Primer informe de la alcaldesa Peraza Guerra: ¿y la Transparencia?

El pasado viernes la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, rindió su primer informe de gobierno ante miembros de su cabildo y autoridades civiles y militares; evento en el que, más allá de la ausencia de muchos invitados que dejaron buena parte del auditorio del Centro de Convenciones de nuestra ciudad con sillas vacías, lo destacable y preocupante es, desde mi personal punto de vista, que su mensaje de “rendición de cuentas” se enmarca en un ambiente previo de falta de transparencia.

Desde hace un par de meses, algunos regidores de la comuna porteña han hecho públicas denuncias de la falta de transparencia que prevalece en la administración municipal, especialmente por el hecho de que, pese a formar parte del máximo órgano municipal, dicen, no se les permite tener acceso a información en áreas tan importantes como la Dirección de Obras Públicas; incluso uno de ellos, le ha reprochado a la alcaldesa su incumplimiento en la conformación del “Consejo Ciudadano” que prometió en campaña como la forma de acercar a los ciudadanos a su gobierno para garantizar buenos manejos.

Personalmente he constatado dicha opacidad ya que he solicitado información al Ayuntamiento de Tampico, por escrito y de manera respetuosa, sobre nómina municipal (ante la posible existencia de aviadores), deuda pública y sobre el proyecto de Reubicación del Aeropuerto de Tampico; información que me ha sido negada sistemáticamente, al grado de tener que recurrir tanto a los tribunales federales en defensa de mi derecho de petición a través del juicio de amparo, como al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas en defensa de mi derecho de acceso a la información pública a través del recurso de Revisión.

Cabe mencionar que ha sido desagradable escuchar a funcionarios municipales de Tampico, que ante el ejercicio de estos derechos de que gozamos todos los ciudadanos, cuestionan o descalifican a la persona solicitante o sus motivos, olvidando que la transparencia no es opcional para ellos como funcionarios públicos, sino obligatoria de acuerdo con la Constitución federal y legislaciones locales.

En el tema de la deuda pública heredada que abordé hace dos semanas en este mismo espacio, la alcaldesa se comprometió en sesión de cabildo a proporcionar el listado de los proveedores a los que nuestro Municipio ha pagado adeudos generados por la anterior administración; pagos que afirma, ascienden a 100 mdp; hasta ahora no ha cumplido.

Casi al cierre de su primer informe de gobierno, sobre la deuda pública heredada, la alcaldesa insistió en que destinó 100 mdp del presupuesto del presente año para su pago y afirmó que su administración “no ha endeudado con un solo peso a Tampico”.

Si la deuda heredada fue de 143 mdp como lo reportó la alcaldesa en enero del presente año al Congreso local y, de ser cierto que ha pagado 100 mdp sin contraer deuda propia, ¿por qué la deuda pública que reportó el Ayuntamiento de Tampico en octubre pasado asciende a 108 mdp? ¿No debería ser de 43 mdp como resulta de una simple resta?

Incluso si hubiera sido de 180 mdp la deuda heredada, al restarle los 100 mdp que dice haber cubierto de ésta, el resultado tampoco coincide, ya que sería de 80 mdp.

Sus números no cuadran y, pese a ello y a que existen documentos oficiales que avalan dichas inconsistencias, la alcaldesa insiste en que en su administración se están haciendo las cosas bien y que los ciudadanos debemos creerle sin preguntar.

El colmo, fue escuchar al final de su informe que contratará en febrero del próximo año a un despacho externo –que por cierto nos costará a los tampiqueños entre 500 mil y 1 millón de pesos de acuerdo a lo informado a medios- para que realice una auditoría que avale los buenos manejos financieros de su administración.

Alguien debería decirle a la alcaldesa que para demostrar que las cosas se están haciendo bien, basta cumplir la ley, abrir su gobierno, entregar la información que los ciudadanos soliciten y aclarar con diálogo, tolerancia y sobre todo con documentos, cualquier cuestionamiento.

También debería recordar, que actualmente gastamos casi un millón de pesos mensualmente en las percepciones de síndicos y regidores quienes tienen entre sus funciones, velar por el buen manejo financiero de la administración y fiscalizarla. ¿No deberían ellos contar con toda la información para realizar esas funciones y para garantizar a su vez, su acceso a todo ciudadano? Si no lo hacen, o no los dejan hacerlo, entonces, ¿para qué los queremos los ciudadanos? ¿No fue ésta una historia similar a lo vivido en la pasada administración?

La transparencia no deber ser nunca un acto de fe, tiene que demostrarse con acciones concretas y sobre todo, con documentos. Así de sencillo, ¿no lo crees?

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9081254

¿Se eliminará la tenencia vehicular en Tamaulipas?

En el mes de octubre en este mismo espacio, abordé el tema y confirmé que la eliminación del pago del impuesto por tenencia vehicular será un hecho en el ámbito federal, ya que operará por ley a partir del próximo año y no dependerá de la voluntad de gobernadores o alcaldes; así lo disponen los artículos 3° y 4° transitorios del DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007.

Ahora bien, en el ámbito local, existe libertad para que los Congresos de cada estado legislen para imponer nuevos impuestos, ya sea por tenencia de vehículos u otros, para compensar los recursos que dejarán de percibir por la eliminación del impuesto de tenencia federal, aunque también, los gobiernos estatales, podrán hacerlo ajustando su gasto.

En el caso de Tamaulipas, el gobernador del estado, Ingeniero Egidio Torre Cantú, presentó el pasado miércoles ante el Congreso local, la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado que contiene una estimación de los recursos que percibirá para el ejercicio fiscal 2012, dentro de los cuales se incluyen aquellos relativos al cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de los Derechos por prestación de Servicios para el Control Vehicular.

¿Significa que habrá un nuevo impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos local y que continuará el cobro de Derechos por Control Vehicular?

Efectivamente, el citado dictamen propone la creación de un impuesto local de la misma naturaleza que el abrogado a nivel federal, aunque debe decirse que para el ejercicio 2012, se considera un subsidio del 100% para aquellos causantes que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales estatales y de sus obligaciones fiscales federales derivadas de los convenios materia de coordinación fiscal.

Esto quiere decir que sí habrá en Tamaulipas un nuevo impuesto de Tenencia estatal a partir del 2012, aplicándose para ese ejercicio, un subsidio del 100% a los contribuyentes cumplidos.

Ahora bien, por lo que hace al cobro de derechos de Control Vehicular continuará vigente en el 2012 y se propone homologar los diferentes tipos de vehículos para ser gravados con una misma tarifa, ya sea por alta o refrendo, estableciéndose, además, una tarifa para la expedición de láminas y un incremento de la tarifa para el servicio público de un 12.5%.

La iniciativa de Ley de ingresos comentada, aún no ha sido aprobada por el Congreso local, por lo que espero que en el análisis y discusión que realizarán los Diputados, se incluyan las siguientes cuestiones o dudas que surgen:

¿Qué impuestos estatales concretos serán aquellos que se considerarán para calificar a un contribuyente como “cumplido” y con ello, ser beneficiado con el subsidio del 100% en el pago del nuevo impuesto de tenencia estatal?

¿Cuál será el periodo cuyo cumplimiento se tomará en cuenta para dicha calificación? ¿Un año anterior a la fecha de pago o el ejercicio anterior al que se cubre, u otro?

¿Este subsidio aplicará para todo tipo de vehículos, siempre y cuando sean propiedad de un contribuyente cumplido?

¿Podrá eliminarse o reducirse dicho subsidio para el ejercicio 2013; es decir, el beneficio solo se contempla para el arranque del nuevo impuesto en el 2012?

¿Cuánto aumentará el pago de Derecho de Control Vehicular?
¿La tarifa para la expedición de láminas o placas será anual? ¿Cuál será su costo?

Confío en que antes de que nuestros diputados aprueben la iniciativa de Ley de Ingresos citada, estas dudas y otras que puedan surgir, estén totalmente aclaradas y los tamaulipecos tengamos plena certeza sobre el tema y de los reales beneficios ofrecidos, para que no haya mayores desilusiones y molestias al momento de acudir a partir del 1° de enero de 2012 a las ventanillas de la Secretaria de Finanzas o en años posteriores.

Y digo mayores desilusiones y molestias porque muchos tamaulipecos esperábamos simplemente, que se respetara la eliminación de la tenencia federal y se buscara reducir el gasto estatal para compensar la baja de ingresos por este concepto y no solo un “subsidio del 100% para contribuyentes cumplidos”, que hoy no está del todo claro.

Por todo lo aquí expresado, demandamos transparencia, seriedad y responsabilidad de nuestro gobernador y diputados locales; es lo mínimo que debemos esperar de quienes llegaron a sus cargos por voluntad de los ciudadanos y administran nuestros recursos, ¿no lo crees?

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9077309

No fueron 180 sino 143 millones la Deuda heredada en Tampico

Desde el inicio de la administración municipal que encabeza la profesora Magdalena Peraza, se nos ha venido informando a través de medios de comunicación, que la deuda pública recibida del trienio anterior fue de 180 millones de pesos, y que, al mes de octubre del presente año, habían cubierto de dicha deuda heredada, la cantidad de 100 millones.

Con dicha información se publicaron en la página web del Municipio de Tampico, los Boletines 0170 de fecha 24 de febrero y el 0939 de fecha 3 de octubre, en los cuales además, se asegura que si no se hubiera tenido que abonar las cantidades que suman 100 millones a la deuda, se hubiera podido utilizar en compra de patrullas, maquinaria para servicios públicos, camiones recolectores de basura u obra pública.

Me percaté que dicho monto de 180 mdp, informado como deuda recibida, no era coincidente con la última publicación realizada por el Municipio de Tampico al 31 de diciembre de 2010 en el Periódico Oficial del Estado, ya que en ese reporte oficial del pasado trienio, aparece la cifra de deuda pública con saldo de 143 mdp.

Para aclarar esta discrepancia, acudí a la unidad de información pública del Ayuntamiento de Tampico a solicitar formalmente los informes mensuales sobre deuda pública correspondientes a los meses de enero a septiembre del presente año, es decir, los emitidos por la actual administración; dicha información, así como la nómina del Municipio, me fue negada.

Afortunadamente, estos informes se envían mensualmente, y de acuerdo a lo ordenado por el artículo 13 en su fracción II de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas, al Congreso del Estado y fue este órgano quien me los proporcionó finalmente, a través de su Módulo de Información Pública.

Con sorpresa observé que, efectivamente, en el mes de enero de 2011, el Ayuntamiento de Tampico reconocía la cantidad de 143 millones de pesos como el saldo de la deuda pública recibida del trienio que le antecedió; este saldo inicial está avalado en dicho informe, con las firmas de la alcaldesa de Tampico, del Síndico Primero, de la Tesorera y del Contralor Municipal. Este reporte oficial puede verse en: https://twitter.com/#!/HildaGomezGo/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2FOtMFrbIT

En el informe correspondiente a septiembre de 2011, el saldo de la deuda pública asciende a casi 101 millones de pesos; es decir, sólo 42 millones menos que la originalmente recibida. Este informe puede verse en: https://twitter.com/#!/HildaGomezGo/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2FEtdXOjwU

De estos documentos oficiales se desprenden las siguientes cuestiones:

PRIMERA: ¿Por qué la alcaldesa mintió sobre el monto real de la deuda heredada, siendo que en el reporte que ella misma presentó al Congreso del Estado al cierre de enero reconoce como saldo original recibido el de 143 millones de pesos y no los 180 millones que nos dijo a los tampiqueños?

