A casi dos meses de concluida la Administración Municipal que encabezó Oscar Pérez Inguanzo y pese a las innumerables irregularidades detectadas en la misma dadas a conocer incluso públicamente, sigue prevaleciendo la Impunidad por el deslinde del Congreso Local y del Ayuntamiento de Tampico, quienes han optado sólo por hacer declaraciones mediáticas –contradictorias entre sí- sobre los malos manejos de esa administración.
Apenas el pasado viernes, la alcaldesa de Tampico declaró que han estado haciendo denuncias ante la Auditoría Superior del Congreso, la Secretaría de Finanzas y la Auditoria Superior de la Federación con la información de las inconsistencias detectadas; sin embargo, ese mismo día, el Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Congreso, Gustavo Torres Salinas, dijo a medios de comunicación que solamente se han presentados dos denuncias, pero ninguna es de la zona sur. ¿Alguien miente? ¿Por qué, si existen denuncias presentadas, no se muestran a la opinión pública para acabar con tantos dimes y diretes?
Pareciera que lo que buscan nuestros “representantes” en este tema es cómo zafarse y no cómo transparentar y que se sancione mediante la aplicación de la ley a los causantes de la debacle fiscal, administrativa, financiera y patrimonial del Municipio de Tampico; es decir de la sociedad tampiqueña.
Respecto al proceso de Fiscalización y Aprobación de Cuentas Públicas que realiza el Congreso Local, su Comisión de Vigilancia y su Auditoria Superior que ahora analizamos, es evidente que no está cumpliendo con los objetivos de su función. De acuerdo a sus resultados, tenemos que prácticamente todos los municipios del estado, incluyendo Tampico, la COMAPA, etc. actuaron en el ejercicio de nuestros recursos públicos con total nitidez y claridad.
En nuestro “mundo al revés”, el Auditor Superior revisa y no encuentra nada irregular; la Comisión de Vigilancia con base en ello emite dictámenes de aprobación y el Congreso por mayoría aprueba; todo esto a costa de los impuestos de nosotros los ciudadanos y en perjuicio de nuestros intereses. Basta ver el tamaño del endeudamiento en Tamaulipas, de sus Municipios y los escasos resultados de las gestiones públicas, que además, ante la falta de información confiable, ni siquiera podemos evaluar para mejorar. Es un sistema vergonzoso que en lugar de transparentar y fiscalizar, solapa.
Por lo que hace específicamente al Auditor Superior, cabe decir que es nombrado por el Congreso del Estado y puede ser removido por él en el caso de no estar revisando debidamente las cuentas públicas, conforme lo disponen los artículos 10, 34, 38 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior de Tamaulipas; pese a ello, pareciera que los Diputados están supeditados a lo que este diga, aunque a todas luces sea absurdo y alejado de la realidad conocida y comprobable, de lo que se desprende que la Comisión de Vigilancia no lo está supervisando como se ordena en nuestra Constitución estatal y leyes de la materia.
Si el actual Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior, quien además es Diputado Local por Tampico, quiere cumplir su encomienda en este caso de manera responsable, podría con base en lo establecido por los artículos 42 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso de Tamaulipas y 6° fracción VII de la Ley de Fiscalización Superior de Tamaulipas, coordinarse con el Ayuntamiento de Tampico para obtener y analizar de manera integral la información que está en poder de ambas instituciones, para proceder a presentar de manera sustentada las denuncias correspondientes ante el Congreso y ante el Ministerio Público, para que deslinden responsabilidades penales y administrativas, en su caso.
Hay disposiciones muy puntuales que garantizarían el éxito de esta responsabilidad, sólo hace falta un trabajo coordinado, profesional y especialmente voluntad para realizarlo.
Es deber de todos los tampiqueños informarnos sobre el tema para exigir al Congreso Local, a su Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior y al Actual Ayuntamiento de Tampico, no sólo que actúen para que se aplique la ley a quienes resulten responsables de los malos manejos de la Administración Municipal 2008-2010, sino también para que la postura hasta hoy asumida por ellos, que da evidencia del poco compromiso con una verdadera transparencia y rendición de cuentas, no se traduzca nuevamente en una administración municipal opaca, sin resultados medibles o con señalamientos de corrupción y en un Congreso Local irresponsable que no fiscaliza eficazmente para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.
