Contrario a lo que nos quieren hacer creer algunos gobernadores, alcaldes y líderes políticos, es un hecho que, a partir del 1° de enero de 2012, se eliminará –mediante abrogación de la ley de la materia- en todo el país, el pago del impuesto por tenencia vehicular que se creó en 1962 para financiar la realización de los juegos olímpicos de 1968; ley que sufrió durante sus casi 50 años de vigencia, diversas modificaciones, entre otras razones, para sortear el haber sido declarada inconstitucional varias veces.
Cabe mencionar que algunos estados como Querétaro, suspendieron anticipadamente su cobro; dicho estado, dejó de percibir ingresos por pago de tenencia, en un monto cercano a 400 mdp anuales, que fueron compensados, de acuerdo a lo informado públicamente por su gobernador, reduciendo salarios a los funcionarios de primer nivel y fusionando dependencias para generar ahorros en el gasto corriente.
La eliminación del pago de tenencia vehicular a nivel nacional, operará por ley y no dependerá, repito, de la voluntad de gobernadores o alcaldes; así lo disponen los artículos 3° y 4° transitorios del DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, que me permito transcribir:
“ARTÍCULO TERCERO.- Se ABROGA la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.- ARTÍCULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2012. “
Ahora bien, aclarado el punto, la pregunta es: ¿Por qué si es un hecho que la tenencia vehicular desaparece por ley el 1° de enero de 2012, hay tanta desinformación alrededor de este tema? ¿Por qué escuchamos planteamientos de gobernadores diciendo que se encuentran analizando si eliminarán o no ese impuesto?
Por una parte, creo que esos gobernadores no quieren asumir el costo político que implicará decir a los ciudadanos de sus estados que impondrán nuevos impuestos, ya sea por tenencia de vehículos (local) u otros, para compensar los recursos que dejarán de percibir por la eliminación del impuesto de tenencia federal.
Otra razón, es que esos gobernadores o sus antecesores, no realizaron una planeación fiscal, así como la tarea de optimizar sus finanzas a partir del año 2007 en que se publicó el decreto que establecía la eliminación del pago por tenencia vehicular y, por lo tanto, oficialmente sabían que dejarían de recibir participación por ese impuesto en el año 2012.
Tenemos entonces, estados que lograron organizar finanzas para enfrentar exitosamente la eliminación de la tenencia a partir de 2012 –o incluso les permitió suspenderla anticipadamente- y otros, para los cuales, cuatro años no fueron suficientes para ello.
En el caso concreto de nuestro estado de Tamaulipas, la administración estatal pasada, pese a haber recibido participaciones históricas por parte de la federación durante los últimos cuatro años de su gestión, al parecer no realizó la tarea de sanear finanzas y prepararlas fiscalmente para la eliminación de la tenencia, que implicará la disminución para el próximo año de entre 500 y 600 mdp de sus ingresos que, este año 2011 fueron superiores a los 33,163 mdp; disminución que beneficiaría a familias y empresas tamaulipecas y que representa menos del 2% de los ingresos anuales del estado.
Habrá que esperar que cada uno de los gobernadores, incluyendo el de Tamaulipas, para el caso de que decidan que enfrentarán la inminente reducción de sus ingresos por la eliminación de la tenencia en 2012, impulsando la creación de nuevos impuestos en lugar de reducir gastos, recuerden que están obligados no sólo a bien informar a la opinión pública, sino a explicar y dar cuenta de las razones de su decisión: del por qué no están en posibilidades reales –demostrables con números- de permitir el beneficio del que gozan los queretanos o que gozarán los morelenses, por citar dos ejemplos.
Esta será una buena oportunidad de que los gobernadores y demás servidores públicos, tiendan con los ciudadanos el mejor de los puentes para acercarlos y acercarse, que es en democracia lo que llamamos rendición de cuentas; pero también es momento de que, como ciudadanos, sepamos reconocer que ese puente llamado rendición de cuentas es de dos vías: los servidores públicos están obligados a trasparentar sus decisiones y explicar los motivos y fundamentos para tomarlas, pero, de igual forma, los ciudadanos estamos obligados a involucrarnos en los temas públicos para exigir que se tomen las decisiones correctas.
Es tiempo y apremia que cada quien haga su parte, ¿no lo crees?
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