La política en la actualidad es una actividad demeritada ante los ojos de los ciudadanos, quienes no encuentran en muchos de sus actores la característica que el sentido común indica para quien dice servirlos: resolver los problemas de la comunidad y dar resultados.
Sin pretender poner el dedo en la llaga, sino tratando de orientar la energía ciudadana que hoy levanta su voz en este tema, quiero compartir tres posiciones contenidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que me parecen centrales para ubicar la definición del Estado mexicano en relación con el servicio público.
La primera de ellas y creo la más importante, deriva del contenido de su artículo 39, que establece que: “….Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…..”
La segunda está consagrada en su artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos…..”
La tercera se establece en su artículo 41: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores…….”
Los ciudadanos tienen razón cuando esperan resultados de la actividad política especialmente de los servidores públicos, ya que nuestra constitución, como se desprende de los dispositivos citados, condiciona la representación del poder público de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial tanto federales como locales, a la realización de acciones para beneficio de quien les otorgó ese mandato: el pueblo mexicano.
Es decir, todo funcionario en ejercicio del poder público, debe además de apegarse en su actuación a las leyes de la materia, beneficiar con resultados concretos a quienes sirve.
Contrariamente a esto, tenemos Ministerios Públicos que no investigan, Policías que en muchos de los casos no nos brindan seguridad, Contralorías que no practican verdaderas revisiones, Maestros que no están capacitados para la enseñanza, Jueces que no administran justicia, legisladores que no generan las leyes que requerimos o no adecúan aquellas declaradas anticonstitucionales, etc., etc..
Lo más grave es quizás que ya nos hemos “acostumbrado” a que así sean las cosas.
Por ello, me parece de suma importancia que avancemos como país hacia un sistema efectivo de evaluación de las instituciones, de costo-beneficio y de una verdadera rendición de cuentas que permita objetivamente, medir los beneficios que recibimos de ellas.
Esto permitiría establecer metas para mejorar a mediano y largo plazo en temas fundamentales como lo son, por citar algunos, la educación y la justicia, ya que es de todos sabido que mantenemos con nuestros impuestos, a muy alto costo y de manera bizarra, una educación básica de baja calidad y una impunidad del 98%, y que, sorprendentemente hay pocos funcionarios públicos urgidos a remontar estos lastres sociales que a todas luces detienen el desarrollo de nuestro país.
Insisto, hoy requerimos en México impulsar un sistema legal de evaluación y rendición de cuentas de las instituciones, que brinde a nuestro sistema político una herramienta objetiva para el cumplimiento de sus fines fundamentales y para la toma responsable de decisiones. Y tú, ¿qué opinas?
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