SEGUNDA: ¿Por qué si la alcaldesa asegura en su boletín de fecha 3 de octubre del presente año que ha pagado 100 millones de esa deuda heredada, el saldo que ella misma reporta al cierre del 30 de septiembre de 2011 al Congreso del Estado es de casi 101 millones; es decir, sólo 42 millones de pesos menos? ¿Será que no han abonado 100 millones a la deuda heredada o que la diferencia de casi 58 millones de pesos es deuda contratada por la actual administración?

TERCERA: ¿A qué rubros específicos de deuda se han abonado las cantidades pagadas en la presente administración?

Resulta grave, no sólo la falta de transparencia mostrada por la actual administración al negar la información pública a la que todo ciudadano tiene derecho a acceder para conocer el destino de los recursos públicos, sino también, el manejo con datos falsos y poco claros en las cifras de la cuenta pública que han dado a conocer en medios y en su página web oficial.

Espero que estas cifras se aclaren a la brevedad, sobre todo, considerando que resulta de por sí preocupante que, teniendo un presupuesto de más de 800 millones de pesos en el presente año, la actual administración no pudo realizar acciones tan específicas, tan demandadas y sencillas como el bacheo de las calles y avenidas de nuestra ciudad, especialmente el de nuestra arteria principal, la Avenida Hidalgo.

Estoy segura que los tampiqueños no queremos que se repitan historias como la que todavía estamos viviendo con las cuentas del trienio anterior; urge devolverle confianza, orden y vigor a nuestra ciudad y para ello se requiere de un manejo honesto y transparente del presupuesto municipal por parte del cuerpo colegiado que gobierna: Presidente, 2 Síndicos y 21 Regidores.

Necesitamos más que nunca eficacia, responsabilidad y cuentas claras; ¿no lo crees?

Los 10 retos del Político Humanista Trascendente: Carlos Abascal

El próximo 2 de diciembre se cumplirá el tercer aniversario del fallecimiento de Carlos María Abascal Carranza, quien como mexicano, servidor público y político militante del Partido Acción Nacional, nos legó un testimonio ejemplar, de entrega al servicio a los demás, así como un pensamiento brillante y claro, expresado en diversos temas.

Sabemos que cada vez es mayor el rechazo a los partidos políticos y a los políticos en general y que existen razones, y tal vez sobradas, para ello.

Es urgente revertir esta nociva tendencia que nos llevará a peores resultados en la actividad pública, ya que es precisamente allí en donde se toman las decisiones que pueden transformar para bien o para mal nuestro entorno.

Decía Carlos Abascal, que muchos políticos –incluso panistas- llegan al poder y se acomodan solo para “administrar el poder” pensando en el siguiente escalón político que han de escalar y afirmaba que eso es absolutamente inadmisible, ya que el poder debe servir para transformar a México.

“Para transformar en el poder hay que transformarse a uno mismo. Si algo hay hoy desprestigiado a los ojos de la sociedad mexicana es precisamente el ejercicio del poder político. La gente nos ve como gente advenediza, como oportunistas que estamos buscando la manera de disfrutar de las mieles del poder sin asumir el compromiso de transformar las estructuras injustas que todavía arrojan muchos millones de pobres en esta sociedad para que en efecto pongamos el poder al servicio de la gente y así de esa manera resolvamos las injusticias de pobreza, marginación, salud, insuficiencia educativa, etc.”

Aquí comparto los 10 retos que nos propuso para ser asumidos por un político de Acción Nacional –que pueden ser aplicados en su mayoría a todo político- para transformar a México desde el poder:

1.- Tener un elevado conocimiento y una profunda conciencia de su papel. No se puede llegar a las posiciones públicas para ver qué sucede, se tiene que saber a qué se va, saber lo más posible, habrá cosas que se conocerán sobre la marcha pero existen muchas otras que no es posible ignorar para llegar a desempeñar una responsabilidad pública.

2.- Su persona, tiene que reflejar credibilidad; ser personas confiables y eso se logra cuando hay una perfecta unidad de vida: cuando pensamiento, palabra y acción se corresponden.

3.- Trabajar por el bien común, no por su propio interés, por lo tanto, cuando se llegue a una posición de responsabilidad, no se puede pensar en la siguiente, se tiene que pensar cómo se hará al máximo esa en que le toca. No se debe robar, ni medrar, ni traficar con influencias, de manera tal que su trabajo sea identificado por la gente como un trabajo, en efecto, vinculado al bien común y no a su interés particular.

4.- Mantenerse coherente con los principios de doctrina; entre la palabra y la acción. Es falso que el humanismo trascendente, no dé votos; lo que pasa es que al no ser coherentes, la sociedad rechaza a los políticos incoherentes precisamente por eso.

5.- Trabajar, invariablemente por la unidad; no puede ser que sus intereses particulares estén por encima de los intereses del Partido o peor aún, por encima de los intereses de México. Trabajar por la unidad querrá decir en ocasiones renunciar a cosas, incluso, legítimas con tal de construir la Unidad.

6.- Trabajar por la paz y por la realización, en paz, de un cambio radical. Cambiar y no administrar. El cambio radical es, en efecto, para que cada vez más personas tengan acceso a las oportunidades del desarrollo.

7.- Aprender a escuchar. El político, no sólo no lo sabe todo, sino que necesita cada vez más saber escuchar; necesita cada vez más aprender. Mientras más se sabe, más se ignora, porque más se descubre que el universo por conocer es mucho más amplio. Al escuchar, habrá de utilizar su criterio para dar respuesta a los grandes problemas que se le plantean.

8.- Saber dialogar con todos; diálogo basado en la verdad, buscando un bien superior con eficacia, para construir soluciones, construir acuerdos con una gran disponibilidad para escuchar y para expresar y para consensuar y, para finalmente, tomar decisiones.

9.- Poner el poder político al servicio de sus mandantes, es el servidor de los demás tomar la actitud de verdadera humildad en el ejercicio del poder político como servidor de todos.

10.- El Político Humanista trascendente, no tiene miedo porque sabe que su meta es la construcción del bien común, porque trabaja en equipo, porque tiene una confianza superior, porque no tiene cola que le pisen, porque sabe que esta es “brega de eternidad”, porque es mujer y hombre de bien que sabe que está cumpliendo con su deber.

En su memoria y con mi agradecimiento.

“Un verdadero amigo es a la vez un modelo, un consejero y un juez. Por eso, no debe uno acordar su amistad más que a un hombre lleno de rectitud y de bondad” Dr. Paul Carton.

Presupuesto 2012: Más recursos para la política, ¿y los resultados?

La cámara de diputados recientemente aprobó en tiempo y forma, el presupuesto federal para el próximo año en un monto de 3 billones 706 mil 922 millones de pesos, que resultó casi 60,000 mdp mayor que el propuesto en el proyecto enviado por el Presidente Felipe Calderón.

Destacan dentro del mismo, el incremento a las partidas para las dependencias e instituciones públicas encargadas de organizar la elección federal del año entrante, así como aquellas que ejercen la política en nuestro país.

El gasto programable creció en un 5.7% por encima de la inflación, en un marco de desaceleración económica mundial. Ello significa que aumentó el monto para el conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades del gobierno federal entre los cuales se considera a los Poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, los órganos autónomos, la administración pública centralizada y las entidades de la administración pública paraestatal sujetas a control presupuestario directo, consignadas en programas específicos para su mejor control y evaluación. Dicho gasto incluye también el que se ha descentralizado a los estados y municipios para el cumplimiento de programas prioritarios en materia de educación, salud e infraestructura a través del denominado “Ramo 33” Aportaciones Federales para entidades federativas y municipios.

En el incremento citado, destaca el de la Secretaría de Gobernación cuyo presupuesto asignado pasa de 16,960 mdp en 2011 a 23,637 mdp para 2012, lo que significa un incremento de casi un 40%. A esta secretaría se le ha cuadruplicado prácticamente su presupuesto en el periodo comprendido de 2007 (6,170 mdp) a 2012.

El presupuesto del Poder Legislativo pasó de 10,568 mdp que ejercieron en el presente año a 10,987 mdp para 2012; el del Poder Judicial pasó de 39,367 mdp en 2011 a 42,833 mdp para 2012.

El aumento presupuestal al IFE es evidente, especialmente considerando que el próximo año se verificará el proceso electoral federal al pasar de 10,866 mdp en 2011 a 14,954 para 2012.

Es importante hacer notar que muchos de los programas que serán cubiertos con el presupuesto 2012, como aquellos destinados al campo, estarán fuera del control de los órganos de fiscalización. Los diputados –especialmente la mayoría integrada por la bancada del PRI y aliados- lograron la eliminación de candados que permitirían suspender el reparto de fondos por incumplimiento a los adeudos de las entidades federativas; esta eliminación, permitirá el despilfarro y endeudamiento en las entidades federativas como sucedió en Coahuila.

Llama la atención que ahora sí nuestros diputados lograron acuerdos y aprobaron en tiempo el presupuesto federal 2012, del cual, ellos mismos ejercerán cerca de 5.9 mdp, lo que implica que cada uno de ellos nos costará el próximo año a los contribuyentes, cerca de 12 mdp, pese a su pésimo desempeño en temas fundamentales de nuestra vida institucional y política.

Contrario a lo que sucedió con la aprobación del presupuesto 2012, nuestros diputados han sido incapaces de lograr acuerdos para nombrar a los Consejeros Electorales del IFE; para aprobar la nueva ley de Amparo y hacer efectivas las reformas constitucionales recientemente aprobadas en esa materia; para lograr las tan comentadas y analizadas reformas estructurales –laboral, fiscal, energética, entre otras- que se requieren urgentemente en nuestro país para enfrentar problemas y retos plenamente identificados, como el de la desaceleración mundial, el déficit fiscal y la excesiva dependencia presupuestal a los ingresos petroleros.

En este último tema, al analizar la forma en que pagaremos el presupuesto 2012 en la parte que corresponde al gasto del gobierno federal (2.7 billones de pesos), solamente cerca de 1.4 billones serán cubiertos con recursos obtenidos de la recaudación de impuestos, lo que significa un 53% del total; el resto, se cubrirá con los derechos sobre hidrocarburos, llamada también “renta petrolera” (27.9%) y endeudamiento (16%) y lo restante con otros derechos y aprovechamientos.

Esta situación de mayor gasto, poca recaudación y endeudamiento, será insostenible para futuras generaciones.

Por ello muchos nos preguntamos: ¿hasta cuándo tendremos que tolerar que nuestros diputados representen sus propios intereses, los de grupos, los de los gobernadores o los partidistas y dejen de lado la atención de las necesidades reales y sobre todo atendibles de nuestro país?

La respuesta la tendremos que dar como sociedad y ojalá sea pronto; ¿no lo crees?

