partidos y a nuestra sociedad entera, sino que ha permitido una impunidad permanente que nos afecta a todos?
¿No se dan cuenta nuestros legisladores que tienen una obligación legal, política y moral para corregir mediante una sencilla reforma legislativa el vacío legal reconocido oficial y públicamente hace 5 años?
¿Tendremos que seguir como gobernados padeciendo las violaciones que desde entonces son cada vez más frecuentes de autoridades que sabiendo que no habrá castigo, desatienden las resoluciones de amparos?
¿Es correcto que a pesar de que los ciudadanos cubrimos y de manera bastante generosa (basta ver las dietas de diputados y senadores y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia) con nuestros impuestos el costo de toda la burocracia, tengamos estos pobres resultados en materia de administración de justicia?
¿Es justo que no tengamos un nuevo sistema de impartición de justicia que nos brinde la seguridad jurídica necesaria para la sana convivencia social?
¿Por qué no quieren darse cuenta quienes ejercen una función pública que muchos de los problemas de nuestro país sí tienen solución y hay en ellos responsables en cada tema, dotados de facultades y de presupuesto para resolverlos?
Por ello considero que no se trata solo de un tema de impunidad, sino también de desfachatez. ¿No lo crees?
http://impreso.milenio.com/node/8876223
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