Cada día es más frecuente leer análisis, opiniones, críticas y propuestas sobre la profundidad, logros, deficiencias, herramientas y retos de la democracia mexicana y sobre la necesidad de la participación ciudadana para mejorar nuestro entorno.
Esto ha permitido que los ciudadanos poco a poco estén haciendo suyo este tema fundamental de la vida pública de nuestro país y empiece, cotidianamente, a hablarse sobre democracia en los hogares, mesas de café, redes sociales, centros de trabajo, por citar algunos.
Sobre el tema, me pareció muy interesante el artículo de Luis Rubio –titulado “Pacto y democracia”- que fue publicado esta semana en el portal del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) que reflexiona sobre la transición mexicana del régimen que califica como “semi autoritario” prevaleciente durante más de 70 años, hacia un proceso con “formas democráticas” pero sin el contenido de una democracia.
En su análisis, Luis Rubio afirma atinadamente, que las elecciones aunque permiten ahora que las diversas fuerzas políticas estén representadas en los órganos legislativos, ello no necesariamente implica que la población se sienta representada ni que tengamos un sistema funcional de gobierno, afirmando que de la tensión entre estos dos factores –representatividad y efectividad- yace el corazón de la democracia.
En esa misma línea y sobre la urgente necesidad de pasar de una democracia formal a una de fondo, de resultados, la que escribe en este espacio, he publicado diversos análisis. Sin embargo, el que comento en esta oportunidad, ofrece un enfoque que permite mayor comprensión sobre la relación directa entre la existencia de un régimen de legalidad o “reglas claras y que se cumplan” y el comportamiento del ciudadano.
Luis Rubio nos dice en su artículo que: “la diferencia entre un sistema democrático y participativo y un sistema centralizado y autoritario es evidente. Pero la diferencia crucial, lo que me atrajo al argumento de este diplomático, reside en la forma contrastante en que se comporta el ciudadano. En un entorno democrático, el ciudadano asume su responsabilidad como factor central de funcionamiento del conjunto social, en tanto que en un sistema autoritario o, simplemente, no democrático, el ciudadano no asume responsabilidad alguna. Los ciudadanos responden a las reglas del juego. Cuando las reglas premian la legalidad y penalizan cualquier comportamiento que la viole, la ciudadanía se adapta y las adopta como suyas”.
Me parece que este punto de vista abona, por una parte, al tema de la necesidad de impulsar las reformas estructurales en materia de justicia, empoderamiento del ciudadano, educación, seguridad nacional, fiscal, transparencia y rendición de cuentas, entre otras, que mejoren el funcionamiento y eficacia de nuestras instituciones, y, por otra parte, al tema del ejercicio de una verdadera ciudadanía.
Sobre este último aspecto, la construcción de ciudadanía, parecería obvio decir que resulta vital en cualquier democracia; pero, aunque parezca increíble, los mexicanos no nos hemos dado cuenta que pese a contar con algunas herramientas e instituciones derivadas de nuestra transición hacia la democracia como el IFAI y el IFE, muchos ciudadanos mexicanos siguen comportándose como si continuaran viviendo bajo un régimen autoritario.
En lo personal, estoy convencida de que el avance hacia una cultura de legalidad, un verdadero estado de derecho, la modernización legislativa de nuestro sistema para adaptarlo a las necesidades que demanda una democracia efectiva, pasa sin duda, por la exigencia ciudadana de estas transformaciones; exigencia que surgirá cuando nuestro comportamiento ciudadano pase de la apatía que se formó durante el sometimiento a un sistema autoritario, a una ciudadanía responsable que sabe que las libertades individuales de que goza deben servir para lograr esos cambios.
Para tener una verdadera democracia en México, requerimos de mexicanos demócratas.
Bien decía Don Manuel Clouthier “Maquío”: “La democracia es como el amor, hay que hacerlo todos los días”.
domingo, 26 de junio de 2011
"Llegas a mí" (poema)
Llegas a mí, inmenso y poderoso,
con luz de luna te acercas delirante;
sentirte cerca, veneno embriagante
que reclama mi cuerpo tembloroso.
¡Piedad, piedad!, grita mi alma,
ocultando celosa un corazón rendido
por la espera de tu beso prometido,
que nace sin rubor de madrugada.
Del laberinto de tu amor soy prisionera;
esclava de tu voz, tus ojos y tus manos
busco sedienta el fuego de tus labios
para saciarme en tu boca lisonjera.
Llegas a mí; ¡bendito seas!...
con luz de luna te acercas delirante;
sentirte cerca, veneno embriagante
que reclama mi cuerpo tembloroso.
¡Piedad, piedad!, grita mi alma,
ocultando celosa un corazón rendido
por la espera de tu beso prometido,
que nace sin rubor de madrugada.
Del laberinto de tu amor soy prisionera;
esclava de tu voz, tus ojos y tus manos
busco sedienta el fuego de tus labios
para saciarme en tu boca lisonjera.
