El actual sistema político en México está envilecido. Los intereses autoritarios y el cinismo político pretenden frenar –con la inacción para diseñar, impulsar y aprobar las reformas políticas que se requieren- la continuación de nuestra transición hacia una democracia eficaz y de resultados en torno al bien común, lo cual es favorecido por la desinformación, apatía y corrupción de los ciudadanos.
En esta ocasión abordaré la ausencia de normas jurídicas para regular las promesas de campaña y su cumplimiento, que a la fecha, se ha convertido en uno de los temas que más indignan –y con justa razón- a los ciudadanos.
A manera de introducción, diré que hay dos momentos visibles para la gente en la vida democrática de nuestro país: el formal, integrado por los procesos electorales de donde surgen, mediante el voto ciudadano, nuestros “representantes”; y, el sustancial, que implica el ejercicio de dicha representación popular por parte de presidentes municipales, gobernadores, presidente de la República o legisladores locales o federales así electos.
Ambas etapas están relacionadas íntimamente, ya que la “oferta electoral” presentada por los candidatos durante las campañas políticas, debería ser la base de los resultados del ejercicio del poder obtenido mediante ese voto de los ciudadanos.
En los hechos desafortunadamente ocurre algo muy diferente: es una práctica impune y recurrente que los candidatos y los partidos que los postulan, prometen durante las campañas políticas casi “lo que sea” para conseguir el voto de los ciudadanos, quienes se encuentran en estado de indefensión al no existir -como antes apunté- un marco legal que regule su viabilidad y el cumplimiento de tales promesas en el ejercicio del cargo para el que fueron electos.
El hecho de que se publiquen las promesas o se firmen ante notario público no les otorga eficacia o fuerza legal alguna. Actualmente los ciudadanos no tenemos derecho de acudir ante la autoridad electoral para exigir la rendición de cuentas de nuestro representante y en su caso, para pedir la imposición de penas por incumplimientos de sus promesas de campaña, por lo que simplemente, hay que “tragarse el engaño y la burla”.
Esta es una de las razones por las cuales nuestra democracia es percibida como ineficaz y las campañas políticas son vistas por la mayoría de los ciudadanos como un “circo” que muchas de las veces resulta ser un mero espectáculo montado por sus “propietarios” para obtener una “ganancia electoral”.
Así lo evidenció la encuesta elaborada por Berumen y Asociados en marzo de 2010, en la que precisamente el incumplimiento de promesas de campaña -junto con el abuso del poder y la corrupción- aparecen como las principales fallas de la democracia en México y que llevaron a 7 de cada 10 mexicanos a expresar que se sienten insatisfechos de su funcionamiento, aunque en esa misma proporción, opinaron que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.
¿Cómo podemos aceptar una democracia en la cual se obtiene nuestro voto “soberano” mediante promesas cuyo cumplimiento es opcional para nuestro representante así electo?
¿Cómo podemos permitir que ante los “ojos” de los institutos electorales se guarde silencio ante propuestas falaces, populistas y algunas hasta improcedentes para ejecutarse en el ejercicio del cargo por el que se compite?
¿Qué no tiene este incumplimiento la misma esencia de cualquier fraude que se define por la Real Academia de la Lengua Española como la “acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”?
Es totalmente viable legislar para que se obligue a los candidatos a registrar ante el IFE o sus homólogos locales las promesas de campaña para que su procedencia sea revisada y su cumplimiento pueda exigirse por los ciudadanos mediante procedimientos en materia electoral y en su caso, se sancione el incumplimiento, cuando menos, con la inhabilitación para ejercer nuevos cargos públicos.
Estos cambios no convienen a quienes tienen que aprobarlos porque los privaría de la impunidad que gozan y de los beneficios indebidos que hoy obtienen gracias a la debilidad institucional y oscuridad legislativa, pero a los ciudadanos nos urgen…… ¡exijámoslos!
lunes, 23 de mayo de 2011
lunes, 16 de mayo de 2011
¿Otra más de los Diputados? Congelan Reforma a la Ley de Transparencia
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar los ciudadanos para que los Diputados Federales, que dicen representarnos, asuman que buena parte de la impunidad que padecemos en México por la ineficacia de las instituciones, deriva de “errores” en las leyes, “hoyos negros” existentes en ellas o de su falta de claridad?