La Administración Municipal que no se vigiló debidamente

A poco más de un mes de verificarse el primer informe de la actual administración municipal que encabeza la profesora Magdalena Peraza Guerra y teniendo como referencia la situación jurídica por la que atraviesa su antecesor, Ingeniero Oscar Pérez Inguanzo, actualmente detenido y acusado por ejercicio indebido de funciones públicas y otros delitos durante su gestión, resulta indispensable, no sólo dar seguimiento a las acciones de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial del estado de Tamaulipas en este caso, sino también, acompañar el trabajo de la presente administración y vigilarla, para que no se repita la misma historia, penosa, desde cualquier ángulo que se observe, de tener a quien fuera alcalde de Tampico, tras las rejas.

No cabe duda que en este triste capítulo de nuestra ciudad, falló el ex alcalde y una mayoría de miembros del cabildo –síndicos y regidores- por no gobernar con eficiencia y honradez; fallaron sin duda los diputados locales de Tampico a quienes les correspondía fiscalizarlos; fallaron tanto la Auditoria Superior, así como una mayoría de diputados que aprobaron sus cuentas en la pasada legislatura, y, fallaron muchos liderazgos y ciudadanos, que conociendo situaciones concretas irregulares, guardaron silencio hasta que el daño se había consumado y era evidente.

Es importante destacar que no es creíble que únicamente se hayan presentado en nuestro municipio irregularidades; sabemos que deben existir otras administraciones con algunas tan graves o hasta peores que las ocurridas desafortunadamente en Tampico, por lo que estas acciones legales en contra del ex alcalde no deberán ser las únicas, ya que de ocurrir así, se le podrán dar connotaciones de otra índole.

Regresando al caso de Tampico, resulta paradójico que uno de los diputados a quien le correspondía fiscalizar a la pasada administración, y, obviamente no lo hizo debidamente, al grado de que el ex alcalde que debió fiscalizar está hoy preso, es la actual alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, quien recibió de manos del Ingeniero Oscar Pérez Inguanzo las cuentas, deudas, faltantes, etc., de las que hoy increíblemente se queja, cuando como Diputada Local, era su obligación conocerlas e involucrarse en la gestión a favor de nuestra ciudad y la vigilancia de los buenos manejos de la administración.

Por ello, y esperando que como alcaldesa cumpla debidamente sus responsabilidades y confiando en que los 2 síndicos y 21 regidores hagan un trabajo profesional, informado, buscando siempre el bien de Tampico, considero oportuno hacer una invitación a las cámaras empresariales y de comercio, a los clubes de servicio, a los colegios de profesionistas, a liderazgos sociales y políticos, así como ciudadanos en general, para que entre todos, realicemos el seguimiento de las acciones de la actual administración, bajo el espíritu de la responsabilidad social y teniendo como herramienta fundamental, el derecho a la información para lograr una verdadera rendición de cuentas.

A partir del primer informe de gobierno que rendirá próximamente la alcaldesa, tendremos un documento valioso para analizar y confrontar con la página oficial del municipio de Tampico, que en su portal de Transparencia nos ofrece alguna información financiera y presupuestal y sobre todo verificarlo de acuerdo a la realidad que vivimos los ciudadanos en cada colonia y en general en nuestra querida ciudad, y así, obtener una verdadera evaluación de este primer año de gobierno.

Será importante, además de estudiar las cifras y veracidad de la ejecución de las obras y acciones que se informarán, hacer una evaluación de las cantidades que se destinaron, del dinero de los tampiqueños, para obras perdurables y de beneficio colectivo, y, aquellas que se gastaron en eventos populares y obras de ornato, ya que estos últimos, aunque pueden ser de sano esparcimiento para las familias y embellecimiento de áreas, deben ser limitados ante las evidentes necesidades que apremian a Tampico, refiriéndome, por ejemplo, a acciones tan simples como el urgente bacheo que requiere nuestra principal arteria, la Avenida Hidalgo, que a casi un año de gobierno, no se ha podido realizar.

También podremos ingresar al portal del Transparencia de la administración municipal 2008-2010, para comparar los datos proporcionados en este primer informe, con aquellos del último año de la pasada administración y sacar conclusiones.

Se dice por ahí, que toda crisis es en realidad una oportunidad para crecer y ser mejores; ésta es la nuestra, aprovechémosla para ser una mejor sociedad con un mejor gobierno. ¿No lo crees?

La verdad sobre la Deuda Pública heredada en Tampico

Uno de los temas más escandalosos de la pasada administración municipal de Tampico fue el crecimiento de la deuda pública.

Haciendo un poco de historia sobre ello, diré que, en el segundo semestre de 2009 la que aquí escribe, conjuntamente con algunos regidores del Partido Acción Nacional, realizamos un análisis y determinamos que la deuda pública de Tampico había aumentado un 159%, al pasar de 66.7 mdp reportados en diciembre de 2007, a 172.8 mdp en el mes de junio de 2009.

Lo más importante de este dato, fue el hecho de que el incremento de la deuda pública se dio conjuntamente con el aumento significativo de los ingresos municipales, principalmente en el rubro de Aportaciones del Gobierno Federal y con la disminución del monto de inversión en Obra Pública. Es decir, en forma incongruente, Tampico tenía mayor presupuesto municipal, gastaba menos en obra pública y se endeudaba mucho más.

¿En que se invirtió entonces el monto de la deuda?

Quienes realizamos esta denuncia pública, manifestamos nuestro desacuerdo y preocupación ante el fuerte aumento de la deuda pública sin justificación en proyectos u obras de beneficio para nuestra ciudad, sino dirigido a mayor gasto, también injustificado, en rubros como nómina y servicios públicos.

No sólo dimos a conocer esta situación ante medios informativos e incluso con presentaciones ante algunos organismos camarales como COPARMEX y CANACO, sino que además, regidores de Acción Nacional, solicitaron por escrito en fecha 17 de agosto de 2009, la intervención de la Auditoría Superior del Estado ante la presunción de irregularidades, pues en múltiples ocasiones solicitaron al Tesorero y al Alcalde Informes Financieros del Municipio de Tampico, sin obtener respuesta favorable.

Dicha solicitud recibió el apoyo del grupo de diputados de Acción Nacional de la pasada legislatura, quienes presentaron el día 27 de agosto de 2009, un Punto de Acuerdo para que el Congreso del Estado de Tamaulipas solicitara a la Auditoría Superior del Estado, la realización de auditorías a la Administración del Municipio de Tampico sobre el manejo de recursos y en cuanto a la ejecución de obras y prestación de servicios públicos, de los ejercicios 2007, 2008 y por los meses de enero a junio de 2009.

El referido punto de acuerdo, fue dictaminado y declarado “sin materia” por los diputados integrantes la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas, en fecha 8 de diciembre de 2010 –más de un año y tres meses después de presentado- argumentando –en el mundo bizarro de los que se dicen nuestros representantes- que en virtud de que el día 20 de octubre de 2010 se aprobaron sin observaciones las cuentas públicas de Tampico, no había nada que auditar.

Es importante hacer historia y tener memoria para evaluar de forma correcta la realidad actual.

Sobre el tema de la deuda pública, miembros del Ayuntamiento de Tampico de la presente administración han dicho a medios de comunicación que la recibieron en un monto de 180, 190 o 200 mdp; sin embargo, en la última publicación del Municipio de Tampico al 31 de diciembre de 2010, en el Periódico Oficial del Estado, aparece la cifra oficial de deuda pública en 143 mdp.

Ahora bien, sin importar si la deuda pública se recibió por 143 o 180 mdp –monto que esperamos se aclare- lo que deseo puntualizar es que las denuncias a la pasada administración en este tema fueron por el incremento considerable de la deuda sin sustento en obra pública u otra justificación real, no así porque el monto, como tal, no fuera manejable.

Este comentario lo hago porque la actual administración ha fustigado el tema de la deuda pública, junto con un supuesto recorte de las Aportaciones Federales -que en realidad aparecen incrementadas hasta septiembre del presente año en relación al mismo periodo del año 2010- como el motivo de no poder atender muchas de las necesidades que han planteado los tampiqueños, especialmente en el rubro de pavimentación y servicios públicos.

La deuda heredada a la actual administración –por 143 o 180 mdp- es una deuda muy manejable desde el punto de vista financiero, ya que equivale al 5.9% o 7.5% respecto a los ingresos programados en el presente trienio que ascenderán a casi 2,400 mdp, debiéndose tomar además en cuenta, el hecho de que no se pagará la totalidad de ella.

Hay Municipios como Ciudad Madero, que heredaron una deuda de 178 mdp y tienen un presupuesto anual de apenas 467 mdp, o, como Nuevo Laredo, que recibió una deuda de entre 1,800 y 2,000 mdp y tiene un presupuesto anual de cerca de 1800 mdp.

Reitero que la deuda heredada por la pasada administración de Tampico fue escandalosa no por ser impagable o estar fuera de los márgenes financieros del Municipio, sino por su ilegalidad y falta de sustento.

Por ello, sería necesario que la actual administración muestre los documentos oficiales del monto y detalle de la deuda recibida, presente un programa financiero de su manejo y dé a conocer el detalle del ejercicio del enorme monto del presupuesto que no se destinará este año al pago de dicha deuda y que deberá dirigirse con honestidad y eficacia a las necesidades prioritarias de Tampico.

Así de claro; ¿no lo crees?

Calaveras 2011

FELIPE CALDERÓN

Ya se acerca el día de muertos,
Y la huesuda impaciente,
Afanosa busca y busca,
Mortales pa’ hacerlos clientes.

Primero pasó por los Pinos,
Buscando al mero patrón,
Pero cuál sería su sorpresa,
Que ya iba rumbo al panteón.

Felipe murió tranquilo,
Pues en vida siempre luchó,
Con gran valentía y coraje,
Y nunca se nos rajó.

La Catrina miró anonadada,
Muchas flores y más gente,
Cientos y cientos de mexicanos,
Lloraban a su presidente.

Gritando desgarradoramente,
Reclamaban su pronta muerte,
¿Por qué se llevan a Felipe,
Habiendo tanto indecente?

Los dolientes se preguntaban,
Sin poderlo responder,
Ahora sin nuestro presidente,
¿Quién nos podrá a defender?



JOSEFINA VAZQUEZ MOTA

La Parca en su lista incluyó,
Uno que otro presidenciable,
En primer lugar apareció,
Una mujer respetable.

Difícil será la encomienda,
De llevarse a Vázquez Mota,
Pues la parca enfrentará,
A quien no conoce derrota.

La siguió por todas partes
Y por fin la acorraló,
“No temas” le dijo la flaca,
“Que al cielo te llevo yo”.

Los panistas mucho le lloran,
Y lamentan su mala suerte,
Iba arriba en las encuestas,
Y la quería mucho la gente.

La calaca sin miramientos,
Se llevó a quién se comenta,
Que con carisma y trabajo,
Sería primera presidenta.



ENRIQUE PEÑA NIETO

La Catrina siguió su camino,
En el Estado de México paró,
Buscando a un político guapo,
Que sale a diario en televisión.

De pronto sus huesos temblaron,
Cuando a lo lejos escuchó,
En un mitin mujeres gritando,
¡Con éste me quedó yo!

La parquita nunca esperó,
Que al acercarse a Peña Nieto,
De frente se le atravesó,
“La Gaviota” pa' defenderlo.

Ni tarde ni perezosa,
La Catrina se apresuró,
Y esquivando a “La Gaviota”,
Del copete se lo llevó.