Llegas a mí; ¡bendito seas!...
domingo, 19 de junio de 2011
¿Rendición de Cuentas en los partidos políticos?
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN ha publicado en su página oficial -http://www.pan.org.mx/portal/detalle/comunicado_de_prensa/17964 - comunicado de prensa en el cual informa, entre otras cosas, la existencia de procedimiento ante la Comisión de Vigilancia por irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos asignados al Comité Directivo Estatal del PAN en Tamaulipas.
Resulta pertinente recordar que los partidos políticos, siendo entidades que deben desarrollar actividades de interés público, reciben anualmente cerca de 3,200 mdp tan sólo como financiamiento federal al que debemos sumar los financiamientos estatales, que en el caso de Tamaulipas, este año ascendió a más de 47 mdp.
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos partidistas, existe toda una reglamentación así como órganos internos de control -Contralorías y Comisiones de Vigilancia- en cada uno de los institutos políticos, además de la operación de un área de Fiscalización en el IFE y en cada uno de los Institutos Electorales Locales que tienen instrumentado una serie de sistemas de monitoreo, revisiones y cruce de información para tal fin.
Siendo este caso del conocimiento personal de la que aquí escribe, me permitiré aportar alguna información con el ánimo de hacer una reflexión colectiva sobre un tema fundamental en nuestra vida democrática: la Rendición de Cuentas.
Primero diré, que el caso de la revisión y procedimiento que ordenó la Comisión de Vigilancia del PAN, inició con la denuncia que presenté ante ese órgano y ante el Comité Ejecutivo Nacional en septiembre de 2009 por diversas irregularidades de las que tuve conocimiento cuando fungí como Presidenta del PAN en Tampico, entre ellas, la existencia de facturas apócrifas en la contabilidad del PAN estatal.
También acudí en diversas ocasiones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para insistir judicialmente en la atención de mi denuncia; en última instancia ante la Sala Regional de Monterrey, Nuevo León, disponible en
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nSentencias/nMonterrey/nSENSM2011/jdc/sm-jdc-0021-2011.htm?f=templates&fn=default.htm
y que increíblemente resolvió en votación dividida que “la actora no cuenta con interés jurídico necesario para impugnar, en la vía jurisdiccional, los actos intrapartidistas de que se duele, en tanto que no afectan su esfera jurídica de manera directa y particular”; es decir, que no puedo denunciar porque no se afectaron mis bienes o recursos.
El magistrado Enrique Becerra RojasVértiz votó en contra de este criterio sosteniendo atinadamente que “en los procedimientos penales o administrativos sancionadores, generalmente cualquier persona cuenta con el derecho a presentar una acusación, sin que se le exija que las irregularidades denunciadas le hayan afectado directamente en su esfera jurídica particular, pues se entiende que este tipo de procedimientos no tutela intereses particulares, sino colectivos”; refiriéndose a la fiscalización de los recursos públicos, que es de interés general.
Habrá que dar seguimiento a este asunto, pero por lo pronto, me queda claro que no fueron suficientes los sistemas de control internos del partido, no funcionaron los controles del IFE y del IEETAM y que en el poder Judicial Federal, existen criterios absurdos contrarios al sentido común y a los principios democráticos expresados por nuestra Constitución General que favorecen la impunidad.
Y, si las instituciones encargadas de la fiscalización no detectaron por sí mismas lo que la suscrita denunció, me pregunto: ¿Cómo andarán las cuentas del resto de los partidos políticos y en todos los estados de la República? ¿Cuántos militantes de todos los partidos se quedan callados o incluso forman parte en el desvío de sus recursos? ¿Cuántos denunciantes se desaniman cuando les dictan resoluciones absurdas y contrarias?
Por ello, quiero compartir con todos los ciudadanos lo importante que resulta, no sólo negarse a participar en actos de corrupción, sino denunciar aquellos que conozcamos ante todas las instancias competentes.
De no haber sido así en este caso, es muy probable que no se hubieran iniciado las auditorías que hoy permiten al PAN cumplir con su responsabilidad en la rendición de cuentas, y al IFE, revisar sus sistemas de control que no detectaron, por sí mismos, las graves irregularidades denunciadas.
Actuando con honestidad y responsabilidad, los ciudadanos podemos hacer que las instituciones funcionen para mejorar la Rendición de Cuentas; y, para muestra, basta un botón……..
Resulta pertinente recordar que los partidos políticos, siendo entidades que deben desarrollar actividades de interés público, reciben anualmente cerca de 3,200 mdp tan sólo como financiamiento federal al que debemos sumar los financiamientos estatales, que en el caso de Tamaulipas, este año ascendió a más de 47 mdp.