¿De qué forma podemos hacerles comprender que están ocupando una curul en la Cámara baja con la única finalidad de representar al pueblo que los eligió, para legislar, fiscalizar la aplicación de recursos y gestionar acciones de bien común?
¿No tienen claro los Diputados integrantes de uno de los tres poderes de la Unión, cuya función republicana es equilibrar fuerzas con el Ejecutivo y el Judicial, que resulta inaceptable que actúen –salvo algunas excepciones- como achichincles del Presidente en turno, de gobernadores o Dirigentes partidistas?
¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que se dignen modernizar la Legislación Laboral, aprobar la Reforma Política, realizar una verdadera Reforma Fiscal, ampliar el alcance del llamado “interés jurídico” en materia de amparo y de fiscalización de recursos públicos, para evitar tantos sobreseimientos que impiden resolver denuncias y controversias planteadas por los gobernados?
¿Por qué no quieren fortalecer al IFAI -institución que sí funciona en este país- aprobando la Reforma a la Ley Federal de Transparencia que ya obtuvo el visto bueno del Senado como Cámara de Origen?
Por ejemplo, pese a sus limitaciones, el IFAI ordenó recientemente a la SCT declarara la inexistencia de los estudios que falsamente dijo tenían en relación al Proyecto de Reubicación del Aeropuerto de Tampico (http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/comunicado-de-prensa-no-062-se-fortalece-infraestructura-aeroportuaria-y-carretera-en-el-golfo/).
Considero que el bloqueo a la Reforma de la Ley de Transparencia debe indignarnos profundamente como ciudadanos, ya que la creación del IFAI -apenas en el año 2002- es una de las vías fundamentales para transitar en México a la gobernabilidad democrática e ir dejando atrás el autoritarismo que implica el ejercicio caprichoso del poder sin rendición de cuentas, mediante el ocultamiento de la información pública.
El Dictamen de dicha Reforma que ya fue aprobado por el pleno del Senado, en la Cámara de Diputados solamente ha sido aprobado por la Comisión de Gobernación que preside el panista Javier Corral Jurado.
Falta la aprobación de las Comisiones de Justicia, que preside el priísta Humberto Benítez Treviño (quien fuera Procurador General de la República al final del mandato de Carlos Salinas de Gortari y fungiera como Secretario de Gobierno del Estado de México con Enrique Peña Nieto hasta marzo de 2009) y la de Función Pública que preside el verdeecologista Pablo Escudero (quien se desempeñara como Oficial Mayor en la Comisión Nacional de Derechos Humanos).
El Diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, dio a conocer los puntos que hacen tan relevante la Reforma a la Ley Federal de Transparencia:
1) Inclusión de un segundo libro para la protección de datos personales en manos de las entidades públicas (arts. 67-132).
2) Transparencia de los recursos públicos que se encuentran en fideicomisos (artículo 18 bis). Los titulares de los fideicomisos que involucren recursos públicos federales, no podrán alegar que su información se encuentra protegida por los secretos fiduciario, bancario y fiscal.
3) Deberán ser públicos los recursos que por condonaciones fiscales se destinan a particulares (art. 12), tales como subsidios, exenciones o condonaciones fiscales.”
4) Faculta al IFAI para que ordene a las entidades públicas la elaboración de documentos que de acuerdo a la ley sea su obligación tenerlos (artículo 46 y 55 bis).
5) Decisiones inatacables del IFAI por parte de entidades públicas (art. 59). Las resoluciones del Instituto serían inatacables para las dependencias y entidades, pudiendo ser impugnadas sólo por los particulares.
6) Mayor autonomía para el IFAI (art. 33), para que sea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, especializado en materia de acceso a la información, imparcial y con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión.
7) Inclusión de la prueba de interés público y prueba de daño (artículo 19 bis, 55). La prueba de interés público, se dará cuando excepcionalmente se trate de transparentar información confidencial ante la presentación de un recurso de revisión y se acredite que hay razones de interés público para difundirla; la “prueba de daño” (aplicable a los supuestos previstos en el artículo 13 y en la fracción I del artículo 14) consiste en que el IFAI exponga las razones por las cuales no se puede otorgar la información solicitada.
