FELIPE CALDERÓN
Ya se acerca el día de muertos,
Y la huesuda impaciente,
Afanosa busca y busca,
Mortales pa’ hacerlos clientes.
Primero pasó por los Pinos,
Buscando al mero patrón,
Pero cuál sería su sorpresa,
Que ya iba rumbo al panteón.
Felipe murió tranquilo,
Pues en vida siempre luchó,
Con gran valentía y coraje,
Y nunca se nos rajó.
La Catrina miró anonadada,
Muchas flores y más gente,
Cientos y cientos de mexicanos,
Lloraban a su presidente.
Gritando desgarradoramente,
Reclamaban su pronta muerte,
¿Por qué se llevan a Felipe,
Habiendo tanto indecente?
Los dolientes se preguntaban,
Sin poderlo responder,
Ahora sin nuestro presidente,
¿Quién nos podrá a defender?
JOSEFINA VAZQUEZ MOTA
La Parca en su lista incluyó,
Uno que otro presidenciable,
En primer lugar apareció,
Una mujer respetable.
Difícil será la encomienda,
De llevarse a Vázquez Mota,
Pues la parca enfrentará,
A quien no conoce derrota.
La siguió por todas partes
Y por fin la acorraló,
“No temas” le dijo la flaca,
“Que al cielo te llevo yo”.
Los panistas mucho le lloran,
Y lamentan su mala suerte,
Iba arriba en las encuestas,
Y la quería mucho la gente.
La calaca sin miramientos,
Se llevó a quién se comenta,
Que con carisma y trabajo,
Sería primera presidenta.
ENRIQUE PEÑA NIETO
La Catrina siguió su camino,
En el Estado de México paró,
Buscando a un político guapo,
Que sale a diario en televisión.
De pronto sus huesos temblaron,
Cuando a lo lejos escuchó,
En un mitin mujeres gritando,
¡Con éste me quedó yo!
La parquita nunca esperó,
Que al acercarse a Peña Nieto,
De frente se le atravesó,
“La Gaviota” pa' defenderlo.
Ni tarde ni perezosa,
La Catrina se apresuró,
Y esquivando a “La Gaviota”,
Del copete se lo llevó.
Ya le lloran los del PRI
Y también los del PANAL
Que juntitos a los Pinos,
Soñaban en regresar.
Salinas, Gordillo y Moreira,
No paran de sollozar,
Mientras el senador Manlio Fabio,
Hasta las “gracias” fue a dar.
EGIDIO TORRE CANTÚ
En Tamaulipas reinó el asombro,
Cuando la Catrina decidió,
Sin importarle las consecuencias,
Llevarse al gobernador.
La gente no perdonaba,
A la huesuda su acción,
Pues Egidio apenas iniciaba,
Las estrategias de su gestión.
Coordinación con el Presidente,
En materia de seguridad,
Y un manejo transparente,
Había ofrecido realizar.
La rudeza de la muerte robó,
A los tamaulipecos la esperanza,
De exigir a Torre Cantú,
Resultados de su gobernanza.
Egidio pasó a mejor vida,
Nunca más podrá gobernar,
Pero en su tierra se preguntan,
¿A dónde vamos a dar?
DIPUTADOS FEDERALES
Los mexicanos con mucha urgencia,
Gritaban desesperados,
Que la parca los ayudara,
A llevarse a los diputados.
La muerte no comprendía,
La actitud de los ciudadanos,
Primero, votando por ellos,
Y después tan rechazados.
Poco tiempo le bastó
A la Catrina pa’ conocer,
Las razones y motivos,
De ese extraño proceder.
Reformas congeladas;
Dietas elevadas;
El país democracia exigiendo,
Y ellos en la Cámara bebiendo.
Viendo a México enardecido,
La parca se compadeció,
Y a los 500 completitos,
Al infierno se los llevó.
Ellos arden entre llamas,
Por su funesta actuación,
Al tiempo que mexicanos,
Celebran con emoción.
http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9053017
lunes, 31 de octubre de 2011
lunes, 24 de octubre de 2011
¿Habrá justicia en el llamado caso OPI?
De acuerdo a información proporcionada por el juez responsable del caso y reproducida en medios de comunicación, al ex alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo, se le acusa –junto con uno de sus síndicos y su tesorero municipal- por delitos “no graves” que originaron un daño a la hacienda pública de poco más de 7.8 mdp.
Al parecer, los hechos que se les imputan, se refieren a la contratación de un préstamo quirografario con Banregio sin contar con facultades para ello y los delitos que pueden configurarse no son graves, por lo que el ex alcalde, solicitó y obtuvo el beneficio de la libertad bajo caución cuyo monto se fijó en 8.1 mdp; cantidad que hasta el momento de escribir esta colaboración no había cubierto y por lo tanto, continuaba detenido a disposición del juez.