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos partidistas, existe toda una reglamentación así como órganos internos de control -Contralorías y Comisiones de Vigilancia- en cada uno de los institutos políticos, además de la operación de un área de Fiscalización en el IFE y en cada uno de los Institutos Electorales Locales que tienen instrumentado una serie de sistemas de monitoreo, revisiones y cruce de información para tal fin.
Siendo este caso del conocimiento personal de la que aquí escribe, me permitiré aportar alguna información con el ánimo de hacer una reflexión colectiva sobre un tema fundamental en nuestra vida democrática: la Rendición de Cuentas.
Primero diré, que el caso de la revisión y procedimiento que ordenó la Comisión de Vigilancia del PAN, inició con la denuncia que presenté ante ese órgano y ante el Comité Ejecutivo Nacional en septiembre de 2009 por diversas irregularidades de las que tuve conocimiento cuando fungí como Presidenta del PAN en Tampico, entre ellas, la existencia de facturas apócrifas en la contabilidad del PAN estatal.
También acudí en diversas ocasiones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para insistir judicialmente en la atención de mi denuncia; en última instancia ante la Sala Regional de Monterrey, Nuevo León, disponible en
http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nSentencias/nMonterrey/nSENSM2011/jdc/sm-jdc-0021-2011.htm?f=templates&fn=default.htm
y que increíblemente resolvió en votación dividida que “la actora no cuenta con interés jurídico necesario para impugnar, en la vía jurisdiccional, los actos intrapartidistas de que se duele, en tanto que no afectan su esfera jurídica de manera directa y particular”; es decir, que no puedo denunciar porque no se afectaron mis bienes o recursos.
El magistrado Enrique Becerra RojasVértiz votó en contra de este criterio sosteniendo atinadamente que “en los procedimientos penales o administrativos sancionadores, generalmente cualquier persona cuenta con el derecho a presentar una acusación, sin que se le exija que las irregularidades denunciadas le hayan afectado directamente en su esfera jurídica particular, pues se entiende que este tipo de procedimientos no tutela intereses particulares, sino colectivos”; refiriéndose a la fiscalización de los recursos públicos, que es de interés general.
Habrá que dar seguimiento a este asunto, pero por lo pronto, me queda claro que no fueron suficientes los sistemas de control internos del partido, no funcionaron los controles del IFE y del IEETAM y que en el poder Judicial Federal, existen criterios absurdos contrarios al sentido común y a los principios democráticos expresados por nuestra Constitución General que favorecen la impunidad.
Y, si las instituciones encargadas de la fiscalización no detectaron por sí mismas lo que la suscrita denunció, me pregunto: ¿Cómo andarán las cuentas del resto de los partidos políticos y en todos los estados de la República? ¿Cuántos militantes de todos los partidos se quedan callados o incluso forman parte en el desvío de sus recursos? ¿Cuántos denunciantes se desaniman cuando les dictan resoluciones absurdas y contrarias?
Por ello, quiero compartir con todos los ciudadanos lo importante que resulta, no sólo negarse a participar en actos de corrupción, sino denunciar aquellos que conozcamos ante todas las instancias competentes.
De no haber sido así en este caso, es muy probable que no se hubieran iniciado las auditorías que hoy permiten al PAN cumplir con su responsabilidad en la rendición de cuentas, y al IFE, revisar sus sistemas de control que no detectaron, por sí mismos, las graves irregularidades denunciadas.
Actuando con honestidad y responsabilidad, los ciudadanos podemos hacer que las instituciones funcionen para mejorar la Rendición de Cuentas; y, para muestra, basta un botón……..
Sigue el Saqueo y la Impunidad en México. ¿Hasta cuándo?
Hace apenas algunos días, supimos sobre sendas detenciones del polémico político y empresario Jorge Hank Rhon y del ex gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, sobre quienes pesan diversos señalamientos de impunidad y corrupción.
¿Cuál fue la reacción común de las detenciones de estos personajes de la política mexicana?
Creo que es el hecho de que estas noticias están enmarcadas en la percepción ciudadana de falta de credibilidad de las acciones de políticos y de gobiernos. Muchos ciudadanos no creen que estas detenciones respondan a un ánimo de hacer prevalecer la aplicación de la ley o a la voluntad de combatir la corrupción creciente en México.
¿Cómo reprochar a la gente esa percepción, si los mexicanos somos testigos a lo largo y ancho del país de historias cotidianas de impunidad y corrupción en las que no solamente “no pasa nada”, sino que muchas de las veces quienes se atreven a denunciar son los que terminan castigados en diversas formas?
Tenemos ejemplos de ello en cada rincón de nuestro país y especialmente en los niveles estatal y municipal, en virtud de que en estas esferas existen mayores rezagos legislativos y debido a que un buen número de gobernadores ejercen un control mayoritario sobre sus congresos locales; así como muchos presidentes municipales lo ejercen sobre los síndicos y regidores que integran sus cabildos, a diferencia del ámbito federal en el que existen hasta cierto punto, contrapesos en el ejecutivo y legislativo, al no contar aquél con mayoría en el Congreso.
