A casi cuatro meses de concluida la administración municipal emanada del PRI que encabezó Oscar Pérez Inguanzo, los tampiqueños no observamos una voluntad clara por parte de las actuales autoridades -estatales y municipales- para que hacer “justicia” respecto de las irregularidades detectadas y reconocidas.
El gobernador del estado ha declarado al respecto, que corresponde al Congreso Local la revisión de las cuentas públicas y es cierto. Sin embargo, sabemos que la Procuraduría de Justicia del Estado que forma parte de la estructura del ejecutivo estatal, tiene competencia para la investigación de los delitos del fuero común como son los de peculado, abuso de confianza, etc., así como la persecución de responsables.
Por su parte en este caso, el Congreso Local ha tenido una actuación a todas luces vergonzosa.
En su momento, la legislatura anterior no fiscalizó debidamente y de manera preventiva el ejercicio de los recursos públicos durante el período 2008-2010 y la Auditoria Superior a cargo entonces de Gerardo Robles Riestra, no realizó un adecuado análisis de dichas cuentas públicas, por lo que con base en sus “dictámenes”, la pasada legislatura las aprobó por mayoría pasando por alto las voces que ya denunciaban los dudosos manejos de los recursos públicos en nuestra ciudad.
La actual legislatura no se ha quedado atrás. Las fracciones del PRI, PANAL y Verde Ecologista que forman una amplia mayoría en el Congreso Local, rechazaron recientemente un punto de acuerdo presentado por el grupo parlamentario de Acción Nacional para que se reabrieran las cuentas públicas de la pasada comuna tampiqueña, argumentando en voz de uno de sus diputados que: “No está bien que nos dejemos llevar por los dimes y diretes de la prensa. No debemos caer en el juego mediático”.
Los legisladores locales dejaron pasar una oportunidad “de oro” para dar muestra de que han escuchado el clamor de justicia de los tampiqueños y, por el contrario, se comportaron como parte del sistema prevaleciente en el estado que parece responder sólo a intereses de grupo.
Apenas hace algunas semanas se conoció la renuncia de Gerardo Robles Riestra como Auditor Superior del Congreso del Estado de Tamaulipas, siendo sustituido por Miguel Salman Álvarez. Dicha renuncia se podría percibir como un mensaje de que el problema de la falta de resultados en este caso, era el Auditor y no la falta de voluntad política y, mucho menos, la complicidad de los distintos poderes y autoridades estatales y municipales.
Ojalá así sea y que a partir de la llegada del nuevo auditor se reabran las cuentas públicas, se realice una verdadera revisión y se presenten las denuncias ante el Ministerio Público que procedan por las irregularidades existentes.
Independientemente de ese buen deseo, debemos reflexionar sobre el hecho de que las cosas no cambian necesariamente con el nombramiento de un nuevo Auditor Superior, en virtud de que aún y cuando se llevara a cabo una revisión seria de las cuentas públicas, en el mejor de los casos lo que se lograría sería llevar el tema a las manos de la Procuraduría de Justicia del gobierno del Estado mediante la presentación de denuncias; es decir, el punto sigue siendo que se requiere de la presentación formal de denuncias sustentadas para que posteriormente puedan aplicarse las penas procedentes.
En el ámbito municipal, hasta donde se sabe, tampoco existe denuncia presentada ante el Ministerio Público por el actual ayuntamiento de Tampico que encabeza Magdalena Peraza Guerra, pese a que la propia edil ha informado ante medios de comunicación que fueron detectadas más de 2 mil irregularidades tan sólo en el proceso de entrega recepción y que cuentan con los elementos de prueba que las sustentan.
Ante la urgente necesidad de recuperar la confianza en las autoridades y en el futuro de nuestra ciudad, los tampiqueños esperamos que ahora sí los Diputados del Congreso Local y el actual Ayuntamiento de Tampico, sin importar las decisiones que han tomado hasta ahora en la esfera de su competencia en este tema (recibir la renuncia al auditor superior y nombrar uno nuevo, hacer declaraciones públicas contradictorias sobre el tema, no reabrir las cuentas ya aprobadas, enviar observaciones sin presentar denuncias) finalmente logren aclarar los malos manejos dados a conocer públicamente a los medios de comunicación e impulsen ante las autoridades competentes un castigo ejemplar para los responsables.
Por lo pronto nos seguiremos preguntando: ¿Harán justicia nuestras autoridades en este caso?
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