8) Sanción para funcionarios públicos que incumplan la ley (art. 129), estableciendo causas de responsabilidad administrativa.
9) Precisión de la información que las entidades públicas deben poner a disposición del público en su portal de Internet (artículo 7).
10) Cambio de nombre para quedar como Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En el campo de la razón, la política y el cinismo son dos conceptos que jamás deberían mezclarse, tanto así, como el agua y el aceite. Hoy padecemos desafortunadamente la sinrazón. ¿Hasta cuándo?
¿De qué forma podemos hacerles comprender que están ocupando una curul en la Cámara baja con la única finalidad de representar al pueblo que los eligió, para legislar, fiscalizar la aplicación de recursos y gestionar acciones de bien común?
¿No tienen claro los Diputados integrantes de uno de los tres poderes de la Unión, cuya función republicana es equilibrar fuerzas con el Ejecutivo y el Judicial, que resulta inaceptable que actúen –salvo algunas excepciones- como achichincles del Presidente en turno, de gobernadores o Dirigentes partidistas?
¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar para que se dignen modernizar la Legislación Laboral, aprobar la Reforma Política, realizar una verdadera Reforma Fiscal, ampliar el alcance del llamado “interés jurídico” en materia de amparo y de fiscalización de recursos públicos, para evitar tantos sobreseimientos que impiden resolver denuncias y controversias planteadas por los gobernados?
¿Por qué no quieren fortalecer al IFAI -institución que sí funciona en este país- aprobando la Reforma a la Ley Federal de Transparencia que ya obtuvo el visto bueno del Senado como Cámara de Origen?
Por ejemplo, pese a sus limitaciones, el IFAI ordenó recientemente a la SCT declarara la inexistencia de los estudios que falsamente dijo tenían en relación al Proyecto de Reubicación del Aeropuerto de Tampico (http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/comunicado-de-prensa-no-062-se-fortalece-infraestructura-aeroportuaria-y-carretera-en-el-golfo/).
Considero que el bloqueo a la Reforma de la Ley de Transparencia debe indignarnos profundamente como ciudadanos, ya que la creación del IFAI -apenas en el año 2002- es una de las vías fundamentales para transitar en México a la gobernabilidad democrática e ir dejando atrás el autoritarismo que implica el ejercicio caprichoso del poder sin rendición de cuentas, mediante el ocultamiento de la información pública.
El Dictamen de dicha Reforma que ya fue aprobado por el pleno del Senado, en la Cámara de Diputados solamente ha sido aprobado por la Comisión de Gobernación que preside el panista Javier Corral Jurado.
Falta la aprobación de las Comisiones de Justicia, que preside el priísta Humberto Benítez Treviño (quien fuera Procurador General de la República al final del mandato de Carlos Salinas de Gortari y fungiera como Secretario de Gobierno del Estado de México con Enrique Peña Nieto hasta marzo de 2009) y la de Función Pública que preside el verdeecologista Pablo Escudero (quien se desempeñara como Oficial Mayor en la Comisión Nacional de Derechos Humanos).
El Diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, dio a conocer los puntos que hacen tan relevante la Reforma a la Ley Federal de Transparencia:
1) Inclusión de un segundo libro para la protección de datos personales en manos de las entidades públicas (arts. 67-132).
2) Transparencia de los recursos públicos que se encuentran en fideicomisos (artículo 18 bis). Los titulares de los fideicomisos que involucren recursos públicos federales, no podrán alegar que su información se encuentra protegida por los secretos fiduciario, bancario y fiscal.
3) Deberán ser públicos los recursos que por condonaciones fiscales se destinan a particulares (art. 12), tales como subsidios, exenciones o condonaciones fiscales.”
4) Faculta al IFAI para que ordene a las entidades públicas la elaboración de documentos que de acuerdo a la ley sea su obligación tenerlos (artículo 46 y 55 bis).
