Hace apenas algunos días, supimos sobre sendas detenciones del polémico político y empresario Jorge Hank Rhon y del ex gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, sobre quienes pesan diversos señalamientos de impunidad y corrupción.
¿Cuál fue la reacción común de las detenciones de estos personajes de la política mexicana?
Creo que es el hecho de que estas noticias están enmarcadas en la percepción ciudadana de falta de credibilidad de las acciones de políticos y de gobiernos. Muchos ciudadanos no creen que estas detenciones respondan a un ánimo de hacer prevalecer la aplicación de la ley o a la voluntad de combatir la corrupción creciente en México.
¿Cómo reprochar a la gente esa percepción, si los mexicanos somos testigos a lo largo y ancho del país de historias cotidianas de impunidad y corrupción en las que no solamente “no pasa nada”, sino que muchas de las veces quienes se atreven a denunciar son los que terminan castigados en diversas formas?
Tenemos ejemplos de ello en cada rincón de nuestro país y especialmente en los niveles estatal y municipal, en virtud de que en estas esferas existen mayores rezagos legislativos y debido a que un buen número de gobernadores ejercen un control mayoritario sobre sus congresos locales; así como muchos presidentes municipales lo ejercen sobre los síndicos y regidores que integran sus cabildos, a diferencia del ámbito federal en el que existen hasta cierto punto, contrapesos en el ejecutivo y legislativo, al no contar aquél con mayoría en el Congreso.
Así, en Tamaulipas, tenemos evidencias de un enorme endeudamiento estatal durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores; en Tampico, de saqueo a las arcas municipales por el ex alcalde Oscar Pérez Inguanzo, quién gozó durante su gestión de una impunidad ofrecida por su partido, algunos medios de comunicación, muchos líderes camarales y sociales, por una mayoría de integrantes de la pasada legislatura, autoridades federales y probablemente la seguirá gozando de las actuales legislatura y administración municipal de Tampico, que sobre este tema, siguen “echándose la bolita”.
¿Por qué las instituciones encargadas de la fiscalización a nivel estatal y municipal -diputados y regidores- no evitan el saqueo de los presupuestos y el excesivo endeudamiento público desarrollando en forma oportuna y eficaz la función encomendada por el pueblo, por la que devengan enormes remuneraciones y prestaciones?
¿Por qué no se atienden con diligencia y eficacia las denuncias públicas o formales -durante la gestión de estos gobernantes- ante diversas instancias competentes para que no existan nichos de impunidad?
¿Por qué se aplica eso de que “viva el Rey y muera el Rey” para aplaudir y cobijar al gobernante en turno y golpear mediática o legalmente al que ya se fue y no se privilegia de manera permanente la vigencia del estado de derecho?
Cada vez es más claro el divorcio entre sociedad y clase gobernante; incluso agregaría que va en aumento un sentimiento de rencor de los ciudadanos ante los evidentes actos de cinismo político.
Nuestra democracia parece quebrada en dos partes: por un lado la parte electoral y, por otro, el ejercicio gubernamental o legislativo; ambas deberían operar de manera virtuosa para que la representación popular que se les otorga por medio del voto, asegure a los gobernados mejores condiciones de vida, lo que hoy no sucede.
Cada día que pasa, los mexicanos nos sentimos menos escuchados por nuestros “representantes” y observamos el avance de la corrupción, la impunidad y la permanente lucha “del poder por el poder” que encarnan grupos de todos los colores, para ejercerlo frecuentemente, sin atender las necesidades evidentes y urgentes de cada comunidad.
El saqueo y la impunidad en México no se frenará solamente a base de algunas detenciones de personajes cuestionados por acciones ilícitas o de mala fama pública –que sobra decir, deben estar legalmente justificadas para que no suceda lo que en el llamado “michoacanazo”- sino sobre todo, cuando las instituciones encargadas de la fiscalización, la procuración de justicia y aplicación de la ley se fortalezcan mediante las reformas, programas y presupuestos que permitan su eficacia con base en un trabajo preventivo y permanente sobre todos los entes que ejerzan recursos públicos, y sobre todo, en una verdadera rendición de cuentas.
A los ciudadanos nos toca promoverlo y exigirlo; sólo entonces vendrá la reconciliación con la clase política y podrá revertirse la desconfianza que flota sobre el cielo mexicano.
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