Este domingo, a las 15:40 horas, el juez debe decidir la situación jurídica del ex alcalde de Tampico con el dictado de un auto de libertad o de formal prisión.
En caso de determinarse auto de formal prisión, no significará que el ex alcalde es legalmente culpable, ya que tan sólo implica el inicio de un proceso penal en el cual las partes –ministerio público e inculpados- podrán ofrecer y desahogar pruebas hasta que se dicte sentencia condenatoria o absolutoria. En este escenario, habrá que esperar meses o años para saber si se impondrá alguna pena corporal al ex alcalde y si se reparará el daño a nuestra ciudad, determinado ahora por apenas 7.8 mdp.
Será derecho del ex alcalde, en caso de recibir auto de formal prisión, impugnarlo ante la justicia federal, la que podrá revocarlo si considera que existieron violaciones a garantías individuales; situación que es relativamente frecuente a nivel nacional, como lo hemos visto en casos relevantes donde prevalece la impunidad. Así, puede suceder que se dicte auto de formal prisión y en pocos meses se revoque –quedando en libertad- por “defectos”.
Independientemente de la decisión del juez de la causa en el dictado de auto de libertad o de formal prisión y de la posible impugnación del segundo, en mi opinión será difícil hablar de justicia en el presente caso, dado que desde su origen, la acusación formulada contra el ex alcalde Oscar Pérez Inguanzo, es muy limitada, ya que solamente considera “irregular” la contratación de un préstamo quirografario y determina –como se sabe- un “daño” por tan solo 7.8 mdp.
Es decir, la acusación deja fuera un cúmulo de irregularidades detectadas y documentadas en la administración que encabezó Oscar Pérez Inguanzo, que originaron un enorme daño a nuestra ciudad, algunas de las cuales me permito nuevamente enlistar:
1.- Inconsistencias en pavimentación en 2008, dónde se documentó que el 50% de lo reportado como pavimentado, en realidad no lo estaba y derivó en señalamientos de la ASF de la Cámara de Diputados, en su Reporte de ese ejercicio. También en 2009 se denunció y documentó que de las 63 cuadras reportadas como pavimentadas, 53 no lo estaban y 39 incluso estaban sin iniciar.
2.- Denuncias y cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y ante el Congreso Local –incluyendo la de Juicio Político- presentadas por regidores del PAN sobre innumerables anomalías que los llevaron incluso a argumentar y votar contra propuestas presentadas en sesiones de cabildo; lo que fue difundido en medios de comunicación y consta en las actas respectivas en temas como: Falta de transparencia; Nómina Municipal (80% superior comparada con la existente en 2004); disminución a partir del 2009 en inversión en obra pública municipal, ya que del total del presupuesto solamente se destinó a pavimentación 4% y en contraste, aumentó en más de 200% el gasto en servicios públicos, al pasar de $139 millones en 2007 a 301 millones en 2009; deuda pública que creció en más de 300% en el trienio sin el debido sustento.
3.-Más de 2000 inconsistencias en la reciente entrega-recepción, cuyas observaciones fueron entregadas por la actual administración municipal al Congreso local, que suponemos incluyen la desaparición de maquinaria y equipo, del tablestacado del proyecto del Canal de la Cortadura, la existencia de adeudos sin sustento y de aviadores, que entre otras, fueron informadas por autoridades municipales a medios de comunicación.
Concluyo dejando constancia de lo que muchos tampiqueños esperamos y exigimos en torno a este caso:
JUSTICIA: Que se sancione, no con humillación social, sino con sentencia firme y que incluya a todos los que hicieron posible los malos manejos de la anterior administración municipal, ya que ahora resulta que regidores que votaron a favor en decisiones irregulares, los diputados que no fiscalizaron y aprobaron cuentas, y, colaboradores cercanos, se dicen “sorprendidos” o “engañados” pese a las denuncias públicas y formales de algunos regidores y de la suscrita realizadas desde los primeros meses de 2008.
REPARACIÓN DEL DAÑO: Los tampiqueños esperamos que el daño patrimonial causado por la pasada administración y que no es en nada cercano a los 7.8 mdp que se manejan actualmente, se restituya.
VIGILANCIA PARA QUE NO SE REPITAN MALOS MANEJOS: Que los diputados de la actual legislatura no aprueben cuentas al vapor y que, especialmente los de Tampico, fiscalicen el ejercicio de los recursos públicos como es su obligación legal. Que los regidores y síndicos municipales, vigilen el cumplimiento de los presupuestos y garanticen legalidad, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
¿Será mucho pedir que se cumpla con la ley?