Ya le lloran los del PRI
Y también los del PANAL
Que juntitos a los Pinos,
Soñaban en regresar.

Salinas, Gordillo y Moreira,
No paran de sollozar,
Mientras el senador Manlio Fabio,
Hasta las “gracias” fue a dar.



EGIDIO TORRE CANTÚ

En Tamaulipas reinó el asombro,
Cuando la Catrina decidió,
Sin importarle las consecuencias,
Llevarse al gobernador.

La gente no perdonaba,
A la huesuda su acción,
Pues Egidio apenas iniciaba,
Las estrategias de su gestión.

Coordinación con el Presidente,
En materia de seguridad,
Y un manejo transparente,
Había ofrecido realizar.

La rudeza de la muerte robó,
A los tamaulipecos la esperanza,
De exigir a Torre Cantú,
Resultados de su gobernanza.

Egidio pasó a mejor vida,
Nunca más podrá gobernar,
Pero en su tierra se preguntan,
¿A dónde vamos a dar?



DIPUTADOS FEDERALES

Los mexicanos con mucha urgencia,
Gritaban desesperados,
Que la parca los ayudara,
A llevarse a los diputados.

La muerte no comprendía,
La actitud de los ciudadanos,
Primero, votando por ellos,
Y después tan rechazados.

Poco tiempo le bastó
A la Catrina pa’ conocer,
Las razones y motivos,
De ese extraño proceder.

Reformas congeladas;
Dietas elevadas;
El país democracia exigiendo,
Y ellos en la Cámara bebiendo.

Viendo a México enardecido,
La parca se compadeció,
Y a los 500 completitos,
Al infierno se los llevó.

Ellos arden entre llamas,
Por su funesta actuación,
Al tiempo que mexicanos,
Celebran con emoción.

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9053017

¿Habrá justicia en el llamado caso OPI?

De acuerdo a información proporcionada por el juez responsable del caso y reproducida en medios de comunicación, al ex alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo, se le acusa –junto con uno de sus síndicos y su tesorero municipal- por delitos “no graves” que originaron un daño a la hacienda pública de poco más de 7.8 mdp.

Al parecer, los hechos que se les imputan, se refieren a la contratación de un préstamo quirografario con Banregio sin contar con facultades para ello y los delitos que pueden configurarse no son graves, por lo que el ex alcalde, solicitó y obtuvo el beneficio de la libertad bajo caución cuyo monto se fijó en 8.1 mdp; cantidad que hasta el momento de escribir esta colaboración no había cubierto y por lo tanto, continuaba detenido a disposición del juez.

Este domingo, a las 15:40 horas, el juez debe decidir la situación jurídica del ex alcalde de Tampico con el dictado de un auto de libertad o de formal prisión.

En caso de determinarse auto de formal prisión, no significará que el ex alcalde es legalmente culpable, ya que tan sólo implica el inicio de un proceso penal en el cual las partes –ministerio público e inculpados- podrán ofrecer y desahogar pruebas hasta que se dicte sentencia condenatoria o absolutoria. En este escenario, habrá que esperar meses o años para saber si se impondrá alguna pena corporal al ex alcalde y si se reparará el daño a nuestra ciudad, determinado ahora por apenas 7.8 mdp.

Será derecho del ex alcalde, en caso de recibir auto de formal prisión, impugnarlo ante la justicia federal, la que podrá revocarlo si considera que existieron violaciones a garantías individuales; situación que es relativamente frecuente a nivel nacional, como lo hemos visto en casos relevantes donde prevalece la impunidad. Así, puede suceder que se dicte auto de formal prisión y en pocos meses se revoque –quedando en libertad- por “defectos”.

Independientemente de la decisión del juez de la causa en el dictado de auto de libertad o de formal prisión y de la posible impugnación del segundo, en mi opinión será difícil hablar de justicia en el presente caso, dado que desde su origen, la acusación formulada contra el ex alcalde Oscar Pérez Inguanzo, es muy limitada, ya que solamente considera “irregular” la contratación de un préstamo quirografario y determina –como se sabe- un “daño” por tan solo 7.8 mdp.

Es decir, la acusación deja fuera un cúmulo de irregularidades detectadas y documentadas en la administración que encabezó Oscar Pérez Inguanzo, que originaron un enorme daño a nuestra ciudad, algunas de las cuales me permito nuevamente enlistar:

1.- Inconsistencias en pavimentación en 2008, dónde se documentó que el 50% de lo reportado como pavimentado, en realidad no lo estaba y derivó en señalamientos de la ASF de la Cámara de Diputados, en su Reporte de ese ejercicio. También en 2009 se denunció y documentó que de las 63 cuadras reportadas como pavimentadas, 53 no lo estaban y 39 incluso estaban sin iniciar.

2.- Denuncias y cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y ante el Congreso Local –incluyendo la de Juicio Político- presentadas por regidores del PAN sobre innumerables anomalías que los llevaron incluso a argumentar y votar contra propuestas presentadas en sesiones de cabildo; lo que fue difundido en medios de comunicación y consta en las actas respectivas en temas como: Falta de transparencia; Nómina Municipal (80% superior comparada con la existente en 2004); disminución a partir del 2009 en inversión en obra pública municipal, ya que del total del presupuesto solamente se destinó a pavimentación 4% y en contraste, aumentó en más de 200% el gasto en servicios públicos, al pasar de $139 millones en 2007 a 301 millones en 2009; deuda pública que creció en más de 300% en el trienio sin el debido sustento.

3.-Más de 2000 inconsistencias en la reciente entrega-recepción, cuyas observaciones fueron entregadas por la actual administración municipal al Congreso local, que suponemos incluyen la desaparición de maquinaria y equipo, del tablestacado del proyecto del Canal de la Cortadura, la existencia de adeudos sin sustento y de aviadores, que entre otras, fueron informadas por autoridades municipales a medios de comunicación.

Concluyo dejando constancia de lo que muchos tampiqueños esperamos y exigimos en torno a este caso:

JUSTICIA: Que se sancione, no con humillación social, sino con sentencia firme y que incluya a todos los que hicieron posible los malos manejos de la anterior administración municipal, ya que ahora resulta que regidores que votaron a favor en decisiones irregulares, los diputados que no fiscalizaron y aprobaron cuentas, y, colaboradores cercanos, se dicen “sorprendidos” o “engañados” pese a las denuncias públicas y formales de algunos regidores y de la suscrita realizadas desde los primeros meses de 2008.

REPARACIÓN DEL DAÑO: Los tampiqueños esperamos que el daño patrimonial causado por la pasada administración y que no es en nada cercano a los 7.8 mdp que se manejan actualmente, se restituya.

VIGILANCIA PARA QUE NO SE REPITAN MALOS MANEJOS: Que los diputados de la actual legislatura no aprueben cuentas al vapor y que, especialmente los de Tampico, fiscalicen el ejercicio de los recursos públicos como es su obligación legal. Que los regidores y síndicos municipales, vigilen el cumplimiento de los presupuestos y garanticen legalidad, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.

¿Será mucho pedir que se cumpla con la ley?

¿Dedicarías UNA HORA a la semana para MEJORAR TAMPICO?

En repetidas ocasiones he afirmado que el rechazo que expresan los ciudadanos hacia la política formal y que tiene su origen en conductas vergonzantes e irresponsables, mostradas –cada día con mayor cinismo- por partidos, gobernadores, diputados y muchos otros liderazgos del país, es una reacción entendible, pero quizás la menos conveniente, para revertir la falta de resultados de nuestro sistema democrático.

Este rechazo, ha llevado a algunos analistas a pronosticar que el abstencionismo crecerá en los próximos procesos electorales del año 2012, lo que es previsible si observamos que cada día más ciudadanos prefieren “voltearse para otro lado” cuando se trata de partidos políticos, campañas electorales, informes gubernamentales, etc.

Entonces, resulta que para hacerle frente a los problemas sociales, económicos, de salud, de impunidad, u otros de los que hoy padecemos en México, tenemos por una parte, un sistema político –que toma decisiones en nuestra representación- que está envilecido, mermado en su credibilidad y estancado en cuanto a su eficacia; y, por otra parte, una población de ciudadanos, en general apáticos, que en el mejor de los casos acuden a votar como única forma de participación ciudadana; que están poco o nada informados de los temas públicos y que cada día se alejan más de la política.

Creo que vamos por la ruta equivocada y es necesario por ello, replantearla especialmente, en la parte que nos corresponde como ciudadanos.

Es evidente que, hasta ahora, y pese a la transición democrática marcada en el año 2000, el voto ciudadano y las elecciones organizadas por el IFE, no han sido suficientes para resolver nuestros problemas –algunos muy añejos- y con ello, darle eficacia a nuestra democracia.

Estoy convencida de que la democracia no sólo requiere de elecciones libres y confiables –que no hemos logrado del todo- sino especialmente de ciudadanos que vivan día a día con una cultura democrática: que conozcan sus derechos y que los hagan valer; que participen en las decisiones de sus servidores públicos; que estén bien informados y que exijan resultados debidos a sus instituciones públicas y gobiernos.

Habría que preguntarse: ¿Cuántas horas dedicamos a la semana para descansar, para divertirnos, para practicar algún deporte, para participar en algún culto religioso o en algún club social?

Y, ¿Cuántas horas a la semana dedicamos a la mejora de nuestra ciudad? ¿Al mes? ¿Al año?

Los ciudadanos de hoy, carecemos de cultura democrática debido a que México se desarrolló a partir de un sistema autoritario, y, a la transición marcada en el año 2000 le han faltado alternativas serias y reales, con herramientas asertivas, para insertarnos en una cultura de participación que nos permita influir para mejorar nuestras condiciones de vida.

Partiendo de este diagnóstico, un grupo de ciudadanos, hemos formado una Asociación Civil a la que denominamos “CIUDADANÍA PLENA”, abierta de manera plural a todos los tampiqueños, con la finalidad de ejercer una democracia eficaz en México, sin renunciar a impulsar reformas para lograr mayor empoderamiento ciudadano, pero promoviendo con las actuales herramientas ciudadanas, una sociedad transformadora y solidaria, asumiendo una corresponsabilidad en la construcción del bien común con las administraciones públicas y los poderes del estado, impulsando su fortalecimiento mediante la aplicación de la ley, la gestión y especialmente en la rendición de cuentas.

Para ello, impulsaremos la integración de una red de comités ciudadanos para la gestión en cada una de las colonias de obras de pavimentación, bacheo, alumbrado público, entre otras; así como la formación de un observatorio ciudadano para la evaluación gubernamental, en rubros como calidad de la obra pública, legalidad del endeudamiento público, eficiencia presupuestal, transparencia, licitaciones de obras, auditoría de la obra pública para evitar obras fantasmas, etc.

Brindaremos, por ejemplo, asesoría sobre cómo ejercer los derechos de petición e información y hacerlos efectivos mediante el juicio de amparo y demás instrumentos jurídicos, en caso de omisión de la autoridad, para lograr respuestas en solicitudes de acciones u obras necesarias, como las arriba citadas.

¿No crees que vale la pena pasar de la simple crítica o, peor aún de la apatía, para dedicarle cuando menos una hora a la semana a mejorar Tampico?

Si te animas, esperamos tu visita en nuestro portal www.ciudadaniaplena.mx

¿Se eliminará la tenencia vehicular en 2012?