Así, en Tamaulipas, tenemos evidencias de un enorme endeudamiento estatal durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores; en Tampico, de saqueo a las arcas municipales por el ex alcalde Oscar Pérez Inguanzo, quién gozó durante su gestión de una impunidad ofrecida por su partido, algunos medios de comunicación, muchos líderes camarales y sociales, por una mayoría de integrantes de la pasada legislatura, autoridades federales y probablemente la seguirá gozando de las actuales legislatura y administración municipal de Tampico, que sobre este tema, siguen “echándose la bolita”.
¿Por qué las instituciones encargadas de la fiscalización a nivel estatal y municipal -diputados y regidores- no evitan el saqueo de los presupuestos y el excesivo endeudamiento público desarrollando en forma oportuna y eficaz la función encomendada por el pueblo, por la que devengan enormes remuneraciones y prestaciones?
¿Por qué no se atienden con diligencia y eficacia las denuncias públicas o formales -durante la gestión de estos gobernantes- ante diversas instancias competentes para que no existan nichos de impunidad?
¿Por qué se aplica eso de que “viva el Rey y muera el Rey” para aplaudir y cobijar al gobernante en turno y golpear mediática o legalmente al que ya se fue y no se privilegia de manera permanente la vigencia del estado de derecho?
Cada vez es más claro el divorcio entre sociedad y clase gobernante; incluso agregaría que va en aumento un sentimiento de rencor de los ciudadanos ante los evidentes actos de cinismo político.
Nuestra democracia parece quebrada en dos partes: por un lado la parte electoral y, por otro, el ejercicio gubernamental o legislativo; ambas deberían operar de manera virtuosa para que la representación popular que se les otorga por medio del voto, asegure a los gobernados mejores condiciones de vida, lo que hoy no sucede.
Cada día que pasa, los mexicanos nos sentimos menos escuchados por nuestros “representantes” y observamos el avance de la corrupción, la impunidad y la permanente lucha “del poder por el poder” que encarnan grupos de todos los colores, para ejercerlo frecuentemente, sin atender las necesidades evidentes y urgentes de cada comunidad.
El saqueo y la impunidad en México no se frenará solamente a base de algunas detenciones de personajes cuestionados por acciones ilícitas o de mala fama pública –que sobra decir, deben estar legalmente justificadas para que no suceda lo que en el llamado “michoacanazo”- sino sobre todo, cuando las instituciones encargadas de la fiscalización, la procuración de justicia y aplicación de la ley se fortalezcan mediante las reformas, programas y presupuestos que permitan su eficacia con base en un trabajo preventivo y permanente sobre todos los entes que ejerzan recursos públicos, y sobre todo, en una verdadera rendición de cuentas.
A los ciudadanos nos toca promoverlo y exigirlo; sólo entonces vendrá la reconciliación con la clase política y podrá revertirse la desconfianza que flota sobre el cielo mexicano.
¿Cuál fue la reacción común de las detenciones de estos personajes de la política mexicana?
Creo que es el hecho de que estas noticias están enmarcadas en la percepción ciudadana de falta de credibilidad de las acciones de políticos y de gobiernos. Muchos ciudadanos no creen que estas detenciones respondan a un ánimo de hacer prevalecer la aplicación de la ley o a la voluntad de combatir la corrupción creciente en México.
¿Cómo reprochar a la gente esa percepción, si los mexicanos somos testigos a lo largo y ancho del país de historias cotidianas de impunidad y corrupción en las que no solamente “no pasa nada”, sino que muchas de las veces quienes se atreven a denunciar son los que terminan castigados en diversas formas?
Tenemos ejemplos de ello en cada rincón de nuestro país y especialmente en los niveles estatal y municipal, en virtud de que en estas esferas existen mayores rezagos legislativos y debido a que un buen número de gobernadores ejercen un control mayoritario sobre sus congresos locales; así como muchos presidentes municipales lo ejercen sobre los síndicos y regidores que integran sus cabildos, a diferencia del ámbito federal en el que existen hasta cierto punto, contrapesos en el ejecutivo y legislativo, al no contar aquél con mayoría en el Congreso.
Así, en Tamaulipas, tenemos evidencias de un enorme endeudamiento estatal durante el gobierno de Eugenio Hernández Flores; en Tampico, de saqueo a las arcas municipales por el ex alcalde Oscar Pérez Inguanzo, quién gozó durante su gestión de una impunidad ofrecida por su partido, algunos medios de comunicación, muchos líderes camarales y sociales, por una mayoría de integrantes de la pasada legislatura, autoridades federales y probablemente la seguirá gozando de las actuales legislatura y administración municipal de Tampico, que sobre este tema, siguen “echándose la bolita”.
