En la primera parte de esta colaboración abordé la ausencia de normas jurídicas para regular las promesas de campaña como uno de los temas que más indignan a los ciudadanos por su impune y frecuente incumplimiento y como una de las principales causas de insatisfacción de la democracia que expresan los mexicanos al percibirla como ineficaz.
Por las razones allí expuestas, concluí proponiendo que se legisle para obligar a los candidatos a registrar sus propuestas ante el IFE o institutos locales con la finalidad de que los ciudadanos puedan exigir su cumplimiento a quienes resulten electos, y, para que, en caso de incumplimiento, puedan ser sancionados.
Recibí numerosos comentarios por correo y a través de las redes sociales sobre este artículo y en especial sobre la propuesta expuesta, los cuales agradezco nuevamente y me permiten puntualizar el tema en esta segunda parte en dos aspectos: legitimidad de la exigencia ciudadana para el cumplimiento de promesas de campaña y países que a la fecha cuenten con legislaciones en esta materia.
¿Por qué los ciudadanos deben esperar y exigir que las promesas de campaña se traduzcan en resultados favorables de la gestión de los gobernantes que eligen mediante su voto?
Por la sencilla razón de que nuestra constitución federal -en sus artículos 39, 40 y 41- condiciona la representación democrática del poder público de los tres poderes y en todos los niveles, a la realización de acciones para beneficio de quien les otorgó ese mandato mediante su voto: el pueblo mexicano.
Para arribar a esta afirmación, basta leer el citado artículo 39, que establece que: “….Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…..”.
Constitucionalmente existe una relación directa entre el voto emitido por los ciudadanos y los beneficios que deben recibir de los gobernantes electos en acciones de bien común; es decir, el voto sirve para generar gobiernos que atiendan con eficacia las necesidades de la población. Esta afirmación implica la esencia misma de nuestra democracia representativa.
En los hechos, indebidamente, el voto se desvincula de los resultados que los ciudadanos legítimamente esperan de sus gobernantes; con frecuencia los gobernantes electos no cumplen sus promesas de campaña, ejercen de manera caprichosa presupuestos millonarios sin atender las necesidades prioritarias de la población que los eligió y no rinden cuentas de su gestión.
Esta separación de voto y resultados, es la causa de buena parte del enorme abstencionismo que persiste en nuestro sistema electoral pese a los millonarios recursos públicos asignados al IFE y a los partidos políticos para promover el voto, y, desde luego, es el origen de los movimientos del “voto nulo” o “voto blanco”.
Ante esta realidad, los partidos políticos y candidatos, han acudido al “voto mercenario” como el que abiertamente promueve el actual candidato del PRI al gobierno del Estado de México ofreciendo autos y otros “premios” a los operadores políticos que “consigan más votos”, o bien, al “voto como un deber ciudadano” que se sustenta en argumentos de que, aunque nuestro sistema político sea ineficaz y corrupto, debemos votar porque es una obligación.
Cualquier forma de presión para ejercer el voto, incluso el argumento del voto como deber ciudadano, si están desvinculados de la garantía de gobiernos que resuelvan las necesidades de la población, que es la esencia de la democracia- es perversa, ya que rebajaría a los ciudadanos a simples títeres de un sistema formal electoral cuya única finalidad sería elegir de entre las opciones que los partidos políticos decidan a nuestros gobernantes, sin la posibilidad de exigirles resultados.
¿Existen países que cuenten con legislaciones que garanticen el cumplimiento por parte de los gobernantes, de las promesas hechas como candidatos durante su campaña?
En Colombia cuentan desde 1994 con el llamado “voto programático” que no es otra cosa que la obligación de un candidato a registrar durante la campaña sus propuestas con plazos a cumplir, para que en caso de resultar electo, éstas puedan ser exigidas por los ciudadanos y en caso de incumplimiento pueda sancionarse, inclusive, con la revocación del mandato.
Algo parecido, llamado “Plan de Metas”, existe en el estado de Sao Paulo, Brasil y está impulsándose en Argentina y Chile.
¿Y en México?
El voto del ciudadano no debe ser un acto de fe; el estado debe garantizar su eficacia como el instrumento idóneo para mejorar nuestras condiciones de vida. Por ello, los mexicanos ya no queremos Votar por Promesas; queremos Votar por Metas y Programas.
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