Al parecer, los hechos que se les imputan, se refieren a la contratación de un préstamo quirografario con Banregio sin contar con facultades para ello y los delitos que pueden configurarse no son graves, por lo que el ex alcalde, solicitó y obtuvo el beneficio de la libertad bajo caución cuyo monto se fijó en 8.1 mdp; cantidad que hasta el momento de escribir esta colaboración no había cubierto y por lo tanto, continuaba detenido a disposición del juez.
Este domingo, a las 15:40 horas, el juez debe decidir la situación jurídica del ex alcalde de Tampico con el dictado de un auto de libertad o de formal prisión.
En caso de determinarse auto de formal prisión, no significará que el ex alcalde es legalmente culpable, ya que tan sólo implica el inicio de un proceso penal en el cual las partes –ministerio público e inculpados- podrán ofrecer y desahogar pruebas hasta que se dicte sentencia condenatoria o absolutoria. En este escenario, habrá que esperar meses o años para saber si se impondrá alguna pena corporal al ex alcalde y si se reparará el daño a nuestra ciudad, determinado ahora por apenas 7.8 mdp.
Será derecho del ex alcalde, en caso de recibir auto de formal prisión, impugnarlo ante la justicia federal, la que podrá revocarlo si considera que existieron violaciones a garantías individuales; situación que es relativamente frecuente a nivel nacional, como lo hemos visto en casos relevantes donde prevalece la impunidad. Así, puede suceder que se dicte auto de formal prisión y en pocos meses se revoque –quedando en libertad- por “defectos”.
Independientemente de la decisión del juez de la causa en el dictado de auto de libertad o de formal prisión y de la posible impugnación del segundo, en mi opinión será difícil hablar de justicia en el presente caso, dado que desde su origen, la acusación formulada contra el ex alcalde Oscar Pérez Inguanzo, es muy limitada, ya que solamente considera “irregular” la contratación de un préstamo quirografario y determina –como se sabe- un “daño” por tan solo 7.8 mdp.
Es decir, la acusación deja fuera un cúmulo de irregularidades detectadas y documentadas en la administración que encabezó Oscar Pérez Inguanzo, que originaron un enorme daño a nuestra ciudad, algunas de las cuales me permito nuevamente enlistar:
1.- Inconsistencias en pavimentación en 2008, dónde se documentó que el 50% de lo reportado como pavimentado, en realidad no lo estaba y derivó en señalamientos de la ASF de la Cámara de Diputados, en su Reporte de ese ejercicio. También en 2009 se denunció y documentó que de las 63 cuadras reportadas como pavimentadas, 53 no lo estaban y 39 incluso estaban sin iniciar.
2.- Denuncias y cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y ante el Congreso Local –incluyendo la de Juicio Político- presentadas por regidores del PAN sobre innumerables anomalías que los llevaron incluso a argumentar y votar contra propuestas presentadas en sesiones de cabildo; lo que fue difundido en medios de comunicación y consta en las actas respectivas en temas como: Falta de transparencia; Nómina Municipal (80% superior comparada con la existente en 2004); disminución a partir del 2009 en inversión en obra pública municipal, ya que del total del presupuesto solamente se destinó a pavimentación 4% y en contraste, aumentó en más de 200% el gasto en servicios públicos, al pasar de $139 millones en 2007 a 301 millones en 2009; deuda pública que creció en más de 300% en el trienio sin el debido sustento.
3.-Más de 2000 inconsistencias en la reciente entrega-recepción, cuyas observaciones fueron entregadas por la actual administración municipal al Congreso local, que suponemos incluyen la desaparición de maquinaria y equipo, del tablestacado del proyecto del Canal de la Cortadura, la existencia de adeudos sin sustento y de aviadores, que entre otras, fueron informadas por autoridades municipales a medios de comunicación.
Concluyo dejando constancia de lo que muchos tampiqueños esperamos y exigimos en torno a este caso:
JUSTICIA: Que se sancione, no con humillación social, sino con sentencia firme y que incluya a todos los que hicieron posible los malos manejos de la anterior administración municipal, ya que ahora resulta que regidores que votaron a favor en decisiones irregulares, los diputados que no fiscalizaron y aprobaron cuentas, y, colaboradores cercanos, se dicen “sorprendidos” o “engañados” pese a las denuncias públicas y formales de algunos regidores y de la suscrita realizadas desde los primeros meses de 2008.
REPARACIÓN DEL DAÑO: Los tampiqueños esperamos que el daño patrimonial causado por la pasada administración y que no es en nada cercano a los 7.8 mdp que se manejan actualmente, se restituya.
VIGILANCIA PARA QUE NO SE REPITAN MALOS MANEJOS: Que los diputados de la actual legislatura no aprueben cuentas al vapor y que, especialmente los de Tampico, fiscalicen el ejercicio de los recursos públicos como es su obligación legal. Que los regidores y síndicos municipales, vigilen el cumplimiento de los presupuestos y garanticen legalidad, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
¿Será mucho pedir que se cumpla con la ley?
lunes, 17 de octubre de 2011
¿Dedicarías UNA HORA a la semana para MEJORAR TAMPICO?