¿Por qué las instituciones encargadas de la fiscalización a nivel estatal y municipal -diputados y regidores- no evitan el saqueo de los presupuestos y el excesivo endeudamiento público desarrollando en forma oportuna y eficaz la función encomendada por el pueblo, por la que devengan enormes remuneraciones y prestaciones?
¿Por qué no se atienden con diligencia y eficacia las denuncias públicas o formales -durante la gestión de estos gobernantes- ante diversas instancias competentes para que no existan nichos de impunidad?
¿Por qué se aplica eso de que “viva el Rey y muera el Rey” para aplaudir y cobijar al gobernante en turno y golpear mediática o legalmente al que ya se fue y no se privilegia de manera permanente la vigencia del estado de derecho?
Cada vez es más claro el divorcio entre sociedad y clase gobernante; incluso agregaría que va en aumento un sentimiento de rencor de los ciudadanos ante los evidentes actos de cinismo político.
Nuestra democracia parece quebrada en dos partes: por un lado la parte electoral y, por otro, el ejercicio gubernamental o legislativo; ambas deberían operar de manera virtuosa para que la representación popular que se les otorga por medio del voto, asegure a los gobernados mejores condiciones de vida, lo que hoy no sucede.
Cada día que pasa, los mexicanos nos sentimos menos escuchados por nuestros “representantes” y observamos el avance de la corrupción, la impunidad y la permanente lucha “del poder por el poder” que encarnan grupos de todos los colores, para ejercerlo frecuentemente, sin atender las necesidades evidentes y urgentes de cada comunidad.
El saqueo y la impunidad en México no se frenará solamente a base de algunas detenciones de personajes cuestionados por acciones ilícitas o de mala fama pública –que sobra decir, deben estar legalmente justificadas para que no suceda lo que en el llamado “michoacanazo”- sino sobre todo, cuando las instituciones encargadas de la fiscalización, la procuración de justicia y aplicación de la ley se fortalezcan mediante las reformas, programas y presupuestos que permitan su eficacia con base en un trabajo preventivo y permanente sobre todos los entes que ejerzan recursos públicos, y sobre todo, en una verdadera rendición de cuentas.
A los ciudadanos nos toca promoverlo y exigirlo; sólo entonces vendrá la reconciliación con la clase política y podrá revertirse la desconfianza que flota sobre el cielo mexicano.
lunes, 6 de junio de 2011
Las Reformas Estructurales se requieren para mejorar la vida de los mexicanos. ¿Por qué no se aprueban?
Tenemos años escuchando voces dentro y fuera de nuestro país que señalan la necesidad de realizar reformas estructurales para cambiar las cosas que no están funcionando y así poder resolver nuestros problemas, siendo algunas de ellas:
1.- FISCAL.- Para ampliar la base tributaria y disminuir la dependencia a la renta petrolera ya que actualmente somos quienes menos recaudamos en América Latina.
2.- ENERGÉTICA.- Para buscar la apertura, competitividad y eficiencia del sector.
3.- LABORAL.- Que haga frente al desempleo especialmente de los jóvenes cuya tasa es doble que la de la población en general; permita la mejora salarial y de seguridad social y prestaciones; combata la discriminación laboral de las mujeres y admita la flexibilidad laboral ante la maternidad; y, garantice la transparencia en el manejo de recursos de sindicatos y la libertad y democracia en su vida interna.
4.- SEGURIDAD NACIONAL.- Para generar un marco jurídico que sustente el combate a la inseguridad creciente que padecemos.
5.- POLITICA.- Que permita Candidaturas Independientes, Iniciativa Ciudadana, Reelección de legisladores, entre otras, otorgando mayor libertad y poder a los ciudadanos.
6.- EDUCATIVA.- Que otorgue un soporte educativo de calidad, vanguardia y altamente calificado para insertarse en el mercado laboral interno y global.
7.- SISTEMA DE JUSTICIA.- Que combata la impunidad y fortalezca el estado de derecho para mejorar nuestra calidad de vida y la confianza para todo tipo de inversiones.
Nunca como ahora nos habíamos acercado a concretar algunas de estas reformas estructurales gracias a la decisión del Presidente de la República de impulsarlas, a la corresponsabilidad de un buen número de legisladores –en especial los Senadores- y al cabildeo para su aprobación realizado por instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y liderazgos.
Muchas voces seguimos insistiendo en la apertura de un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para que se aprueben en breve la Reforma Laboral, la Política y la de Seguridad Nacional, allí pendientes.
Pese al consenso de la necesidad de las reformas y el impulso de ellas en diversas trincheras, tal parece que una vez más quedarán en la congeladora por intereses de grupos a quienes no convienen.
Y los ciudadanos ¿Qué haremos ante este posible escenario?
Nuevamente, insisto en que el rechazar los temas públicos ante el evidente descrédito político y “voltearnos para otro lado” no resuelve nada y es el mejor escenario para quienes tienen un botín dentro de los partidos y en la estructura política de nuestro país.
