De acuerdo a información proporcionada por el juez responsable del caso y reproducida en medios de comunicación, al ex alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo, se le acusa –junto con uno de sus síndicos y su tesorero municipal- por delitos “no graves” que originaron un daño a la hacienda pública de poco más de 7.8 mdp.
Al parecer, los hechos que se les imputan, se refieren a la contratación de un préstamo quirografario con Banregio sin contar con facultades para ello y los delitos que pueden configurarse no son graves, por lo que el ex alcalde, solicitó y obtuvo el beneficio de la libertad bajo caución cuyo monto se fijó en 8.1 mdp; cantidad que hasta el momento de escribir esta colaboración no había cubierto y por lo tanto, continuaba detenido a disposición del juez.
Este domingo, a las 15:40 horas, el juez debe decidir la situación jurídica del ex alcalde de Tampico con el dictado de un auto de libertad o de formal prisión.
En caso de determinarse auto de formal prisión, no significará que el ex alcalde es legalmente culpable, ya que tan sólo implica el inicio de un proceso penal en el cual las partes –ministerio público e inculpados- podrán ofrecer y desahogar pruebas hasta que se dicte sentencia condenatoria o absolutoria. En este escenario, habrá que esperar meses o años para saber si se impondrá alguna pena corporal al ex alcalde y si se reparará el daño a nuestra ciudad, determinado ahora por apenas 7.8 mdp.
Será derecho del ex alcalde, en caso de recibir auto de formal prisión, impugnarlo ante la justicia federal, la que podrá revocarlo si considera que existieron violaciones a garantías individuales; situación que es relativamente frecuente a nivel nacional, como lo hemos visto en casos relevantes donde prevalece la impunidad. Así, puede suceder que se dicte auto de formal prisión y en pocos meses se revoque –quedando en libertad- por “defectos”.
Independientemente de la decisión del juez de la causa en el dictado de auto de libertad o de formal prisión y de la posible impugnación del segundo, en mi opinión será difícil hablar de justicia en el presente caso, dado que desde su origen, la acusación formulada contra el ex alcalde Oscar Pérez Inguanzo, es muy limitada, ya que solamente considera “irregular” la contratación de un préstamo quirografario y determina –como se sabe- un “daño” por tan solo 7.8 mdp.
Es decir, la acusación deja fuera un cúmulo de irregularidades detectadas y documentadas en la administración que encabezó Oscar Pérez Inguanzo, que originaron un enorme daño a nuestra ciudad, algunas de las cuales me permito nuevamente enlistar:
1.- Inconsistencias en pavimentación en 2008, dónde se documentó que el 50% de lo reportado como pavimentado, en realidad no lo estaba y derivó en señalamientos de la ASF de la Cámara de Diputados, en su Reporte de ese ejercicio. También en 2009 se denunció y documentó que de las 63 cuadras reportadas como pavimentadas, 53 no lo estaban y 39 incluso estaban sin iniciar.
2.- Denuncias y cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y ante el Congreso Local –incluyendo la de Juicio Político- presentadas por regidores del PAN sobre innumerables anomalías que los llevaron incluso a argumentar y votar contra propuestas presentadas en sesiones de cabildo; lo que fue difundido en medios de comunicación y consta en las actas respectivas en temas como: Falta de transparencia; Nómina Municipal (80% superior comparada con la existente en 2004); disminución a partir del 2009 en inversión en obra pública municipal, ya que del total del presupuesto solamente se destinó a pavimentación 4% y en contraste, aumentó en más de 200% el gasto en servicios públicos, al pasar de $139 millones en 2007 a 301 millones en 2009; deuda pública que creció en más de 300% en el trienio sin el debido sustento.
3.-Más de 2000 inconsistencias en la reciente entrega-recepción, cuyas observaciones fueron entregadas por la actual administración municipal al Congreso local, que suponemos incluyen la desaparición de maquinaria y equipo, del tablestacado del proyecto del Canal de la Cortadura, la existencia de adeudos sin sustento y de aviadores, que entre otras, fueron informadas por autoridades municipales a medios de comunicación.
Concluyo dejando constancia de lo que muchos tampiqueños esperamos y exigimos en torno a este caso:
JUSTICIA: Que se sancione, no con humillación social, sino con sentencia firme y que incluya a todos los que hicieron posible los malos manejos de la anterior administración municipal, ya que ahora resulta que regidores que votaron a favor en decisiones irregulares, los diputados que no fiscalizaron y aprobaron cuentas, y, colaboradores cercanos, se dicen “sorprendidos” o “engañados” pese a las denuncias públicas y formales de algunos regidores y de la suscrita realizadas desde los primeros meses de 2008.
REPARACIÓN DEL DAÑO: Los tampiqueños esperamos que el daño patrimonial causado por la pasada administración y que no es en nada cercano a los 7.8 mdp que se manejan actualmente, se restituya.
VIGILANCIA PARA QUE NO SE REPITAN MALOS MANEJOS: Que los diputados de la actual legislatura no aprueben cuentas al vapor y que, especialmente los de Tampico, fiscalicen el ejercicio de los recursos públicos como es su obligación legal. Que los regidores y síndicos municipales, vigilen el cumplimiento de los presupuestos y garanticen legalidad, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
¿Será mucho pedir que se cumpla con la ley?
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