La cámara de diputados recientemente aprobó en tiempo y forma, el presupuesto federal para el próximo año en un monto de 3 billones 706 mil 922 millones de pesos, que resultó casi 60,000 mdp mayor que el propuesto en el proyecto enviado por el Presidente Felipe Calderón.
Destacan dentro del mismo, el incremento a las partidas para las dependencias e instituciones públicas encargadas de organizar la elección federal del año entrante, así como aquellas que ejercen la política en nuestro país.
El gasto programable creció en un 5.7% por encima de la inflación, en un marco de desaceleración económica mundial. Ello significa que aumentó el monto para el conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades del gobierno federal entre los cuales se considera a los Poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, los órganos autónomos, la administración pública centralizada y las entidades de la administración pública paraestatal sujetas a control presupuestario directo, consignadas en programas específicos para su mejor control y evaluación. Dicho gasto incluye también el que se ha descentralizado a los estados y municipios para el cumplimiento de programas prioritarios en materia de educación, salud e infraestructura a través del denominado “Ramo 33” Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios.
En el incremento citado, destaca el de la Secretaría de Gobernación cuyo presupuesto asignado pasa de 16,960 mdp en 2011 a 23,637 mdp para 2012, lo que significa un incremento de casi un 40%. A esta secretaría se le ha cuadruplicado prácticamente su presupuesto en el periodo comprendido de 2007 (6,170 mdp) a 2012.
El presupuesto del Poder Legislativo pasó de 10,568 mdp que ejercieron en el presente año a 10,987 mdp para 2012; el del Poder Judicial pasó de 39,367 mdp en 2011 a 42,833 mdp para 2012.
El aumento presupuestal al IFE es evidente, especialmente considerando que el próximo año se verificará el proceso electoral federal al pasar de 10,866 mdp en 2011 a 14,954 para 2012.
Es importante hacer notar que muchos de los programas que serán cubiertos con el presupuesto 2012, como aquellos destinados al campo, estarán fuera del control de los órganos de fiscalización. Los diputados –especialmente la mayoría integrada por la bancada del PRI y aliados- lograron la eliminación de candados que permitirían suspender el reparto de fondos por incumplimiento a los adeudos de las entidades federativas; esta eliminación, permitirá el despilfarro y endeudamiento en las entidades federativas como sucedió en Coahuila.
Llama la atención que ahora sí nuestros diputados lograron acuerdos y aprobaron en tiempo el presupuesto federal 2012, del cual, ellos mismos ejercerán cerca de 5.9 mdp, lo que implica que cada uno de ellos nos costará el próximo año a los contribuyentes, cerca de 12 mdp, pese a su pésimo desempeño en temas fundamentales de nuestra vida institucional y política.
Contrario a lo que sucedió con la aprobación del presupuesto 2012, nuestros diputados han sido incapaces de lograr acuerdos para nombrar a los Consejeros Electorales del IFE; para aprobar la nueva ley de Amparo y hacer efectivas las reformas constitucionales recientemente aprobadas en esa materia; para lograr las tan comentadas y analizadas reformas estructurales –laboral, fiscal, energética, entre otras- que se requieren urgentemente en nuestro país para enfrentar problemas y retos plenamente identificados, como el de la desaceleración mundial, el déficit fiscal y la excesiva dependencia presupuestal a los ingresos petroleros.
En este último tema, al analizar la forma en que pagaremos el presupuesto 2012 en la parte que corresponde al gasto del gobierno federal (2.7 billones de pesos), solamente cerca de 1.4 billones serán cubiertos con recursos obtenidos de la recaudación de impuestos, lo que significa un 53% del total; el resto, se cubrirá con los derechos sobre hidrocarburos, llamada también “renta petrolera” (27.9%) y endeudamiento (16%) y lo restante con otros derechos y aprovechamientos.
Esta situación de mayor gasto, poca recaudación y endeudamiento, será insostenible para futuras generaciones.
Por ello muchos nos preguntamos: ¿hasta cuándo tendremos que tolerar que nuestros diputados representen sus propios intereses, los de grupos, los de los gobernadores o los partidistas y dejen de lado la atención de las necesidades reales y sobre todo atendibles de nuestro país?
La respuesta la tendremos que dar como sociedad y ojalá sea pronto; ¿no lo crees?
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