Al alejarnos de la política y de las urnas, se quedan “solitos” y sin que nadie los moleste, con sus estructuras electorales corporativas que mantienen con recursos públicos provenientes de nuestros impuestos- decidiendo impunemente por nosotros.
No olvidemos que con nuestro voto podemos elegir un proyecto que garantice la modernización de nuestro país, pero también con ese voto, podemos castigar de manera ejemplar a un proyecto político que pudiendo mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, opten por mantenernos secuestrados en el México sufrido en el que todo tiene que ser difícil y complicado, hasta vivir.
Si los diputados priístas y sus aliados -que son mayoría en la Cámara Baja- deciden negarnos la aprobación de las reformas que de manera urgente requiere México para combatir la inseguridad, reducir los niveles de pobreza, mejorar la competitividad, ampliar oportunidades de empleo e inversión y el marco político de libertades y participación ciudadana, lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos afectados directamente, es impedir mediante nuestro voto, que en 2012 gane un proyecto que pretende mantenernos secuestrados en un sistema caduco y dañino para la mayoría de los mexicanos.
Es tal el cinismo político actual y la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, que el propio Presidente del PRI a nivel nacional no pierde oportunidad para fustigar al gobierno federal por los flagelos de la inseguridad, la pobreza y falta de competitividad de nuestro país, sin comprometerse -como es su deber ético y democrático- a obedecer el mandato de la sociedad mexicana en la aprobación de las reformas pendientes.
Por ello, si no hay reformas estructurales, creo que debemos combatir el abstencionismo para ir decididamente a votar en contra de quienes impidan su aprobación y así evitar que se instale en la Presidencia de la República y en el Congreso Federal un proyecto, aparentemente dominante dentro del PRI, que pretende que en México “todo siga igual”.
Los mexicanos sabemos que el cambio hacia una verdadera modernización del país pasa por la aprobación de las Reformas Estructurales; por eso, sin duda, iremos por ellas con nuestra voz y con nuestro voto..…..
1.- FISCAL.- Para ampliar la base tributaria y disminuir la dependencia a la renta petrolera ya que actualmente somos quienes menos recaudamos en América Latina.
2.- ENERGÉTICA.- Para buscar la apertura, competitividad y eficiencia del sector.
3.- LABORAL.- Que haga frente al desempleo especialmente de los jóvenes cuya tasa es doble que la de la población en general; permita la mejora salarial y de seguridad social y prestaciones; combata la discriminación laboral de las mujeres y admita la flexibilidad laboral ante la maternidad; y, garantice la transparencia en el manejo de recursos de sindicatos y la libertad y democracia en su vida interna.
4.- SEGURIDAD NACIONAL.- Para generar un marco jurídico que sustente el combate a la inseguridad creciente que padecemos.
5.- POLITICA.- Que permita Candidaturas Independientes, Iniciativa Ciudadana, Reelección de legisladores, entre otras, otorgando mayor libertad y poder a los ciudadanos.
6.- EDUCATIVA.- Que otorgue un soporte educativo de calidad, vanguardia y altamente calificado para insertarse en el mercado laboral interno y global.
7.- SISTEMA DE JUSTICIA.- Que combata la impunidad y fortalezca el estado de derecho para mejorar nuestra calidad de vida y la confianza para todo tipo de inversiones.
Nunca como ahora nos habíamos acercado a concretar algunas de estas reformas estructurales gracias a la decisión del Presidente de la República de impulsarlas, a la corresponsabilidad de un buen número de legisladores –en especial los Senadores- y al cabildeo para su aprobación realizado por instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y liderazgos.
Muchas voces seguimos insistiendo en la apertura de un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para que se aprueben en breve la Reforma Laboral, la Política y la de Seguridad Nacional, allí pendientes.
Pese al consenso de la necesidad de las reformas y el impulso de ellas en diversas trincheras, tal parece que una vez más quedarán en la congeladora por intereses de grupos a quienes no convienen.
Y los ciudadanos ¿Qué haremos ante este posible escenario?
Nuevamente, insisto en que el rechazar los temas públicos ante el evidente descrédito político y “voltearnos para otro lado” no resuelve nada y es el mejor escenario para quienes tienen un botín dentro de los partidos y en la estructura política de nuestro país.
Al alejarnos de la política y de las urnas, se quedan “solitos” y sin que nadie los moleste, con sus estructuras electorales corporativas que mantienen con recursos públicos provenientes de nuestros impuestos- decidiendo impunemente por nosotros.
No olvidemos que con nuestro voto podemos elegir un proyecto que garantice la modernización de nuestro país, pero también con ese voto, podemos castigar de manera ejemplar a un proyecto político que pudiendo mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, opten por mantenernos secuestrados en el México sufrido en el que todo tiene que ser difícil y complicado, hasta vivir.