En repetidas ocasiones he afirmado que el rechazo que expresan los ciudadanos hacia la política formal y que tiene su origen en conductas vergonzantes e irresponsables, mostradas –cada día con mayor cinismo- por partidos, gobernadores, diputados y muchos otros liderazgos del país, es una reacción entendible, pero quizás la menos conveniente, para revertir la falta de resultados de nuestro sistema democrático.
Este rechazo, ha llevado a algunos analistas a pronosticar que el abstencionismo crecerá en los próximos procesos electorales del año 2012, lo que es previsible si observamos que cada día más ciudadanos prefieren “voltearse para otro lado” cuando se trata de partidos políticos, campañas electorales, informes gubernamentales, etc.
Entonces, resulta que para hacerle frente a los problemas sociales, económicos, de salud, de impunidad, u otros de los que hoy padecemos en México, tenemos por una parte, un sistema político –que toma decisiones en nuestra representación- que está envilecido, mermado en su credibilidad y estancado en cuanto a su eficacia; y, por otra parte, una población de ciudadanos, en general apáticos, que en el mejor de los casos acuden a votar como única forma de participación ciudadana; que están poco o nada informados de los temas públicos y que cada día se alejan más de la política.
Creo que vamos por la ruta equivocada y es necesario por ello, replantearla especialmente, en la parte que nos corresponde como ciudadanos.
Es evidente que, hasta ahora, y pese a la transición democrática marcada en el año 2000, el voto ciudadano y las elecciones organizadas por el IFE, no han sido suficientes para resolver nuestros problemas –algunos muy añejos- y con ello, darle eficacia a nuestra democracia.
Estoy convencida de que la democracia no sólo requiere de elecciones libres y confiables –que no hemos logrado del todo- sino especialmente de ciudadanos que vivan día a día con una cultura democrática: que conozcan sus derechos y que los hagan valer; que participen en las decisiones de sus servidores públicos; que estén bien informados y que exijan resultados debidos a sus instituciones públicas y gobiernos.
Habría que preguntarse: ¿Cuántas horas dedicamos a la semana para descansar, para divertirnos, para practicar algún deporte, para participar en algún culto religioso o en algún club social?
Y, ¿Cuántas horas a la semana dedicamos a la mejora de nuestra ciudad? ¿Al mes? ¿Al año?
Los ciudadanos de hoy, carecemos de cultura democrática debido a que México se desarrolló a partir de un sistema autoritario, y, a la transición marcada en el año 2000 le han faltado alternativas serias y reales, con herramientas asertivas, para insertarnos en una cultura de participación que nos permita influir para mejorar nuestras condiciones de vida.
Partiendo de este diagnóstico, un grupo de ciudadanos, hemos formado una Asociación Civil a la que denominamos “CIUDADANÍA PLENA”, abierta de manera plural a todos los tampiqueños, con la finalidad de ejercer una democracia eficaz en México, sin renunciar a impulsar reformas para lograr mayor empoderamiento ciudadano, pero promoviendo con las actuales herramientas ciudadanas, una sociedad transformadora y solidaria, asumiendo una corresponsabilidad en la construcción del bien común con las administraciones públicas y los poderes del estado, impulsando su fortalecimiento mediante la aplicación de la ley, la gestión y especialmente en la rendición de cuentas.
Para ello, impulsaremos la integración de una red de comités ciudadanos para la gestión en cada una de las colonias de obras de pavimentación, bacheo, alumbrado público, entre otras; así como la formación de un observatorio ciudadano para la evaluación gubernamental, en rubros como calidad de la obra pública, legalidad del endeudamiento público, eficiencia presupuestal, transparencia, licitaciones de obras, auditoría de la obra pública para evitar obras fantasmas, etc.
Brindaremos, por ejemplo, asesoría sobre cómo ejercer los derechos de petición e información y hacerlos efectivos mediante el juicio de amparo y demás instrumentos jurídicos, en caso de omisión de la autoridad, para lograr respuestas en solicitudes de acciones u obras necesarias, como las arriba citadas.
¿No crees que vale la pena pasar de la simple crítica o, peor aún de la apatía, para dedicarle cuando menos una hora a la semana a mejorar Tampico?
Si te animas, esperamos tu visita en nuestro portal www.ciudadaniaplena.mx
Este rechazo, ha llevado a algunos analistas a pronosticar que el abstencionismo crecerá en los próximos procesos electorales del año 2012, lo que es previsible si observamos que cada día más ciudadanos prefieren “voltearse para otro lado” cuando se trata de partidos políticos, campañas electorales, informes gubernamentales, etc.