5) Decisiones inatacables del IFAI por parte de entidades públicas (art. 59). Las resoluciones del Instituto serían inatacables para las dependencias y entidades, pudiendo ser impugnadas sólo por los particulares.
6) Mayor autonomía para el IFAI (art. 33), para que sea un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, especializado en materia de acceso a la información, imparcial y con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión.
7) Inclusión de la prueba de interés público y prueba de daño (artículo 19 bis, 55). La prueba de interés público, se dará cuando excepcionalmente se trate de transparentar información confidencial ante la presentación de un recurso de revisión y se acredite que hay razones de interés público para difundirla; la “prueba de daño” (aplicable a los supuestos previstos en el artículo 13 y en la fracción I del artículo 14) consiste en que el IFAI exponga las razones por las cuales no se puede otorgar la información solicitada.
8) Sanción para funcionarios públicos que incumplan la ley (art. 129), estableciendo causas de responsabilidad administrativa.
9) Precisión de la información que las entidades públicas deben poner a disposición del público en su portal de Internet (artículo 7).
10) Cambio de nombre para quedar como Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En el campo de la razón, la política y el cinismo son dos conceptos que jamás deberían mezclarse, tanto así, como el agua y el aceite. Hoy padecemos desafortunadamente la sinrazón. ¿Hasta cuándo?
lunes, 9 de mayo de 2011
¿Es oficial la Cancelación de la reubicación del Aeropuerto de Tampico?
Nuevamente el proyecto de reubicación del Aeropuerto Internacional de Tampico “Francisco Javier Mina” es noticia; recientemente la alcaldesa de esta ciudad, Magdalena Peraza Guerra, respondió a cuestionamiento de los medios de comunicación en el sentido de que tal proyecto, “desde su punto de vista”, está descartado y que inclusive el gobernador se manifestó respetuoso de la voluntad de los tampiqueños que hemos expresado nuestro rechazo al mismo.
Contradiciendo esas declaraciones, un miembro del cabildo del municipio de Altamira dijo que el “Plan de Aeropuerto continúa su curso”.
Ante la falta de información documentada, nuevamente los ciudadanos nos preguntamos ante dimes y diretes: ¿a quién creerle?
Quiero recordar que en colaboración publicada el 23 de enero pasado, que puede leerse completa en la liga http://impreso.milenio.com/node/8899726, expuse la existencia de mejores condiciones para la permanencia de la terminal aérea, las cuales resumo en cinco puntos fundamentales:
a).- Se renovaron los cargos de Gobernador y alcaldes de Tampico, Madero y Altamira, por lo que los promotores del proyecto salieron y quienes llegan a esos cargos, Egidio Torre, Magdalena Peraza, Jaime Turrubiates y Pedro Carrillo respectivamente, tendrán la oportunidad de revisar la legalidad, viabilidad y conveniencia del referido Proyecto.....
b).- Con los cambios en el gabinete federal y la llegada de Dionisio Pérez_Jácome, como nuevo titular de la SCT, se abre un espacio de enorme oportunidad para dar marcha atrás al apoyo que “a ciegas” había concedido….
c).- En la parte legal, gracias a la intervención que la suscrita solicité del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), se revocó recientemente, la declaratoria que la SCT había expedido de inexistencia de información del multicitado Proyecto que implicaba, la negativa de darme acceso a ella y continuar con total opacidad “dando su visto bueno”…..
d).- Será importante que los 80 millones de pesos que se dijo por parte del Diputado Federal Javier Gil, fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año para elaborar el Proyecto Ejecutivo, no sean ejercidos en tanto no se pronuncien los actuales titulares del Ejecutivo Estatal y de la SCT federal respecto del Proyecto de Reubicación y mientras no se concluya el procedimiento legal que ahora está en manos del IFAI…..
e).- Y aunque no parezca tan relevante, hay que destacar lo que el Gobernador del Estado, Ingeniero Egidio Torre Cantú, dijo sobre el tema a los medios de comunicación …. “lo único que puedo decir es que no se harán proyectos que los tampiqueños no deseen”.
¿Hay alguna información adicional a las mencionadas que pudieran haber motivado las recientes declaraciones de la alcaldesa Magdalena Peraza en el sentido de que el Proyecto de Reubicación del Aeropuerto de Tampico está cancelado?