Si los diputados priístas y sus aliados -que son mayoría en la Cámara Baja- deciden negarnos la aprobación de las reformas que de manera urgente requiere México para combatir la inseguridad, reducir los niveles de pobreza, mejorar la competitividad, ampliar oportunidades de empleo e inversión y el marco político de libertades y participación ciudadana, lo mínimo que podemos hacer como ciudadanos afectados directamente, es impedir mediante nuestro voto, que en 2012 gane un proyecto que pretende mantenernos secuestrados en un sistema caduco y dañino para la mayoría de los mexicanos.
Es tal el cinismo político actual y la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, que el propio Presidente del PRI a nivel nacional no pierde oportunidad para fustigar al gobierno federal por los flagelos de la inseguridad, la pobreza y falta de competitividad de nuestro país, sin comprometerse -como es su deber ético y democrático- a obedecer el mandato de la sociedad mexicana en la aprobación de las reformas pendientes.
Por ello, si no hay reformas estructurales, creo que debemos combatir el abstencionismo para ir decididamente a votar en contra de quienes impidan su aprobación y así evitar que se instale en la Presidencia de la República y en el Congreso Federal un proyecto, aparentemente dominante dentro del PRI, que pretende que en México “todo siga igual”.
Los mexicanos sabemos que el cambio hacia una verdadera modernización del país pasa por la aprobación de las Reformas Estructurales; por eso, sin duda, iremos por ellas con nuestra voz y con nuestro voto..…..
miércoles, 1 de junio de 2011
El “Circo” de las promesas de campaña y la Democracia en México (II)
En la primera parte de esta colaboración abordé la ausencia de normas jurídicas para regular las promesas de campaña como uno de los temas que más indignan a los ciudadanos por su impune y frecuente incumplimiento y como una de las principales causas de insatisfacción de la democracia que expresan los mexicanos al percibirla como ineficaz.
Por las razones allí expuestas, concluí proponiendo que se legisle para obligar a los candidatos a registrar sus propuestas ante el IFE o institutos locales con la finalidad de que los ciudadanos puedan exigir su cumplimiento a quienes resulten electos, y, para que, en caso de incumplimiento, puedan ser sancionados.
Recibí numerosos comentarios por correo y a través de las redes sociales sobre este artículo y en especial sobre la propuesta expuesta, los cuales agradezco nuevamente y me permiten puntualizar el tema en esta segunda parte en dos aspectos: legitimidad de la exigencia ciudadana para el cumplimiento de promesas de campaña y países que a la fecha cuenten con legislaciones en esta materia.
¿Por qué los ciudadanos deben esperar y exigir que las promesas de campaña se traduzcan en resultados favorables de la gestión de los gobernantes que eligen mediante su voto?
Por la sencilla razón de que nuestra constitución federal -en sus artículos 39, 40 y 41- condiciona la representación democrática del poder público de los tres poderes y en todos los niveles, a la realización de acciones para beneficio de quien les otorgó ese mandato mediante su voto: el pueblo mexicano.
Para arribar a esta afirmación, basta leer el citado artículo 39, que establece que: “….Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…..”.
Constitucionalmente existe una relación directa entre el voto emitido por los ciudadanos y los beneficios que deben recibir de los gobernantes electos en acciones de bien común; es decir, el voto sirve para generar gobiernos que atiendan con eficacia las necesidades de la población. Esta afirmación implica la esencia misma de nuestra democracia representativa.
En los hechos, indebidamente, el voto se desvincula de los resultados que los ciudadanos legítimamente esperan de sus gobernantes; con frecuencia los gobernantes electos no cumplen sus promesas de campaña, ejercen de manera caprichosa presupuestos millonarios sin atender las necesidades prioritarias de la población que los eligió y no rinden cuentas de su gestión.
Esta separación de voto y resultados, es la causa de buena parte del enorme abstencionismo que persiste en nuestro sistema electoral pese a los millonarios recursos públicos asignados al IFE y a los partidos políticos para promover el voto, y, desde luego, es el origen de los movimientos del “voto nulo” o “voto blanco”.
Ante esta realidad, los partidos políticos y candidatos, han acudido al “voto mercenario” como el que abiertamente promueve el actual candidato del PRI al gobierno del Estado de México ofreciendo autos y otros “premios” a los operadores políticos que “consigan más votos”, o bien, al “voto como un deber ciudadano” que se sustenta en argumentos de que, aunque nuestro sistema político sea ineficaz y corrupto, debemos votar porque es una obligación.
Cualquier forma de presión para ejercer el voto, incluso el argumento del voto como deber ciudadano, si están desvinculados de la garantía de gobiernos que resuelvan las necesidades de la población, que es la esencia de la democracia- es perversa, ya que rebajaría a los ciudadanos a simples títeres de un sistema formal electoral cuya única finalidad sería elegir de entre las opciones que los partidos políticos decidan a nuestros gobernantes, sin la posibilidad de exigirles resultados.