Contrario a lo que nos quieren hacer creer algunos gobernadores, alcaldes y líderes políticos, es un hecho que, a partir del 1° de enero de 2012, se eliminará –mediante abrogación de la ley de la materia- en todo el país, el pago del impuesto por tenencia vehicular que se creó en 1962 para financiar la realización de los juegos olímpicos de 1968; ley que sufrió durante sus casi 50 años de vigencia, diversas modificaciones, entre otras razones, para sortear el haber sido declarada inconstitucional varias veces.

Cabe mencionar que algunos estados como Querétaro, suspendieron anticipadamente su cobro; dicho estado, dejó de percibir ingresos por pago de tenencia, en un monto cercano a 400 mdp anuales, que fueron compensados, de acuerdo a lo informado públicamente por su gobernador, reduciendo salarios a los funcionarios de primer nivel y fusionando dependencias para generar ahorros en el gasto corriente.

La eliminación del pago de tenencia vehicular a nivel nacional, operará por ley y no dependerá, repito, de la voluntad de gobernadores o alcaldes; así lo disponen los artículos 3° y 4° transitorios del DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, que me permito transcribir:

“ARTÍCULO TERCERO.- Se ABROGA la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.- ARTÍCULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2012. “

Ahora bien, aclarado el punto, la pregunta es: ¿Por qué si es un hecho que la tenencia vehicular desaparece por ley el 1° de enero de 2012, hay tanta desinformación alrededor de este tema? ¿Por qué escuchamos planteamientos de gobernadores diciendo que se encuentran analizando si eliminarán o no ese impuesto?

Por una parte, creo que esos gobernadores no quieren asumir el costo político que implicará decir a los ciudadanos de sus estados que impondrán nuevos impuestos, ya sea por tenencia de vehículos (local) u otros, para compensar los recursos que dejarán de percibir por la eliminación del impuesto de tenencia federal.

Otra razón, es que esos gobernadores o sus antecesores, no realizaron una planeación fiscal, así como la tarea de optimizar sus finanzas a partir del año 2007 en que se publicó el decreto que establecía la eliminación del pago por tenencia vehicular y, por lo tanto, oficialmente sabían que dejarían de recibir participación por ese impuesto en el año 2012.

Tenemos entonces, estados que lograron organizar finanzas para enfrentar exitosamente la eliminación de la tenencia a partir de 2012 –o incluso les permitió suspenderla anticipadamente- y otros, para los cuales, cuatro años no fueron suficientes para ello.

En el caso concreto de nuestro estado de Tamaulipas, la administración estatal pasada, pese a haber recibido participaciones históricas por parte de la federación durante los últimos cuatro años de su gestión, al parecer no realizó la tarea de sanear finanzas y prepararlas fiscalmente para la eliminación de la tenencia, que implicará la disminución para el próximo año de entre 500 y 600 mdp de sus ingresos que, este año 2011 fueron superiores a los 33,163 mdp; disminución que beneficiaría a familias y empresas tamaulipecas y que representa menos del 2% de los ingresos anuales del estado.

Habrá que esperar que cada uno de los gobernadores, incluyendo el de Tamaulipas, para el caso de que decidan que enfrentarán la inminente reducción de sus ingresos por la eliminación de la tenencia en 2012, impulsando la creación de nuevos impuestos en lugar de reducir gastos, recuerden que están obligados no sólo a bien informar a la opinión pública, sino a explicar y dar cuenta de las razones de su decisión: del por qué no están en posibilidades reales –demostrables con números- de permitir el beneficio del que gozan los queretanos o que gozarán los morelenses, por citar dos ejemplos.

Esta será una buena oportunidad de que los gobernadores y demás servidores públicos, tiendan con los ciudadanos el mejor de los puentes para acercarlos y acercarse, que es en democracia lo que llamamos rendición de cuentas; pero también es momento de que, como ciudadanos, sepamos reconocer que ese puente llamado rendición de cuentas es de dos vías: los servidores públicos están obligados a trasparentar sus decisiones y explicar los motivos y fundamentos para tomarlas, pero, de igual forma, los ciudadanos estamos obligados a involucrarnos en los temas públicos para exigir que se tomen las decisiones correctas.

Es tiempo y apremia que cada quien haga su parte, ¿no lo crees?

Los que están a favor del aborto, ya nacieron: Ronald Reagan

Ha surgido nuevamente a nivel nacional el polémico debate sobre el aborto desde el punto de vista ético, moral, científico, jurídico y también social, con motivo de las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejan vigentes las reformas constitucionales de los estados de Baja California y San Luis Potosí que –con variantes en la redacción en cada caso- protegen la vida humana desde el momento de su inicio, en la concepción.

De similar forma, hay dieciséis entidades federativas más –incluida Tamaulipas- que establecen actualmente esta protección en sendas constituciones estatales, por lo que en total suman 18.

Debo señalar que este debate ha sido parte de la historia de la humanidad, generando posiciones divergentes que representan a diversos sectores de la sociedad; hoy se centra, fundamentalmente, en quienes reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción –algunos a favor de penas corporales en caso de aborto y otros a favor de sanciones no corporales- y quienes defienden por encima del derecho fundamental a la vida, la autonomía de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, estando a favor de la legalización del aborto que incluye la asignación de recursos públicos en los centros de salud gubernamentales para su práctica.

El derecho a la vida está reconocido –no otorgado- por ser un derecho natural, en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que textualmente dice: “ARTICULO 4.- DERECHO A LA VIDA.- 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley y en general, a partir del momento de la concepción.”

México, al ratificar este Pacto en 1981, presentó dos declaraciones interpretativas, una respecto de este artículo, señalando que “ … la expresión “en general” usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados”. Con esta reserva dejó abierta la posibilidad de que las jurisdicciones mexicanas legislaran sobre la materia.

Hoy, el Ejecutivo federal solicitó al Senado el retiro de tal declaración interpretativa, bajo el argumento de que a la luz de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, ya no tiene razón de ser. Habrá que esperar la respuesta a esta solicitud que tendrá jurídicamente pocas repercusiones en un sentido o en otro, desde mi personal punto de vista, ante las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Considero que lo relevante es observar que la SCJN ha sido señalada por sus inconsistencias al resolver como constitucional, por un lado la despenalización del aborto y, por otro lado, el inicio jurídico de la vida desde la concepción; ello, ante la omisión de definiciones expresas en nuestra Carta Magna.

Lo que ha quedado hasta ahora definido con base en las resoluciones de la SCJN, es que las entidades federativas pueden a través de sus Congresos Locales, legislar sobre el momento del inicio jurídico de la vida.

En resumen diré que, jurídicamente, la vida no se protege igual en todo México: nuestra Constitución Federal no define expresamente el alcance al derecho a la vida; sí lo hacen 18 constituciones estatales, entre ellas, la de Tamaulipas, protegiéndola desde la concepción; también lo hace, el mencionado Pacto de San José, con la declaración interpretativa cuyo retiro está por resolverse, así como diversos tratados en materia de Derechos Humanos; y, diversos estados y la federación contemplan derechos para los no nacidos, como el derecho al nombre, a la filiación, a la herencia, entre otros. Por su parte, el Distrito Federal penaliza el aborto sólo a partir de la decimotercera semana, lo que implica el momento en que la vida se protege.

Es muy grave que el derecho a la vida, que es presupuesto de cualquier otro derecho en el ser humano -ya que sin vida no hay nada- se determine jurídicamente en formas tan diversas, tan opuestas –rayando en lo ridículo- y desgraciadamente, creo, con poca información de la ciencia jurídica y médica; lo deseable sería permitir al fin su definición constitucional a nivel federal y así, enfocarnos decididamente a construir con base en datos duros de cuántos embarazos no deseados son producto de violaciones, de irresponsabilidad, de marginación, etc., políticas públicas que prevengan y atiendan debidamente esta grave problemática social, sin encono, respetando la dignidad del ser humano, su derecho natural a la vida, protegiendo la vida y la integridad de la mujer y en un justo equilibrio del ejercicio de la política de la ética y de la política de la responsabilidad. ¿No lo crees?

¿Qué es la Alianza para el Gobierno Abierto suscrita por México?

El martes de la semana que recién concluyó, el Gobierno de México suscribió conjuntamente con siete países más, en ceremonia realizada en Nueva York y convocados por Barack Obama, la Declaratoria para la Alianza para el Gobierno Abierto –documento impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- en el cual se comprometieron a promover la transparencia, combatir la corrupción, ampliar la participación ciudadana en los asuntos públicos y a innovar con nuevas tecnologías el acceso de los gobiernos a los ciudadanos.

Estos países son: Estados Unidos, México, Brasil, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia y Filipinas. Se estima que se sumarán a esta iniciativa 25 países más; ello durante la reunión del Comité Promotor que se realizará en Brasil en marzo de 2012.

La Alianza para el Gobierno Abierto es un esfuerzo multilateral que reconoce el reclamo de los ciudadanos de gobiernos más transparentes, efectivos y que rindan cuentas, con instituciones que permitan y fomenten la participación de la sociedad y respondan a sus necesidades y aspiraciones.

Los países signatarios, elaboraron su plan de acción que contiene compromisos concretos, atendiendo cuando menos, uno de los cinco retos establecidos: Mejora de Servicios Públicos; Aumentar la Integridad Pública; Manejo de los Recursos Públicos con Mayor Eficacia y Eficiencia; Construcción de Comunidades más seguras; y, Aumento de la rendición de Cuentas por parte de las Empresas.

Específicamente, el gobierno mexicano asumió 18 compromisos de los cuales aquí menciono algunos:

En Mejora de Servicios Públicos: El gobierno federal involucrará a los ciudadanos en la evaluación de 300 trámites de alto impacto, consolidará dos proyectos de ventanilla única para transacciones comerciales y corporativas, apoyándose en el desarrollo del portal www.gob.mx para convertirlo en herramienta interactiva de información y realización de trámites.

Aumentar la integridad Pública: Se fortalecerá la transparencia presupuestaria, a través de la publicación de inversiones, finanzas públicas, transferencias de recursos federales a las entidades federativas, entre otras.

En materia de seguridad se incrementará la información sobre incidencia delictiva a través del desarrollo de herramientas que permitan exportar la información para que el ciudadano pueda hacer su propio análisis; se dará transparencia a los criterios de distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a los gobiernos estatales y el Distrito Federal.

En cuanto a la educación, se propone continuar y ampliar la contratación de maestros por medio de concurso de plazas; ampliar el número de escuelas que participan en la prueba ENLACE, así como continuar publicando la información respecto al desempeño de los centros educativos.

Manejo de recursos públicos con Mayor Eficacia y Eficiencia: Se plantea avanzar hacia una hacienda pública con sistemas y metodologías contables homogéneas para que el gasto público se realice en forma eficiente y sea posible medir con exactitud los resultados de la gestión fiscal de todas las instituciones públicas en todos los órdenes de gobierno.

También se trabajará en el desarrollo de un Sistema Nacional de Fiscalización, cuya primera etapa de trabajo se vincula con ejercicios de auditoría en el orden estatal y municipal, en el que participarán las entidades federativas por medio de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. que agrupa a las entidades fiscalizadoras estatales y al órgano de fiscalización federal, así como la Comisión Permanente de Contralores Estados –Federación, que congrega a los Titulares de los Órganos Estatales de Control y a la Secretaría de la Función Pública.