La realidad es que no; únicamente la parte legal promovida ante el IFAI está por concluirse, por lo que próximamente daré los detalles de la resolución obtenida.
Por lo demás, ninguno de los tres niveles de gobierno, incluyendo el municipal de Tampico, ha informado oficialmente sobre el tema, sólo algunas declaraciones mediáticas que incluyen las del Diputado Federal Javier Gil afirmando que el proyecto sigue en marcha.
Poco se ha dicho sobre la existencia del “Convenio de Coordinación y concertación de acciones que tiene por objeto establecer las bases bajo las cuales se instrumentará la reubicación del Aeropuerto Internacional de Tampico Francisco Javier Mina” (puede consultarse en la liga http://twitdoc.com/764) celebrado en fecha 10 de febrero de 2010 entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes federal, el Estado de Tamaulipas y los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico y Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V..
Este convenio es el marco jurídico que permitiría la realización del ilegal proyecto.
Por parte del Municipio de Tampico, ¡adivinó!, fue el ex alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo, quien en forma conjunta con uno de sus síndicos suscribió dicho convenio sin contar con la aprobación del cabildo -como legalmente se requería- comprometiéndose a “realizar todas las acciones necesarias para aprobar el reordenamiento urbano propuesto en el Programa Maestro de Urbanización, incluidos los programas de desarrollo urbano y planes de uso de suelo que correspondan”.
La firma de este convenio, de acuerdo a lo establecido por el Código Municipal, es un acto nulo que deberá revocarse por el actual cabildo y, con este sustento, podrá determinarse de manera sustentada, la cancelación del proyecto por lo que respecta al ámbito municipal, lo que resulta viable al gozar el municipio de autonomía conforme al artículo 115 de nuestra Constitución Federal.
Es necesario elevar la calidad del servicio público; hacerlo más asertivo y profesional, especialmente en la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
Por ello, esperamos que en breve el Ayuntamiento de Tampico realice estas acciones concretas, acabe con los dimes y diretes, y, concrete e informe, de manera oficial y sustentada, la cancelación del cierre de nuestro aeropuerto, tema trascendental para nuestra zona.
Bien dicen por allí que “las palabras se las lleva el viento”, y desafortunadamente, hay muchos ejemplos de ello.
Contradiciendo esas declaraciones, un miembro del cabildo del municipio de Altamira dijo que el “Plan de Aeropuerto continúa su curso”.
Ante la falta de información documentada, nuevamente los ciudadanos nos preguntamos ante dimes y diretes: ¿a quién creerle?
Quiero recordar que en colaboración publicada el 23 de enero pasado, que puede leerse completa en la liga http://impreso.milenio.com/node/8899726, expuse la existencia de mejores condiciones para la permanencia de la terminal aérea, las cuales resumo en cinco puntos fundamentales:
a).- Se renovaron los cargos de Gobernador y alcaldes de Tampico, Madero y Altamira, por lo que los promotores del proyecto salieron y quienes llegan a esos cargos, Egidio Torre, Magdalena Peraza, Jaime Turrubiates y Pedro Carrillo respectivamente, tendrán la oportunidad de revisar la legalidad, viabilidad y conveniencia del referido Proyecto.....
b).- Con los cambios en el gabinete federal y la llegada de Dionisio Pérez_Jácome, como nuevo titular de la SCT, se abre un espacio de enorme oportunidad para dar marcha atrás al apoyo que “a ciegas” había concedido….
c).- En la parte legal, gracias a la intervención que la suscrita solicité del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), se revocó recientemente, la declaratoria que la SCT había expedido de inexistencia de información del multicitado Proyecto que implicaba, la negativa de darme acceso a ella y continuar con total opacidad “dando su visto bueno”…..
d).- Será importante que los 80 millones de pesos que se dijo por parte del Diputado Federal Javier Gil, fueron asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año para elaborar el Proyecto Ejecutivo, no sean ejercidos en tanto no se pronuncien los actuales titulares del Ejecutivo Estatal y de la SCT federal respecto del Proyecto de Reubicación y mientras no se concluya el procedimiento legal que ahora está en manos del IFAI…..
e).- Y aunque no parezca tan relevante, hay que destacar lo que el Gobernador del Estado, Ingeniero Egidio Torre Cantú, dijo sobre el tema a los medios de comunicación …. “lo único que puedo decir es que no se harán proyectos que los tampiqueños no deseen”.