¿Existen países que cuenten con legislaciones que garanticen el cumplimiento por parte de los gobernantes, de las promesas hechas como candidatos durante su campaña?
En Colombia cuentan desde 1994 con el llamado “voto programático” que no es otra cosa que la obligación de un candidato a registrar durante la campaña sus propuestas con plazos a cumplir, para que en caso de resultar electo, éstas puedan ser exigidas por los ciudadanos y en caso de incumplimiento pueda sancionarse, inclusive, con la revocación del mandato.
Algo parecido, llamado “Plan de Metas”, existe en el estado de Sao Paulo, Brasil y está impulsándose en Argentina y Chile.
¿Y en México?
El voto del ciudadano no debe ser un acto de fe; el estado debe garantizar su eficacia como el instrumento idóneo para mejorar nuestras condiciones de vida. Por ello, los mexicanos ya no queremos Votar por Promesas; queremos Votar por Metas y Programas.
Por las razones allí expuestas, concluí proponiendo que se legisle para obligar a los candidatos a registrar sus propuestas ante el IFE o institutos locales con la finalidad de que los ciudadanos puedan exigir su cumplimiento a quienes resulten electos, y, para que, en caso de incumplimiento, puedan ser sancionados.
Recibí numerosos comentarios por correo y a través de las redes sociales sobre este artículo y en especial sobre la propuesta expuesta, los cuales agradezco nuevamente y me permiten puntualizar el tema en esta segunda parte en dos aspectos: legitimidad de la exigencia ciudadana para el cumplimiento de promesas de campaña y países que a la fecha cuenten con legislaciones en esta materia.
¿Por qué los ciudadanos deben esperar y exigir que las promesas de campaña se traduzcan en resultados favorables de la gestión de los gobernantes que eligen mediante su voto?
Por la sencilla razón de que nuestra constitución federal -en sus artículos 39, 40 y 41- condiciona la representación democrática del poder público de los tres poderes y en todos los niveles, a la realización de acciones para beneficio de quien les otorgó ese mandato mediante su voto: el pueblo mexicano.
Para arribar a esta afirmación, basta leer el citado artículo 39, que establece que: “….Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…..”.
Constitucionalmente existe una relación directa entre el voto emitido por los ciudadanos y los beneficios que deben recibir de los gobernantes electos en acciones de bien común; es decir, el voto sirve para generar gobiernos que atiendan con eficacia las necesidades de la población. Esta afirmación implica la esencia misma de nuestra democracia representativa.
En los hechos, indebidamente, el voto se desvincula de los resultados que los ciudadanos legítimamente esperan de sus gobernantes; con frecuencia los gobernantes electos no cumplen sus promesas de campaña, ejercen de manera caprichosa presupuestos millonarios sin atender las necesidades prioritarias de la población que los eligió y no rinden cuentas de su gestión.
Esta separación de voto y resultados, es la causa de buena parte del enorme abstencionismo que persiste en nuestro sistema electoral pese a los millonarios recursos públicos asignados al IFE y a los partidos políticos para promover el voto, y, desde luego, es el origen de los movimientos del “voto nulo” o “voto blanco”.
Ante esta realidad, los partidos políticos y candidatos, han acudido al “voto mercenario” como el que abiertamente promueve el actual candidato del PRI al gobierno del Estado de México ofreciendo autos y otros “premios” a los operadores políticos que “consigan más votos”, o bien, al “voto como un deber ciudadano” que se sustenta en argumentos de que, aunque nuestro sistema político sea ineficaz y corrupto, debemos votar porque es una obligación.
Cualquier forma de presión para ejercer el voto, incluso el argumento del voto como deber ciudadano, si están desvinculados de la garantía de gobiernos que resuelvan las necesidades de la población, que es la esencia de la democracia- es perversa, ya que rebajaría a los ciudadanos a simples títeres de un sistema formal electoral cuya única finalidad sería elegir de entre las opciones que los partidos políticos decidan a nuestros gobernantes, sin la posibilidad de exigirles resultados.
¿Existen países que cuenten con legislaciones que garanticen el cumplimiento por parte de los gobernantes, de las promesas hechas como candidatos durante su campaña?
En Colombia cuentan desde 1994 con el llamado “voto programático” que no es otra cosa que la obligación de un candidato a registrar durante la campaña sus propuestas con plazos a cumplir, para que en caso de resultar electo, éstas puedan ser exigidas por los ciudadanos y en caso de incumplimiento pueda sancionarse, inclusive, con la revocación del mandato.
Algo parecido, llamado “Plan de Metas”, existe en el estado de Sao Paulo, Brasil y está impulsándose en Argentina y Chile.
¿Y en México?
El voto del ciudadano no debe ser un acto de fe; el estado debe garantizar su eficacia como el instrumento idóneo para mejorar nuestras condiciones de vida. Por ello, los mexicanos ya no queremos Votar por Promesas; queremos Votar por Metas y Programas.
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