Incrementar la rendición de cuentas corporativa: Se aumentará el número de empresas que hacen pública información sobre su gobierno corporativo y sus resultados económicos, sociales y ambientales.

Los mexicanos sabemos que falta mucho por hacer para darle eficacia a nuestra democracia. Por ello, éstas son excelentes noticias; es en un paso concreto y medible, hacia el rumbo correcto.

Bien por el Presidente Felipe Calderón; bien por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que fue invitado por la Casa Blanca en reconocimiento al trabajo que ha desarrollado durante sus 8 años de existencia a nivel federal en nuestro país.

Ahora nos tocará a los ciudadanos dar seguimiento y hacer buen uso de las herramientas que se implementarán para tener gobiernos más abiertos, ya que de nada sirve nuestra democracia, sin mexicanos demócratas que le den vida y exijan su eficacia. ¿No lo crees?....

Sucederá (poesía)

Una mariposa de azules y delicadas alas,
a volar se va sobre campos floridos,
impulsada solamente por suaves vientos de eternidad....

No cesa de volar sabiendo que el temblor de sus alas la sostiene,
hasta el momento anhelado de posarse
sobre su hermosa y aromática flor; la única.

Será entonces, cada instante tan luminoso y embriagante,
que en ellos la belleza, los aromas, los colores
y la fuerza de los vientos, tendrán sentido.

Sucederá, pues, que cualquiera que pueda mirar
a la mariposa con su flor de primavera,
contemplará en realidad al amor.....

Líderes: ¿Por qué no podemos ser el México que queremos ser?

El pasado lunes, se reunieron los llamados 300 líderes más influyentes de México convocados por los hermanos Jorge y Raúl Ferráez –de la revista “Líderes mexicanos”- entre quienes se encontraban los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, varios legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores de los estados, el presidente de la CNDH, el presidente del INEGI, embajadores del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, líderes empresariales, sociales y sindicales e integrantes de la prensa.

Los convocantes presentaron en ese foro, una propuesta para encontrar –más allá de diferencias- las coincidencias como mexicanos en la construcción del México al que todos aspiramos; invitación que denominaron “Proyecto de Nación”.

Ante ellos, el presidente Felipe Calderón pronunció un mensaje que se enmarcó en la idea concordante con la presentada de que “más que ver el por qué del México como está, hay que preguntarnos: ¿por qué no podemos ser el México que queremos ser?”.

Por ello, recordó que antes de protestar al cargo de Presidente de la República, presentó algo similar a lo allí propuesto que se llama “Proyecto México 20-30”, con metas concretas en materia de seguridad, economía, competitividad, educación, combate a la pobreza, en materia ambiental, etc., reiterando ante los presentes, su disposición a participar en ese esfuerzo.

Fue notorio y predominante en su mensaje, un tono de reproche ante los liderazgos del país por un doble discurso, incongruencia o simulación en la construcción del México que queremos.

Así les dijo: “Somos profundamente federalistas a la hora de los derechos, pero profundamente centralistas a la hora de los problemas”; ejemplificando los casos de la educación o seguridad que están en manos de las entidades federativas –en un sistema descentralizado- pero se responsabiliza con frecuencia al gobierno federal en ambos temas.

“Hablamos de reformas estructurales y ya hasta nos las sabemos de memoria. Es como aquel chiste que decía que había un reclusorio en donde los pobres presos se contaban tantas veces los mismos chistes, que ya se los decían por número y se reían. Aquí pasa lo mismo. Hablamos de las reformas estructurales: la laboral. Sí, la laboral, y ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero a la hora de la hora, no las hacemos. ¿Por qué razón, amigas y amigos?.... hay una brecha enorme entre muchos líderes de México, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre las palabras y los hechos. Y esto, también, implica una revisión a fondo de lo que queremos para el país”.

“Y creo que no es un problema de concepto. Es un problema de voluntad, y es un problema de sinceridad; se vale oponerse. Se vale decir no. Lo que creo que no se vale es, cuando estamos en un ambiente tal selecto, y somos ya, finalmente nominados a los 300, y se nos convoca a decir; queremos un país moderno, decir aquí que sí, y allá atrás a la hora de las decisiones, franca y sencillamente decir no”.

“O una de dos, o hacemos funcionar bien nuestro sistema federal, y eso implica que haya responsabilidades en estados y municipios, no nada más derechos, no nada más denos, o nada más arréglame mi bronca de seguridad, arréglame mi bronca de educación, arréglame mi bronca, hazme mi hospital, sino también deberes y que haya manera de poder exigir esos derechos, no por el Presidente, sino por una sociedad que los demanda, y que haya corresponsabilidad, no sólo en los tres niveles de Gobierno, sino en los tres Poderes de la Unión”.

En su cierre, propuso a los 300 líderes trabajar para armar consensos rápidos por ese México posible a partir de decisiones ahora, asumiendo los costos; ejercer “de a de veras” su liderazgo, no sólo en sus empresas, sino en organizaciones de la sociedad civil, candidaturas, en la política formal, todo, sin claudicar a principios e ideas.

Cuestionó: “Si la gente más sabia y la de mejor liderazgo en México, estamos todos tan de acuerdo, ¿por qué no funcionan las cosas como decimos en este selecto grupo de 300 líderes?.... Porque hace falta que en la toma de decisiones, también esos liderazgos estén presentes”.

Y remató: “¿Y por qué está México así?... Quizá porque sus mejores líderes están mejor aquí, y les puede ir mejor aquí, en términos económicos o sociales, o de prestigio, o no se mete nadie con ustedes en la prensa; que estar en política, que ir a la prueba del ácido, que es ir y encontrarse con la gente de los votos”.

Creo que el discurso del Presidente Calderón, describe bien al círculo vicioso de intereses políticos y económicos y poderes fácticos que tienen secuestrada a nuestra democracia electoral y funcional, evidenciando además, la urgente necesidad de que cada ciudadano asumamos responsabilidad en el bien de nuestra comunidad, especialmente los liderazgos, a los que llamó a “cerrar la brecha entre ciudadanos y política”.

Me pregunto: ¿habrá respuesta de los líderes para concretar el denominado “Proyecto de Nación”?

Pronto lo sabremos…...

Diputados Federales a los mexicanos: ¿Cuál es la prisa?

México enfrenta actualmente graves problemas que requieren urgente atención en cada uno de los ámbitos de responsabilidad de los tres poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial; así como de las tres esferas de competencia: federal, estatal y municipal.

Problemas como la impunidad, inseguridad, pobreza, desempleo, mala calidad educativa, entre otros, que han sido generados, en buena medida, por la debilidad de las instituciones públicas, las cuales, pese a exigencias ciudadanas, discursos y presupuestos, no acaban de responder con resultados concretos.

Gran parte de las acciones que se requieren para atender la citada problemática, corresponden al Poder Legislativo, tanto federal como de sus homólogos locales: la creación y modificación de leyes aplicables a tales materias; la distribución eficiente de presupuestos; y, especialmente, una reglamentación que garantice sanciones severas a funcionarios públicos corruptos, irresponsables o ineficientes, así como avanzar en el tema de transparencia y rendición de cuentas, para pasar de los discursos como respuesta a la indignación de la sociedad, a los resultados.

Ya es hora de que aquel funcionario ineficiente o que no rinda cuentas sea cesado y, aquel que se corrompa, sea llevado ante la justicia y sancionado o encarcelado, de manera tal que, la permanencia en los cargos públicos, sea consecuencia de los buenos resultados de su gestión.

Particularmente, están pendientes de aprobarse por el Congreso de la Unión, las reformas estructurales que urgen a nuestro país, en materias fiscal, energética, laboral, seguridad nacional, política, educativa y de sistema de justicia.

Algunas de las mencionadas reformas estructurales, como la fiscal, laboral, energética y política cobran especial relevancia en este momento de coyuntura que tenemos en puerta el impacto que generará en nuestra economía la desaceleración económica mundial.

Expertos en la materia, opinan que urge fortalecer el mercado interno, reducir la dependencia fiscal respecto a ingresos petroleros y ofrecer a los grandes inversionistas internacionales un país competitivo, viable para sus proyectos, los cuales, redundarán en el crecimiento de empleos de calidad en México y de nuestras exportaciones. Para ello, insisten en que deben aprobarse antes del año 2012, por lo menos, las reformas laboral, fiscal, energética y política.

La gravedad de los problemas arriba mencionados es de todos conocida y reconocida y no está a discusión; las acciones que se requieren para atenderse, están identificadas por analistas, expertos e incluso por organismos internacionales como la OCDE.

Sabiéndolo, muchos ciudadanos nos preguntamos: ¿Qué esperan nuestros legisladores, especialmente los diputados federales para ponerse a trabajar en la aprobación de las leyes y reformas mencionadas, en la distribución correcta del presupuesto para el próximo año y en el combate a la corrupción y la impunidad?

Desafortunadamente, nuestros legisladores federales parecen no tener ninguna prisa, se muestran indolentes “congelando reformas”, evitando periodos extraordinarios y haciendo sólo promesas como las recientes, hechas en el noticiario de televisión nacional de Joaquín López Dóriga, en voz de los coordinadores y presidentes nacionales de los tres principales partidos.

A penas esta semana que concluye, nos dieron una increíble muestra más de ello: por inasistencia de la gran mayoría de los diputados –tan sólo se presentaron 86 de los 500- se suspendió la tercera sesión ordinaria por falta de quórum en esa Cámara y, en la cámara alta, también se suspendió la sesión de trabajo al tener únicamente la asistencia de 45 de los 128 Senadores; legisladores quienes además ya preparan un puente vacacional festejar, irónicamente, la próxima semana, a la Patria que en realidad tienen en el olvido total.

La palabra indignante no alcanza a describir este escenario, al que debemos sumar, el retraso de más de 10 meses de la Cámara de Diputados en la elección de los 3 consejeros del IFE, estando a casi un mes de iniciar formalmente el proceso electoral federal 2012, empantanado simplemente por intereses partidistas, y, el aumento del 5% a las “dietas” de nuestros diputados federales, ya de por sí bastante generosas, contemplado dentro del presupuesto que tendrán que discutir y aprobar para el ejercicio 2012.

¿Así o más patético?

Es triste ver que los representantes del pueblo, electos para cuidar nuestros intereses y buscar el bien común en el ámbito legislativo, presupuestal y de fiscalización, es decir, nuestros diputados federales, aparecen en el último escalón de las encuestas sobre credibilidad de las instituciones en México, junto con los partidos políticos.

Es triste, como dije, pero sin duda y para desgracia nuestra, se lo han ganado a pulso…..

A favor de un Aeropuerto en Altamira sin perder el de Tampico

Continúa la polémica en torno al Proyecto para la Reubicación del Aeropuerto Internacional de Tampico “General Francisco Javier Mina” a la ciudad de Altamira, en virtud de que con toda razón, existen voces que defienden la construcción de un Aeropuerto en Altamira, Tamaulipas.

Concretamente, el alcalde de aquella ciudad, Pedro Carrillo Estrada, apenas hace un par de días, expresó acertadamente los motivos por los que considera que la construcción del Aeropuerto de Altamira, sería de gran beneficio para el desarrollo y crecimiento del puerto industrial de esa ciudad.