¿Hay alguna información adicional a las mencionadas que pudieran haber motivado las recientes declaraciones de la alcaldesa Magdalena Peraza en el sentido de que el Proyecto de Reubicación del Aeropuerto de Tampico está cancelado?
La realidad es que no; únicamente la parte legal promovida ante el IFAI está por concluirse, por lo que próximamente daré los detalles de la resolución obtenida.
Por lo demás, ninguno de los tres niveles de gobierno, incluyendo el municipal de Tampico, ha informado oficialmente sobre el tema, sólo algunas declaraciones mediáticas que incluyen las del Diputado Federal Javier Gil afirmando que el proyecto sigue en marcha.
Poco se ha dicho sobre la existencia del “Convenio de Coordinación y concertación de acciones que tiene por objeto establecer las bases bajo las cuales se instrumentará la reubicación del Aeropuerto Internacional de Tampico Francisco Javier Mina” (puede consultarse en la liga http://twitdoc.com/764) celebrado en fecha 10 de febrero de 2010 entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes federal, el Estado de Tamaulipas y los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tampico y Aeropuerto de Tampico, S.A. de C.V..
Este convenio es el marco jurídico que permitiría la realización del ilegal proyecto.
Por parte del Municipio de Tampico, ¡adivinó!, fue el ex alcalde de Tampico Oscar Pérez Inguanzo, quien en forma conjunta con uno de sus síndicos suscribió dicho convenio sin contar con la aprobación del cabildo -como legalmente se requería- comprometiéndose a “realizar todas las acciones necesarias para aprobar el reordenamiento urbano propuesto en el Programa Maestro de Urbanización, incluidos los programas de desarrollo urbano y planes de uso de suelo que correspondan”.
La firma de este convenio, de acuerdo a lo establecido por el Código Municipal, es un acto nulo que deberá revocarse por el actual cabildo y, con este sustento, podrá determinarse de manera sustentada, la cancelación del proyecto por lo que respecta al ámbito municipal, lo que resulta viable al gozar el municipio de autonomía conforme al artículo 115 de nuestra Constitución Federal.
Es necesario elevar la calidad del servicio público; hacerlo más asertivo y profesional, especialmente en la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
Por ello, esperamos que en breve el Ayuntamiento de Tampico realice estas acciones concretas, acabe con los dimes y diretes, y, concrete e informe, de manera oficial y sustentada, la cancelación del cierre de nuestro aeropuerto, tema trascendental para nuestra zona.
Bien dicen por allí que “las palabras se las lleva el viento”, y desafortunadamente, hay muchos ejemplos de ello.
lunes, 2 de mayo de 2011
La "Reforma Política" que necesita México
La transición política de nuestro país que tuvo su principal punto de referencia en la alternancia lograda en el año 2000, debió haber establecido las condiciones para acabar con un régimen autoritario –prevaleciente durante varias décadas- para propiciar un sistema democrático que modernizara al país y lograra mejores condiciones de vida para el pueblo o sociedad en general, quien en teoría, detenta el poder de manera originaria y lo “ejerce para su beneficio” (de acuerdo a lo que dice nuestra Carta Magna), por medio de sus representantes.
Para ello, dicha transición trajo consigo, un rediseño institucional inacabado aún, cuyas reformas se centraron en dos vías: las relativas a permitir el acceso legítimo al poder y las que tienen que ver con un ejercicio transparente y asertivo del mismo.
Respecto de las primeras, sabemos que se logró en México la construcción de órganos electorales imparciales que separaron la función electoral de la de gobernar, para lo cual, se ciudadanizaron los procesos electorales con el fin de legitimarlos.