Entonces, resulta que para hacerle frente a los problemas sociales, económicos, de salud, de impunidad, u otros de los que hoy padecemos en México, tenemos por una parte, un sistema político –que toma decisiones en nuestra representación- que está envilecido, mermado en su credibilidad y estancado en cuanto a su eficacia; y, por otra parte, una población de ciudadanos, en general apáticos, que en el mejor de los casos acuden a votar como única forma de participación ciudadana; que están poco o nada informados de los temas públicos y que cada día se alejan más de la política.
Creo que vamos por la ruta equivocada y es necesario por ello, replantearla especialmente, en la parte que nos corresponde como ciudadanos.
Es evidente que, hasta ahora, y pese a la transición democrática marcada en el año 2000, el voto ciudadano y las elecciones organizadas por el IFE, no han sido suficientes para resolver nuestros problemas –algunos muy añejos- y con ello, darle eficacia a nuestra democracia.
Estoy convencida de que la democracia no sólo requiere de elecciones libres y confiables –que no hemos logrado del todo- sino especialmente de ciudadanos que vivan día a día con una cultura democrática: que conozcan sus derechos y que los hagan valer; que participen en las decisiones de sus servidores públicos; que estén bien informados y que exijan resultados debidos a sus instituciones públicas y gobiernos.
Habría que preguntarse: ¿Cuántas horas dedicamos a la semana para descansar, para divertirnos, para practicar algún deporte, para participar en algún culto religioso o en algún club social?
Y, ¿Cuántas horas a la semana dedicamos a la mejora de nuestra ciudad? ¿Al mes? ¿Al año?
Los ciudadanos de hoy, carecemos de cultura democrática debido a que México se desarrolló a partir de un sistema autoritario, y, a la transición marcada en el año 2000 le han faltado alternativas serias y reales, con herramientas asertivas, para insertarnos en una cultura de participación que nos permita influir para mejorar nuestras condiciones de vida.
Partiendo de este diagnóstico, un grupo de ciudadanos, hemos formado una Asociación Civil a la que denominamos “CIUDADANÍA PLENA”, abierta de manera plural a todos los tampiqueños, con la finalidad de ejercer una democracia eficaz en México, sin renunciar a impulsar reformas para lograr mayor empoderamiento ciudadano, pero promoviendo con las actuales herramientas ciudadanas, una sociedad transformadora y solidaria, asumiendo una corresponsabilidad en la construcción del bien común con las administraciones públicas y los poderes del estado, impulsando su fortalecimiento mediante la aplicación de la ley, la gestión y especialmente en la rendición de cuentas.
Para ello, impulsaremos la integración de una red de comités ciudadanos para la gestión en cada una de las colonias de obras de pavimentación, bacheo, alumbrado público, entre otras; así como la formación de un observatorio ciudadano para la evaluación gubernamental, en rubros como calidad de la obra pública, legalidad del endeudamiento público, eficiencia presupuestal, transparencia, licitaciones de obras, auditoría de la obra pública para evitar obras fantasmas, etc.
Brindaremos, por ejemplo, asesoría sobre cómo ejercer los derechos de petición e información y hacerlos efectivos mediante el juicio de amparo y demás instrumentos jurídicos, en caso de omisión de la autoridad, para lograr respuestas en solicitudes de acciones u obras necesarias, como las arriba citadas.
¿No crees que vale la pena pasar de la simple crítica o, peor aún de la apatía, para dedicarle cuando menos una hora a la semana a mejorar Tampico?
Si te animas, esperamos tu visita en nuestro portal www.ciudadaniaplena.mx
lunes, 10 de octubre de 2011
¿Se eliminará la tenencia vehicular en 2012?
Contrario a lo que nos quieren hacer creer algunos gobernadores, alcaldes y líderes políticos, es un hecho que, a partir del 1° de enero de 2012, se eliminará –mediante abrogación de la ley de la materia- en todo el país, el pago del impuesto por tenencia vehicular que se creó en 1962 para financiar la realización de los juegos olímpicos de 1968; ley que sufrió durante sus casi 50 años de vigencia, diversas modificaciones, entre otras razones, para sortear el haber sido declarada inconstitucional varias veces.
Cabe mencionar que algunos estados como Querétaro, suspendieron anticipadamente su cobro; dicho estado, dejó de percibir ingresos por pago de tenencia, en un monto cercano a 400 mdp anuales, que fueron compensados, de acuerdo a lo informado públicamente por su gobernador, reduciendo salarios a los funcionarios de primer nivel y fusionando dependencias para generar ahorros en el gasto corriente.