Se refirió al hecho de que Altamira es un puerto industrial de los más importantes en el país, por lo que contar con un aeropuerto lo llevaría a ser un puerto de primer nivel en Latinoamérica, pues en estos momentos compite con puertos como el de Veracruz y se asemeja su nivel al de Manzanillo.

Agregó el edil, que de la mano del aeropuerto vendrían muchas más inversiones, como es industria aeronáutica, y eso da la oportunidad de tener un transporte totalmente integrado: vía ferrocarril, marítima, terrestre y aérea.

Quienes hemos defendido públicamente la permanencia del Aeropuerto Internacional de Tampico, hemos expresado en todo momento que, pese a la enorme inversión que representa la construcción de un aeropuerto en Altamira, no se ha justificado su necesidad o pertinencia con un estudio de factibilidad económica que describa sus potenciales clientes, el número de operaciones, etc., y otro técnico respecto de las condiciones de seguridad del lugar y de su operación; con esa salvedad, hemos expresado también, que no estamos en contra de la instalación de una nueva terminal de carga en esa ciudad, que contemple un parque industrial para diversos proyectos de la industria, incluida la aeroespacial y que pudiera detonar la llegada de nuevas inversiones.

Dichos estudios, deberían ser en todo caso, el paso previo a gestionar por el alcalde de Altamira o por cualquier otro organismo o persona interesada en justificar la necesidad de la construcción de un aeropuerto en esa ciudad y así, impulsarlo de manera seria y sustentada.

También hemos dicho que una inversión de esa magnitud, siempre traería aspectos positivos a la zona donde se ubique, pero consideramos que la construcción de un Aeropuerto de carga en Altamira, podría realizarse con una inversión mucho menor a los 2,400 mdp planteados, por etapas, de manera autofinanciable y licitada, y siendo fundamental que se respete la propiedad privada y se garantice con ello los derechos de los actuales propietarios de los predios donde se pretende edificar la nueva terminal aérea.

De aquí que el segundo paso, para impulsar la construcción de un Aeropuerto viable en Altamira –si así lo indicaran los estudios antes referidos- sería plantear un proyecto adecuado, apegado a la legalidad y autofinanciable o fondeado con recursos que no provengan de la venta de los terrenos que actualmente ocupa el Aeropuerto de Tampico, que implicaría su cierre y afectación, como es lógico, a la calidad de vida de los habitantes de Tampico y a la economía de la zona.

Por todo ello insistimos en que, la construcción de un nuevo Aeropuerto de carga en Altamira para fortalecer su desarrollo industrial, no debe privarnos de los beneficios que ofrece el actual Aeropuerto de Tampico como terminal para vuelos comerciales, al ser moderno, seguro, cómodo y estratégico por su ubicación que favorece el comercio, turismo y servicios de la Región y que incluso está actualmente subutilizado por los escasos vuelos que tenemos en esta zona, por lo que demolerlo y desaprovechar su actual infraestructura sería absurdo.

Quiero también insistir en que los motivos que se plasmaron en el documento que la anterior administración estatal presentó a la SCT para justificar la Reubicación del Aeropuerto de Tampico, no están apegados a la realidad, ya que allí se afirma erróneamente que nuestro aeropuerto genera congestionamientos viales, impide la conectividad vial, contamina a nuestra zona y demerita la calidad de vida de sus habitantes.

Cabe agregar por último, que ni la Reubicación del Aeropuerto Internacional de Tampico, ni la construcción de un nuevo Aeropuerto en Altamira, se encuentran plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo o en el Plan Estatal de Desarrollo del actual gobierno de Tamaulipas, la cual, es condición necesaria para la ejecución de obras de infraestructura en nuestro país y estado.

Es fundamental que en nuestro país, las autoridades se acostumbren a rendir cuentas, lo que implica que deben justificar públicamente y de manera sustentada su actuación y cada una de sus decisiones, especialmente, cuando son trascendentales para una Región como lo sería la Reubicación del Aeropuerto de Tampico o la construcción de otro en Altamira.

Los ciudadanos confiamos que así sea y podamos conciliar, en este caso, la política con el bien común y con la legalidad.

¡Salvemos a México!

Hace poco más de un año y medio, escribí un artículo que, por su contenido, considero pertinente transcribir en estos momentos tan dolorosos para la sociedad mexicana, uniéndome a la reflexión pública, convencida de que a todos –poderes ejecutivo, legislativo y judicial; nivel federal, estatal y municipal; medios de comunicación; organizaciones de la sociedad; y, ciudadanos- nos toca formar parte de la solución a los graves problemas públicos que nos aquejan.

Especialmente, es momento de que cada uno de nosotros como mexicanos, en el día a día, seamos honestos, responsables, informados, exigentes, solidarios y rechacemos la corrupción -partiendo de nuestra vida privada a la pública- para reconstruir la paz social que hemos perdido y para contrarrestar la impunidad que hoy, pasa a todos la factura.

Con el permiso de ustedes…..

“Vivimos tiempos de decadencia: ¿Qué podemos hacer nosotros?

Violencia desmedida, corrupción, impunidad, cinismo político, ir contra natura, pérdida de valores, entre otros, son algunos de los males sociales que padecemos en nuestro querido México.

La debilidad que generan éstos se palpa en el temor que percibimos, en la falta de confianza en autoridades, en el deterioro de instituciones públicas y privadas, así como en el desánimo que de manera bastante generalizada manifiesta la gente.

Males que se comentan en el seno familiar, en los centros de trabajo, por internet y hasta en la calle, porque de una u otra manera nos afectan. También han sido motivo de “debates” políticos, con posiciones diversas, algunas sustentadas, otras muchas oportunistas, pero todas al fin, lejanas a una sociedad que no acaba por asumirse como rectora de su rumbo.

En mi opinión, estos males siguen presentes pese a la transición del régimen autoritario que los incubó (intacto en estados como el nuestro), a una democracia que mayoritariamente los rechaza, pero que no termina de dar los resultados esperados precisamente porque no cuenta con el motor indispensable para ello: el acompañamiento, la evaluación y la expresión clara de la sociedad respecto a lo que quiere.

La transición no fue suficiente para que nuestro entorno cambiara eficazmente ya que los intereses existentes durante el régimen autoritario, buscaron formas para sobrevivir en la naciente democracia y lograron conservar sus espacios de poder, haciéndola parecer como sistema fracasado, lo cual es falso.

En democracia todos los ciudadanos tienen el mismo derecho para expresarse y decidir, pero precisamente es en ese ejercicio real, es decir, en la verdadera participación ciudadana, que radica la posibilidad de que se obtenga lo que mayoritariamente queremos y que evidentemente no tenemos ahora.

Los males que vivimos, no son responsabilidad sólo de gobiernos o instituciones, ya que incluso los gobiernos e instituciones son producto y reflejo de nosotros, la sociedad.

Por ello, el mejor antídoto a la decadencia que padecemos es asumir de una vez por todas, nuestra responsabilidad como sociedad, no sólo con el voto, sino participando de manera más amplia y permanente: trasladando nuestras opiniones del nivel privado al público de manera sustentada; iniciando un diálogo abierto, informado y respetuoso entre las diversas organizaciones de la sociedad civil para lograr primero acuerdos concretos de las necesidades y prioridades de nuestra ciudad, estado y país, y una vez definidas éstas, buscar la atención de las autoridades obligadas a aplicar los recursos de nuestros impuestos, en acciones concretas para el bien común.

Ejemplo de ello podría ser, el diálogo que se requiere en el tema de la reubicación del aeropuerto de Tampico, que de manera sorpresiva se anunció sin explicación lógica en opinión de muchos ciudadanos y especialistas, para que una vez definida una postura, se convoque a las autoridades con la fuerza que sólo puede tener una sociedad que sabe lo que quiere y lo manifiesta.

Es conocida la expresión de Ortega y Gasset (Meditaciones del Quijote) que cae en el marco de estas consideraciones: “Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo”.

Salvemos a nuestra comunidad de esta decadencia, somos mayoría y en democracia, las mayorías decidimos.”

Queda claro que no hay nada claro en el llamado caso OPI.

A más de una semana de haber surgido en un medio informativo de Monterrey la versión sobre la existencia de una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tampico, Oscar Rolando Pérez Inguanzo, esta información no se ha confirmado o negado, oficialmente, por las autoridades encargadas de la procuración de justicia en Tamaulipas.

La notoria desinformación, creada por el silencio oficial de las autoridades competentes en nuestro estado, abona a la desconfianza y falta de credibilidad que los ciudadanos manifiestan de manera generalizada, en relación a quienes ejercen el poder público.

En Tamaulipas, son muy pocos los que confían en que esta vez sí se actuará; que no habrá otro caso más de impunidad; y, que por fin sabremos, lo que realmente sucedió en la pasada administración municipal de Tampico.

Durante la semana que concluyó, surgieron versiones en diferentes medios informativos totalmente contradictorias: en algunos se afirmó que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Tamaulipas, diputado Gustavo Torres Salinas habría confirmado la existencia de la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tampico Pérez Inguanzo; en otros, exactamente lo contrario.

Respecto a las supuestas declaraciones de la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza, que dieron origen a este tema mediático, no se supo más.

En mi anterior colaboración, hice una recopilación de los antecedentes de este caso y, especialmente, enumeré las denuncias cuya existencia era conocida. A la fecha, no existe información que indique que de alguna de las mencionadas denuncias, pudiera haber surgido, la referida orden de aprehensión.

A esa lista de denuncias, tal vez debe agregarse una más: la que se supo fue presentada por habitantes de la llamada “invasión Mano con Mano” de este municipio, con motivo de su desalojo de los terrenos que ocupaban y por el uso excesivo de la fuerza pública ordenado por autoridades municipales durante la pasada administración.

Es una pena que en este caso tan lamentable, la desinformación va y viene, ante el silencio de las autoridades competentes en Tamaulipas y, sobre todo, ante la indignación de los tampiqueños y de muchos tamaulipecos.
Ante lo sucedido, las preguntas obligadas son:

¿A qué se debe el silencio de las autoridades competentes?

¿Por qué el Ayuntamiento de Tampico solamente ha presentado una denuncia por fraude genérico por el caso concreto de la firma de un contrato, a favor de una empresa, que le ha demandado civilmente su cumplimiento y no, como los tampiqueños estamos esperando, por todos los hechos irregulares cometidos durante la pasada administración municipal que públicamente se han dado a conocer?

¿Habrá, finalmente, sanciones ejemplares para quienes hubieren actuado indebidamente en la pasada administración municipal?

¿Cuántos políticos se pondrían a temblar si el ex alcalde de Tampico fuera llevado ante las autoridades judiciales y se viera en la necesidad de explicar lo que pasó con las finanzas de su administración?

¿Será por eso que solamente parece un caso mediático y no jurídico, de donde únicamente resultará un nuevo “villano favorito”?

¿Se estará apostando así al olvido, especialmente, al de los electores?

Como lo dijo el filósofo y político romano Lucio Anneo Séneca, “el tiempo descubre la verdad”; creo que en el llamado caso OPI, así será…….

¿Hay novedades en el llamado caso OPI?

Recientemente ha surgido versión -no confirmada oficialmente- en un medio informativo de Monterrey, sobre la existencia de orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tampico, Oscar Rolando Pérez Inguanzo.

