El pasado viernes la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, rindió su primer informe de gobierno ante miembros de su cabildo y autoridades civiles y militares; evento en el que, más allá de la ausencia de muchos invitados que dejaron buena parte del auditorio del Centro de Convenciones de nuestra ciudad con sillas vacías, lo destacable y preocupante es, desde mi personal punto de vista, que su mensaje de “rendición de cuentas” se enmarca en un ambiente previo de falta de transparencia.
Desde hace un par de meses, algunos regidores de la comuna porteña han hecho públicas denuncias de la falta de transparencia que prevalece en la administración municipal, especialmente por el hecho de que, pese a formar parte del máximo órgano municipal, dicen, no se les permite tener acceso a información en áreas tan importantes como la Dirección de Obras Públicas; incluso uno de ellos, le ha reprochado a la alcaldesa su incumplimiento en la conformación del “Consejo Ciudadano” que prometió en campaña como la forma de acercar a los ciudadanos a su gobierno para garantizar buenos manejos.
Personalmente he constatado dicha opacidad ya que he solicitado información al Ayuntamiento de Tampico, por escrito y de manera respetuosa, sobre nómina municipal (ante la posible existencia de aviadores), deuda pública y sobre el proyecto de Reubicación del Aeropuerto de Tampico; información que me ha sido negada sistemáticamente, al grado de tener que recurrir tanto a los tribunales federales en defensa de mi derecho de petición a través del juicio de amparo, como al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas en defensa de mi derecho de acceso a la información pública a través del recurso de Revisión.
Cabe mencionar que ha sido desagradable escuchar a funcionarios municipales de Tampico, que ante el ejercicio de estos derechos de que gozamos todos los ciudadanos, cuestionan o descalifican a la persona solicitante o sus motivos, olvidando que la transparencia no es opcional para ellos como funcionarios públicos, sino obligatoria de acuerdo con la Constitución federal y legislaciones locales.
En el tema de la deuda pública heredada que abordé hace dos semanas en este mismo espacio, la alcaldesa se comprometió en sesión de cabildo a proporcionar el listado de los proveedores a los que nuestro Municipio ha pagado adeudos generados por la anterior administración; pagos que afirma, ascienden a 100 mdp; hasta ahora no ha cumplido.
Casi al cierre de su primer informe de gobierno, sobre la deuda pública heredada, la alcaldesa insistió en que destinó 100 mdp del presupuesto del presente año para su pago y afirmó que su administración “no ha endeudado con un solo peso a Tampico”.
Si la deuda heredada fue de 143 mdp como lo reportó la alcaldesa en enero del presente año al Congreso local y, de ser cierto que ha pagado 100 mdp sin contraer deuda propia, ¿por qué la deuda pública que reportó el Ayuntamiento de Tampico en octubre pasado asciende a 108 mdp? ¿No debería ser de 43 mdp como resulta de una simple resta?
Incluso si hubiera sido de 180 mdp la deuda heredada, al restarle los 100 mdp que dice haber cubierto de ésta, el resultado tampoco coincide, ya que sería de 80 mdp.
Sus números no cuadran y, pese a ello y a que existen documentos oficiales que avalan dichas inconsistencias, la alcaldesa insiste en que en su administración se están haciendo las cosas bien y que los ciudadanos debemos creerle sin preguntar.
El colmo, fue escuchar al final de su informe que contratará en febrero del próximo año a un despacho externo –que por cierto nos costará a los tampiqueños entre 500 mil y 1 millón de pesos de acuerdo a lo informado a medios- para que realice una auditoría que avale los buenos manejos financieros de su administración.
Alguien debería decirle a la alcaldesa que para demostrar que las cosas se están haciendo bien, basta cumplir la ley, abrir su gobierno, entregar la información que los ciudadanos soliciten y aclarar con diálogo, tolerancia y sobre todo con documentos, cualquier cuestionamiento.
También debería recordar, que actualmente gastamos casi un millón de pesos mensualmente en las percepciones de síndicos y regidores quienes tienen entre sus funciones, velar por el buen manejo financiero de la administración y fiscalizarla. ¿No deberían ellos contar con toda la información para realizar esas funciones y para garantizar a su vez, su acceso a todo ciudadano? Si no lo hacen, o no los dejan hacerlo, entonces, ¿para qué los queremos los ciudadanos? ¿No fue ésta una historia similar a lo vivido en la pasada administración?
La transparencia no deber ser nunca un acto de fe, tiene que demostrarse con acciones concretas y sobre todo, con documentos. Así de sencillo, ¿no lo crees?
http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9081254
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