La eliminación del pago de tenencia vehicular a nivel nacional, operará por ley y no dependerá, repito, de la voluntad de gobernadores o alcaldes; así lo disponen los artículos 3° y 4° transitorios del DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, que me permito transcribir:
“ARTÍCULO TERCERO.- Se ABROGA la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.- ARTÍCULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2012. “
Ahora bien, aclarado el punto, la pregunta es: ¿Por qué si es un hecho que la tenencia vehicular desaparece por ley el 1° de enero de 2012, hay tanta desinformación alrededor de este tema? ¿Por qué escuchamos planteamientos de gobernadores diciendo que se encuentran analizando si eliminarán o no ese impuesto?
Por una parte, creo que esos gobernadores no quieren asumir el costo político que implicará decir a los ciudadanos de sus estados que impondrán nuevos impuestos, ya sea por tenencia de vehículos (local) u otros, para compensar los recursos que dejarán de percibir por la eliminación del impuesto de tenencia federal.
Otra razón, es que esos gobernadores o sus antecesores, no realizaron una planeación fiscal, así como la tarea de optimizar sus finanzas a partir del año 2007 en que se publicó el decreto que establecía la eliminación del pago por tenencia vehicular y, por lo tanto, oficialmente sabían que dejarían de recibir participación por ese impuesto en el año 2012.
Tenemos entonces, estados que lograron organizar finanzas para enfrentar exitosamente la eliminación de la tenencia a partir de 2012 –o incluso les permitió suspenderla anticipadamente- y otros, para los cuales, cuatro años no fueron suficientes para ello.
En el caso concreto de nuestro estado de Tamaulipas, la administración estatal pasada, pese a haber recibido participaciones históricas por parte de la federación durante los últimos cuatro años de su gestión, al parecer no realizó la tarea de sanear finanzas y prepararlas fiscalmente para la eliminación de la tenencia, que implicará la disminución para el próximo año de entre 500 y 600 mdp de sus ingresos que, este año 2011 fueron superiores a los 33,163 mdp; disminución que beneficiaría a familias y empresas tamaulipecas y que representa menos del 2% de los ingresos anuales del estado.
Habrá que esperar que cada uno de los gobernadores, incluyendo el de Tamaulipas, para el caso de que decidan que enfrentarán la inminente reducción de sus ingresos por la eliminación de la tenencia en 2012, impulsando la creación de nuevos impuestos en lugar de reducir gastos, recuerden que están obligados no sólo a bien informar a la opinión pública, sino a explicar y dar cuenta de las razones de su decisión: del por qué no están en posibilidades reales –demostrables con números- de permitir el beneficio del que gozan los queretanos o que gozarán los morelenses, por citar dos ejemplos.
Esta será una buena oportunidad de que los gobernadores y demás servidores públicos, tiendan con los ciudadanos el mejor de los puentes para acercarlos y acercarse, que es en democracia lo que llamamos rendición de cuentas; pero también es momento de que, como ciudadanos, sepamos reconocer que ese puente llamado rendición de cuentas es de dos vías: los servidores públicos están obligados a trasparentar sus decisiones y explicar los motivos y fundamentos para tomarlas, pero, de igual forma, los ciudadanos estamos obligados a involucrarnos en los temas públicos para exigir que se tomen las decisiones correctas.
Es tiempo y apremia que cada quien haga su parte, ¿no lo crees?
Cabe mencionar que algunos estados como Querétaro, suspendieron anticipadamente su cobro; dicho estado, dejó de percibir ingresos por pago de tenencia, en un monto cercano a 400 mdp anuales, que fueron compensados, de acuerdo a lo informado públicamente por su gobernador, reduciendo salarios a los funcionarios de primer nivel y fusionando dependencias para generar ahorros en el gasto corriente.
La eliminación del pago de tenencia vehicular a nivel nacional, operará por ley y no dependerá, repito, de la voluntad de gobernadores o alcaldes; así lo disponen los artículos 3° y 4° transitorios del DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, que me permito transcribir:
“ARTÍCULO TERCERO.- Se ABROGA la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS.- ARTÍCULO CUARTO.- El artículo tercero de este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2012. “
Ahora bien, aclarado el punto, la pregunta es: ¿Por qué si es un hecho que la tenencia vehicular desaparece por ley el 1° de enero de 2012, hay tanta desinformación alrededor de este tema? ¿Por qué escuchamos planteamientos de gobernadores diciendo que se encuentran analizando si eliminarán o no ese impuesto?
Por una parte, creo que esos gobernadores no quieren asumir el costo político que implicará decir a los ciudadanos de sus estados que impondrán nuevos impuestos, ya sea por tenencia de vehículos (local) u otros, para compensar los recursos que dejarán de percibir por la eliminación del impuesto de tenencia federal.
Otra razón, es que esos gobernadores o sus antecesores, no realizaron una planeación fiscal, así como la tarea de optimizar sus finanzas a partir del año 2007 en que se publicó el decreto que establecía la eliminación del pago por tenencia vehicular y, por lo tanto, oficialmente sabían que dejarían de recibir participación por ese impuesto en el año 2012.