Allí se afirma que la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, dijo en entrevista en un evento al que asistió en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que pronto habrá avances de la justicia local sobre el caso de Pérez Inguanzo: "Me queda claro, que el Gobierno actual (ETC) quiere demostrar que efectivamente el trabajo que se quiere es honesto, es transparente y por esa misma razón estoy segura que va haber resultados".

También expresa que la Alcaldesa detalló que el accionar de la ley se dirigiría contra el ex Presidente Municipal y otros de los funcionarios que colaboraron en la pasada administración: "Contra el ex Alcalde, por supuesto, que yo creo que va a ser colateral".

Desconozco si sean veraces tanto la presunta existencia de orden de aprehensión, como las supuestas declaraciones de la alcaldesa de nuestra ciudad; por esta razón, y en virtud de ser un tema tan doloroso para los tampiqueños, la mañana de ayer en rueda de prensa, pedí como ciudadana que el Procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas saliera a informar del tema hasta donde la ley se lo permita.

A reserva de que la confirmación oficial pueda surgir como sería deseable, me permitiré en esta oportunidad, hacer una relatoría de algunos datos relevantes que se conocen sobre el caso y sobre las denuncias que se han presentado ante diversas autoridades:

ANTECEDENTES

1).- Es público y de todos sabido, con base en un conocimiento empírico, que existieron graves irregularidades en la administración municipal 2008-2010 de la puede resultar responsabilidad para el ex alcalde, síndicos, tesorero y algunos

2).- Existen además evidencias documentadas de ello en el reporte derivado de la Revisión extraordinaria del ejercicio 2008, practicada durante el año 2009, por la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

3).- Obran cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y el Congreso Local presentadas por algunos regidores del PAN sobre innumerables anomalías, que los llevaros incluso a argumentar y votar contra las propuestas presentadas en sesiones de cabildo, lo que consta en las actas respectivas.

4).- Se cuenta con el soporte documental “comprobatorio” de los recursos públicos federales, estatales y propios obtenidos, que debieron ser aplicados de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo; soporte que está, una parte en poder de la Auditoría Superior del Congreso del estado de Tamaulipas, y el resto, en el actual Ayuntamiento de Tampico.

5).- La legislatura anterior del Congreso local no realizó debidamente su función de Vigilancia y Fiscalización de los recursos públicos ejercidos durante el periodo 2008-2010; responsabilidad que incumplieron especialmente los legisladores de los distritos de Tampico, Magdalena Peraza Guerra y Miguel Manzur Nader.

6).- La Auditoria Superior no realizó un adecuado análisis de dichas cuentas públicas y con base a sus “dictámenes”, la pasada legislatura las aprobó por mayoría de manera, por lo menos, irresponsable.

7).- La actual legislatura sigue sin dar resultados concretos sobre el caso, aunque ha anunciado que habrá reporte (no sabemos en qué sentido) durante el ya muy cercano mes de septiembre.

DENUNCIAS PRESENTADAS

1).- Hace dos años presenté la primera de ellas –sobre desvíos de recursos federales detectados en el ejercicio 2008 en el rubro de pavimentación- ante la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la cual derivó en una serie de observaciones que a la fecha siguen su curso en total secrecía.

2).- La segunda denuncia sobre Juicio Político, fue presentada ante la pasada legislatura local por la regidora panista Gabriela Segura, la cual no prosperó al ser bloqueada por los diputados del PRI, PANAL y PVEM, entre los que destaca el voto de la entonces diputada del PRI por Tampico y actual alcaldesa, Magdalena Peraza Guerra.

3).- Existen dos más presentadas, en el presente año, por asociaciones civiles locales, una de ellas del Movimiento Ciudadano.

4).- Ha trascendido, sin que exista confirmación pública, que apenas en julio del presente año el Ayuntamiento de Tampico presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

De resultar cierta la existencia de una orden de aprehensión, sería bueno conocer de cuál proceso surge y si se encuentra debidamente sustentada para que pueda prosperar, o bien, si sucederá como en otros lamentables casos, que se trata solamente de un tema mediático…… Sin duda, pronto habrá respuestas.

Reforma Política… ¿Ya? (II)

La exigencia sobre la aprobación de la Reforma Política se ha posicionado como tema ante la opinión pública nacional. Considero que resulta de suma importancia revisar, punto por punto, el dictamen aprobado en la Cámara de Senadores para tener una idea más concreta de la propuesta que se discutirá en la Cámara de Diputados, para que, en caso de aprobarse, se aprovechen las ventajas logradas para una mayor participación democrática y se eviten falsas expectativas de que la Reforma Política erradicará la disfunción política que actualmente padecemos.

En esta oportunidad, analizaremos y evaluaremos las Candidaturas Independientes y el posible impacto que generarían.

La redacción modificada de la fracción II del artículo 35 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que posibilita la existencia de las candidaturas independientes, es la siguiente:

“Son derechos del ciudadano: ……. II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos y a los ciudadanos que de manera independiente cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.”

Considero que las candidaturas independientes, de aprobarse en los términos antes apuntados, sí aportarían cambios positivos para mejorar la democracia representativa en México, sin dejar de advertir que existen riesgos en materia de registro, financiamiento y fiscalización de los recursos de campañas electorales, los cuales tendrían que regularse para reducirlos y controlarlos en lo posible, en la legislación secundaria.

Además de significar una restitución de un derecho fundamental en materia política, las candidaturas independientes, permitirían un mejor y más libre ejercicio del derecho de elegir de los ciudadanos; se fortalecería de forma completa el derecho ciudadano en sus dos vías: VOTAR y SER VOTADO.

Al permitir el registro de candidatos no postulados por partidos se abriría a los ciudadanos el sistema partidista actualmente rechazado por el “monopolio” que representan y que se ha denominado “partidocracia”; acercaría la política a los ciudadanos hoy decepcionados y que “dan la espalda a todo lo que huela a partidos políticos o elecciones”, al hacer posible la existencia de más oferta electoral y, la construcción de proyectos independientes encabezados por liderazgos sociales.

Ello permitiría especialmente al dar más opciones para ejercer el voto ciudadano, reducir el abstencionismo y figuras como el voto nulo, fortaleciendo nuestra democracia en su vertiente formal o electoral.

También incentivaría la competencia electoral –favoreciendo la participación del electorado- toda vez que las candidaturas independientes motivarían a los partidos a presentar mejores candidatos al abrirse el abanico al elector para que los castigue, de no hacerlo, votando por los independientes.

Los riesgos que algunas voces advierten, se centran por citar algún ejemplo, en que los legisladores electos mediante candidaturas independientes podrían relajar la disciplina partidista en el Congreso, obstaculizando las negociaciones y los acuerdos. Al respecto se debe señalar que las candidaturas independientes de ninguna forma suplirían a los partidos como instituciones políticas fundamentales, sino que los complementarían.

Sería difícil esperar que surjan y triunfen candidatos independientes en un número significativo para poner en riesgo la mecánica legislativa, además de que, el legislador independiente podrá sumarse a una o más fracciones parlamentarias en cada caso concreto para lograr acuerdos, integrándose y dando incluso vigor a la dinámica camaral.

De igual forma, se considera como otros riesgos, permitir con relativa facilidad el registro de candidatos independientes o, al otro extremo, imponer tantos requisitos que las hagan imposibles; el acceso y fiscalización del financiamiento para campañas ya que, tanto al negarles recursos los dejaría en desventaja con los candidatos de partidos, así como al relajar totalmente la regulación en materia de financiamiento.

Sobre ello, considero que establecer como requisito el aval del 1% de los electores del ámbito de que se trate, dar acceso al financiamiento público y regularlo debidamente, sería un escenario que haría funcionales las candidaturas independientes con los beneficios antes expuestos.

Reforma Política… ¿Ya? (I)

En abril del presente año, el Senado de la República aprobó la modificación de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, habiendo remitido el dictamen así aprobado a la Cámara de Diputados como cámara revisora.

Es de todos sabido que a la fecha, la referida reforma se estancó en la Cámara de Diputados sin que se haya abierto un periodo extraordinario para su atención y que por ello, han surgido cada vez con mayor fuerza, voces de diversos grupos de ciudadanos y liderazgos -a los que la que aquí escribe se ha sumado- que exigimos por diversos medios, incluyendo las redes sociales como el twitter, su aprobación bajo la consigna de “REFORMA POLÍTICA YA”.

De forma destacada, el llamado “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” que encabeza el poeta Javier Sicilia incluyó dentro de los temas de diálogo con legisladores sostenido el pasado jueves, el de la necesidad de que los Diputados aprueben la Reforma Política enviada por el Senado, ante lo que ha señalado como una emergencia nacional por la incapacidad de ofrecer soluciones a los problemas sociales que padecemos actualmente.

Afortunadamente y como debe ser en todo sistema democrático, el tema se ha posicionado en la opinión pública y por ello, considero importante ofrecer información básica del mismo ya que he percibido un amplio desconocimiento de lo que implica la denominada “Reforma Política” incluso entre quienes la “ven con buenos ojos”.

En esta colaboración expondré de manera resumida en qué consiste tal reforma con la finalidad de que contemos con elementos para enriquecer el diálogo cotidiano y las opiniones sobre ella; la semana próxima, ofreceré una evaluación sobre el impacto que pudieran tener estas reformas en nuestra sociedad, tratando de dimensionar lo que podremos esperar de ellas.

Estos son los puntos más destacables del dictamen de la Reforma Política aprobado en el Senado:

1.- CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: Se introduce a la Carta Magna la base normativa para la existencia y regulación de las candidaturas independientes, a todos los cargos de elección popular, tanto federales como locales.

2.- INICIATIVA CIUDADANA: Se avaló que los ciudadanos sean contemplados como sujetos constitucionalmente legitimados para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, siempre que esas iniciativas cuenten con el respaldo de al menos el equivalente al 0.25 por ciento de la lista nominal de electores.

3.- REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL: En cuanto a las consultas populares, se estableció que éstas se realizarán cuando se trate sobre asuntos de trascendencia nacional y podrán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República.

De igual forma, cuando lo requiera el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, así como los ciudadanos en un número igual, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

Los senadores dejaron en claro que cuando la petición se haga por parte del Ejecutivo o del Legislativo ésta deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

Se estableció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

4.- REELECCIÓN DE LEGISLADORES: En forma inmediata y mediata de senadores y diputados; los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos.

5.- OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO: En el ámbito del Poder Ejecutivo se acordó que éste pueda hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación en un plazo de diez días hábiles.

6.- INICIATIVA PREFERENTE: Asimismo, el presidente de la República tendrá la facultad de presentar iniciativas para trámite preferente, con objeto de que éstas sean resueltas por el Congreso en un breve lapso.

7.- SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: También, acordaron que cuando el Ejecutivo solicite licencia para separarse del cargo será sólo hasta por 60 días y una vez autorizado por el Congreso, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.

En caso de la falta absoluta del presidente de la República y si el Congreso no estuviese en sesiones, se estableció que la Comisión Permanente llame inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales.

8.- ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS: Por último, a propuesta del senador panista Ramón Galindo Noriega, se aprobó una adición al artículo 115 constitucional, a efecto de que las constituciones de los estados definan las bases para la elección de los ayuntamientos.