Gracias a lo anterior, actualmente los votos emitidos por los ciudadanos –más o menos libremente- durante cada jornada electoral, se cuentan por otros ciudadanos y deciden. Formalmente, nuestra democracia electoral funciona para la renovación periódica de sus representantes -Presidente de la República, Gobernadores, Presidentes Municipales, Diputados Locales y Federales, Senadores- característica que es esencial en nuestro sistema republicano.
No podemos negar que pese a estos logros, seguimos padeciendo grandes lastres en nuestra democracia electoral: la manipulación o incluso compra de voluntades; la violación sistemática de la ley electoral; el enorme abstencionismo (que muchas veces aparece como triunfador con mayoría absoluta en una elección) ante la falta de incentivos para una real participación ciudadana; la baja calidad y falta de claridad de la oferta electoral que deriva en lo que se conoce como “partidocracia”, es decir, burocracias que sólo utilizan los procedimientos de la democracia formal para el acceso al poder y no así, para generar “buenos gobiernos”, entre otros.
Ahora bien, por lo que hace a la segunda vía de reformas institucionales tendientes a lograr un ejercicio asertivo del poder público, se crearon en esa transición, órganos de Fiscalización Superior e Institutos de Acceso a la Información Pública para dar publicidad a los actos de gobierno y promover la responsabilidad de funcionarios públicos.
En este tema, estamos muy lejos de contar con el sólido y amplio sistema de rendición de cuentas que le urge a nuestro país para lograr un eficaz ejercicio del poder público que garantice su pertinencia y legalidad, y no como actualmente observamos en algunos casos en que se gobierna como “virreyes”, dando la espalda al ciudadano, a quien sólo se procura en tiempos electorales.
¿Podemos decir hoy, que la transición política en México que motivó la implementación un nuevo diseño institucional –con elecciones ciudadanas y algo de transparencia- logró romper el régimen autoritario?
Creo que los intereses que se formaron durante el sistema autoritario –entre ellos los monopolios y oligopolios que han generado grandes fortunas, así como los poderes de facto- han buscado formas para mantener su status quo y sobrevivir casi intactos en nuestra democracia “formal” o “procedimental”, de renovación periódica de los cargos, donde lo que está sucediendo en realidad, es que los ciudadanos son muchas veces utilizados para “justificar” esa democracia, pero sin gozar del reconocimiento de su dignidad, libertad e igualdad, que de darse, debería necesariamente, traer consigo la realización de la justicia y del bien común; de “buenos gobiernos”.
Por ello, creo de la mayor relevancia seguir impulsando el rediseño institucional hacia una verdadera democracia, respaldando toda reforma que permita mejorar el funcionamiento del estado mexicano, la rendición de cuentas y una mayor participación y responsabilidad del ciudadano, como es el caso de las que han sido incluidas en la llamada “Reforma Política” recientemente aprobada por los Senadores y congelada en la Cámara de Diputados.
No obstante lo anterior, estoy convencida de que la verdadera Reforma Política que necesita México es la politización de sus ciudadanos.
Los ciudadanos no deben seguir “volteando a otro lado” ante su inconformidad por el mal funcionamiento de nuestro sistema político; esa inconformidad debe motivarlos a unirse como mayoría, no sólo para exigir se concreten todas las reformas que garanticen plenamente su participación en elecciones libres, pacíficas y periódicas, así como gobiernos eficaces, que rindan cuentas y un estado de derecho en donde se sancione con penas ejemplares a quienes han abusado de su ejercicio, sino también, desde ahora, dar vida a las herramientas electorales y de rendición de cuentas –aún imperfectas- para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones públicas.
Los poderes fácticos no lo harán por nosotros y los políticos, en buena parte envilecidos, tampoco. Para ellos, las “cosas están bien”.
Con esta reflexión viene a mi mente la frase del escritor español Alejandro Gándara: “La diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla”.
La otra alternativa es, tristemente, ser esclavos……
Para ello, dicha transición trajo consigo, un rediseño institucional inacabado aún, cuyas reformas se centraron en dos vías: las relativas a permitir el acceso legítimo al poder y las que tienen que ver con un ejercicio transparente y asertivo del mismo.
Respecto de las primeras, sabemos que se logró en México la construcción de órganos electorales imparciales que separaron la función electoral de la de gobernar, para lo cual, se ciudadanizaron los procesos electorales con el fin de legitimarlos.