Tenemos entonces, estados que lograron organizar finanzas para enfrentar exitosamente la eliminación de la tenencia a partir de 2012 –o incluso les permitió suspenderla anticipadamente- y otros, para los cuales, cuatro años no fueron suficientes para ello.
En el caso concreto de nuestro estado de Tamaulipas, la administración estatal pasada, pese a haber recibido participaciones históricas por parte de la federación durante los últimos cuatro años de su gestión, al parecer no realizó la tarea de sanear finanzas y prepararlas fiscalmente para la eliminación de la tenencia, que implicará la disminución para el próximo año de entre 500 y 600 mdp de sus ingresos que, este año 2011 fueron superiores a los 33,163 mdp; disminución que beneficiaría a familias y empresas tamaulipecas y que representa menos del 2% de los ingresos anuales del estado.
Habrá que esperar que cada uno de los gobernadores, incluyendo el de Tamaulipas, para el caso de que decidan que enfrentarán la inminente reducción de sus ingresos por la eliminación de la tenencia en 2012, impulsando la creación de nuevos impuestos en lugar de reducir gastos, recuerden que están obligados no sólo a bien informar a la opinión pública, sino a explicar y dar cuenta de las razones de su decisión: del por qué no están en posibilidades reales –demostrables con números- de permitir el beneficio del que gozan los queretanos o que gozarán los morelenses, por citar dos ejemplos.
Esta será una buena oportunidad de que los gobernadores y demás servidores públicos, tiendan con los ciudadanos el mejor de los puentes para acercarlos y acercarse, que es en democracia lo que llamamos rendición de cuentas; pero también es momento de que, como ciudadanos, sepamos reconocer que ese puente llamado rendición de cuentas es de dos vías: los servidores públicos están obligados a trasparentar sus decisiones y explicar los motivos y fundamentos para tomarlas, pero, de igual forma, los ciudadanos estamos obligados a involucrarnos en los temas públicos para exigir que se tomen las decisiones correctas.
Es tiempo y apremia que cada quien haga su parte, ¿no lo crees?
domingo, 2 de octubre de 2011
Los que están a favor del aborto, ya nacieron: Ronald Reagan
Ha surgido nuevamente a nivel nacional el polémico debate sobre el aborto desde el punto de vista ético, moral, científico, jurídico y también social, con motivo de las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejan vigentes las reformas constitucionales de los estados de Baja California y San Luis Potosí que –con variantes en la redacción en cada caso- protegen la vida humana desde el momento de su inicio, en la concepción.
De similar forma, hay dieciséis entidades federativas más –incluida Tamaulipas- que establecen actualmente esta protección en sendas constituciones estatales, por lo que en total suman 18.
Debo señalar que este debate ha sido parte de la historia de la humanidad, generando posiciones divergentes que representan a diversos sectores de la sociedad; hoy se centra, fundamentalmente, en quienes reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción –algunos a favor de penas corporales en caso de aborto y otros a favor de sanciones no corporales- y quienes defienden por encima del derecho fundamental a la vida, la autonomía de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, estando a favor de la legalización del aborto que incluye la asignación de recursos públicos en los centros de salud gubernamentales para su práctica.
El derecho a la vida está reconocido –no otorgado- por ser un derecho natural, en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que textualmente dice: “ARTICULO 4.- DERECHO A LA VIDA.- 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley y en general, a partir del momento de la concepción.”
México, al ratificar este Pacto en 1981, presentó dos declaraciones interpretativas, una respecto de este artículo, señalando que “ … la expresión “en general” usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados”. Con esta reserva dejó abierta la posibilidad de que las jurisdicciones mexicanas legislaran sobre la materia.
Hoy, el Ejecutivo federal solicitó al Senado el retiro de tal declaración interpretativa, bajo el argumento de que a la luz de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, ya no tiene razón de ser. Habrá que esperar la respuesta a esta solicitud que tendrá jurídicamente pocas repercusiones en un sentido o en otro, desde mi personal punto de vista, ante las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Considero que lo relevante es observar que la SCJN ha sido señalada por sus inconsistencias al resolver como constitucional, por un lado la despenalización del aborto y, por otro lado, el inicio jurídico de la vida desde la concepción; ello, ante la omisión de definiciones expresas en nuestra Carta Magna.
Lo que ha quedado hasta ahora definido con base en las resoluciones de la SCJN, es que las entidades federativas pueden a través de sus Congresos Locales, legislar sobre el momento del inicio jurídico de la vida.
En resumen diré que, jurídicamente, la vida no se protege igual en todo México: nuestra Constitución Federal no define expresamente el alcance al derecho a la vida; sí lo hacen 18 constituciones estatales, entre ellas, la de Tamaulipas, protegiéndola desde la concepción; también lo hace, el mencionado Pacto de San José, con la declaración interpretativa cuyo retiro está por resolverse, así como diversos tratados en materia de Derechos Humanos; y, diversos estados y la federación contemplan derechos para los no nacidos, como el derecho al nombre, a la filiación, a la herencia, entre otros. Por su parte, el Distrito Federal penaliza el aborto sólo a partir de la decimotercera semana, lo que implica el momento en que la vida se protege.
Es muy grave que el derecho a la vida, que es presupuesto de cualquier otro derecho en el ser humano -ya que sin vida no hay nada- se determine jurídicamente en formas tan diversas, tan opuestas –rayando en lo ridículo- y desgraciadamente, creo, con poca información de la ciencia jurídica y médica; lo deseable sería permitir al fin su definición constitucional a nivel federal y así, enfocarnos decididamente a construir con base en datos duros de cuántos embarazos no deseados son producto de violaciones, de irresponsabilidad, de marginación, etc., políticas públicas que prevengan y atiendan debidamente esta grave problemática social, sin encono, respetando la dignidad del ser humano, su derecho natural a la vida, protegiendo la vida y la integridad de la mujer y en un justo equilibrio del ejercicio de la política de la ética y de la política de la responsabilidad. ¿No lo crees?
De similar forma, hay dieciséis entidades federativas más –incluida Tamaulipas- que establecen actualmente esta protección en sendas constituciones estatales, por lo que en total suman 18.
Debo señalar que este debate ha sido parte de la historia de la humanidad, generando posiciones divergentes que representan a diversos sectores de la sociedad; hoy se centra, fundamentalmente, en quienes reconocen el derecho a la vida desde el momento de la concepción –algunos a favor de penas corporales en caso de aborto y otros a favor de sanciones no corporales- y quienes defienden por encima del derecho fundamental a la vida, la autonomía de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, estando a favor de la legalización del aborto que incluye la asignación de recursos públicos en los centros de salud gubernamentales para su práctica.
El derecho a la vida está reconocido –no otorgado- por ser un derecho natural, en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que textualmente dice: “ARTICULO 4.- DERECHO A LA VIDA.- 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley y en general, a partir del momento de la concepción.”
México, al ratificar este Pacto en 1981, presentó dos declaraciones interpretativas, una respecto de este artículo, señalando que “ … la expresión “en general” usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados”. Con esta reserva dejó abierta la posibilidad de que las jurisdicciones mexicanas legislaran sobre la materia.
Hoy, el Ejecutivo federal solicitó al Senado el retiro de tal declaración interpretativa, bajo el argumento de que a la luz de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, ya no tiene razón de ser. Habrá que esperar la respuesta a esta solicitud que tendrá jurídicamente pocas repercusiones en un sentido o en otro, desde mi personal punto de vista, ante las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Considero que lo relevante es observar que la SCJN ha sido señalada por sus inconsistencias al resolver como constitucional, por un lado la despenalización del aborto y, por otro lado, el inicio jurídico de la vida desde la concepción; ello, ante la omisión de definiciones expresas en nuestra Carta Magna.
Lo que ha quedado hasta ahora definido con base en las resoluciones de la SCJN, es que las entidades federativas pueden a través de sus Congresos Locales, legislar sobre el momento del inicio jurídico de la vida.
En resumen diré que, jurídicamente, la vida no se protege igual en todo México: nuestra Constitución Federal no define expresamente el alcance al derecho a la vida; sí lo hacen 18 constituciones estatales, entre ellas, la de Tamaulipas, protegiéndola desde la concepción; también lo hace, el mencionado Pacto de San José, con la declaración interpretativa cuyo retiro está por resolverse, así como diversos tratados en materia de Derechos Humanos; y, diversos estados y la federación contemplan derechos para los no nacidos, como el derecho al nombre, a la filiación, a la herencia, entre otros. Por su parte, el Distrito Federal penaliza el aborto sólo a partir de la decimotercera semana, lo que implica el momento en que la vida se protege.
Es muy grave que el derecho a la vida, que es presupuesto de cualquier otro derecho en el ser humano -ya que sin vida no hay nada- se determine jurídicamente en formas tan diversas, tan opuestas –rayando en lo ridículo- y desgraciadamente, creo, con poca información de la ciencia jurídica y médica; lo deseable sería permitir al fin su definición constitucional a nivel federal y así, enfocarnos decididamente a construir con base en datos duros de cuántos embarazos no deseados son producto de violaciones, de irresponsabilidad, de marginación, etc., políticas públicas que prevengan y atiendan debidamente esta grave problemática social, sin encono, respetando la dignidad del ser humano, su derecho natural a la vida, protegiendo la vida y la integridad de la mujer y en un justo equilibrio del ejercicio de la política de la ética y de la política de la responsabilidad. ¿No lo crees?
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