Gracias a lo anterior, actualmente los votos emitidos por los ciudadanos –más o menos libremente- durante cada jornada electoral, se cuentan por otros ciudadanos y deciden. Formalmente, nuestra democracia electoral funciona para la renovación periódica de sus representantes -Presidente de la República, Gobernadores, Presidentes Municipales, Diputados Locales y Federales, Senadores- característica que es esencial en nuestro sistema republicano.
No podemos negar que pese a estos logros, seguimos padeciendo grandes lastres en nuestra democracia electoral: la manipulación o incluso compra de voluntades; la violación sistemática de la ley electoral; el enorme abstencionismo (que muchas veces aparece como triunfador con mayoría absoluta en una elección) ante la falta de incentivos para una real participación ciudadana; la baja calidad y falta de claridad de la oferta electoral que deriva en lo que se conoce como “partidocracia”, es decir, burocracias que sólo utilizan los procedimientos de la democracia formal para el acceso al poder y no así, para generar “buenos gobiernos”, entre otros.
Ahora bien, por lo que hace a la segunda vía de reformas institucionales tendientes a lograr un ejercicio asertivo del poder público, se crearon en esa transición, órganos de Fiscalización Superior e Institutos de Acceso a la Información Pública para dar publicidad a los actos de gobierno y promover la responsabilidad de funcionarios públicos.
En este tema, estamos muy lejos de contar con el sólido y amplio sistema de rendición de cuentas que le urge a nuestro país para lograr un eficaz ejercicio del poder público que garantice su pertinencia y legalidad, y no como actualmente observamos en algunos casos en que se gobierna como “virreyes”, dando la espalda al ciudadano, a quien sólo se procura en tiempos electorales.
¿Podemos decir hoy, que la transición política en México que motivó la implementación un nuevo diseño institucional –con elecciones ciudadanas y algo de transparencia- logró romper el régimen autoritario?
Creo que los intereses que se formaron durante el sistema autoritario –entre ellos los monopolios y oligopolios que han generado grandes fortunas, así como los poderes de facto- han buscado formas para mantener su status quo y sobrevivir casi intactos en nuestra democracia “formal” o “procedimental”, de renovación periódica de los cargos, donde lo que está sucediendo en realidad, es que los ciudadanos son muchas veces utilizados para “justificar” esa democracia, pero sin gozar del reconocimiento de su dignidad, libertad e igualdad, que de darse, debería necesariamente, traer consigo la realización de la justicia y del bien común; de “buenos gobiernos”.
Por ello, creo de la mayor relevancia seguir impulsando el rediseño institucional hacia una verdadera democracia, respaldando toda reforma que permita mejorar el funcionamiento del estado mexicano, la rendición de cuentas y una mayor participación y responsabilidad del ciudadano, como es el caso de las que han sido incluidas en la llamada “Reforma Política” recientemente aprobada por los Senadores y congelada en la Cámara de Diputados.
No obstante lo anterior, estoy convencida de que la verdadera Reforma Política que necesita México es la politización de sus ciudadanos.
Los ciudadanos no deben seguir “volteando a otro lado” ante su inconformidad por el mal funcionamiento de nuestro sistema político; esa inconformidad debe motivarlos a unirse como mayoría, no sólo para exigir se concreten todas las reformas que garanticen plenamente su participación en elecciones libres, pacíficas y periódicas, así como gobiernos eficaces, que rindan cuentas y un estado de derecho en donde se sancione con penas ejemplares a quienes han abusado de su ejercicio, sino también, desde ahora, dar vida a las herramientas electorales y de rendición de cuentas –aún imperfectas- para mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones públicas.
Los poderes fácticos no lo harán por nosotros y los políticos, en buena parte envilecidos, tampoco. Para ellos, las “cosas están bien”.
Con esta reflexión viene a mi mente la frase del escritor español Alejandro Gándara: “La diferencia entre un esclavo y un ciudadano es que el ciudadano puede preguntarse por su vida y cambiarla”.
La otra alternativa es, tristemente, ser esclavos……
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