Lo que construyamos en el presente, serán sin duda los resultados del futuro. No hay recetas mágicas. Para nuestro bien, tenemos que hacer que las instituciones públicas funcionen. ¿No lo crees?
lunes, 21 de febrero de 2011
martes, 15 de febrero de 2011
En Tampico: ¿Dónde quedó la bolita? (II)
En mi colaboración anterior -que versó sobre Impunidad- ofrecí abordar diversos análisis de las funciones y responsabilidades del Congreso local y de los Ayuntamientos, debido a que en el caso de las irregularidades en la recién concluida Administración Municipal de Tampico, ambas instituciones parecieran estar deslindándose y mandando el mensaje a una sociedad amancillada y legítimamente indignada, de que nada se podrá hacer.
De entrada considero que estos análisis no deberían ser necesarios por las siguientes razones:
1).- Es público y de todos sabido, con base en un conocimiento empírico, que existieron graves irregularidades en dicho gobierno municipal.
2).- Existen además evidencias documentadas de ello en el reporte derivado de la Revisión extraordinaria del ejercicio 2008, practicada durante el año 2009, por la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
3).- Obran denuncias y cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y el Congreso Local presentadas por algunos regidores del Partido Acción Nacional sobre innumerables anomalías, que los llevaros incluso a argumentar y votar contra las propuestas presentadas en sesiones de cabildo; lo que fue difundido en medios de comunicación y desde luego consta en las actas respectivas.
4).- Especialmente, se cuenta con todo el soporte documental “comprobatorio” de los recursos públicos federales, estatales y propios obtenidos, que debieron ser aplicados de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo; soporte que está, una parte en poder de la Auditoría Superior del Congreso del estado de Tamaulipas, y el resto, en el actual Ayuntamiento de Tampico.
Con base en estos hechos, por simple lógica, para identificar las infracciones y los ilícitos cometidos y a los presuntos responsables de ellos, bastaría confrontar la documentación que ampara la cuenta pública y sus registros contables con la verdad histórica comprobable: obras registradas no realizadas; el costo inflado de éstas; el excesivo gasto en servicios públicos; la existencia de aviadores en la nómina; el faltante de bienes que son propiedad del municipio; la enorme deuda pública que se contrajo en franca violación a la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas; la indebida desviación de recursos presupuestados y que debieron ser destinados para el pago de salarios y aguinaldos; entre otros hechos ilegales conocidos e informados a los medios de comunicación, incluso por funcionarios de la presente administración municipal.
Bien; dejando de lado la simple lógica que cualquier ciudadano puede aplicar en el tema, pasemos a darle sustento jurídico. Iniciaré con la pasada legislatura del Congreso Local.
En materia de fiscalización y gestión, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece que es obligación de cada Diputado visitar su Distrito para informarse de cómo los funcionarios y empleados públicos cumplen con sus respectivas obligaciones y velar por su bienestar y prosperidad, allegando al Municipio su ayuda directa para ello, para lo cual, las oficinas públicas deben facilitar todos los datos que pidieren (Artículos 55 y 56).
Durante el pasado trienio, fungieron como Diputados Locales por Tampico, Magdalena Peraza Guerra y Miguel Manzur Nader, por lo que a ellos correspondió este deber. Los vimos tener presencia en nuestra ciudad de manera frecuente en los eventos organizados por el Ayuntamiento: corte de listones de los módulos de Policía y Barrio, banderazos de inicio de obras, carnavales, recorridos, visitas del gobernador, etc.
Nunca los escuchamos públicamente quejarse del evidente abandono de la ciudad, del crecimiento de la deuda, del incumplimiento de las promesas de campaña y de la violación al Plan Municipal de Desarrollo que es rector del ejercicio de los Recursos Públicos.
También a la anterior legislatura correspondió Revisar y Calificar parte de dichas cuentas Públicas -2008, 2009 y parcialmente 2010- conforme dispone el artículo 58 de la Constitución Estatal.
Por ello, en los diputados de la anterior legislatura que no vigilaron y por lo tanto no denunciaron a tiempo los malos manejos de la anterior administración municipal –una de ellas actual alcalde de Tampico- así como en los diputados que con su mayoría, aprobaron sin revisar debidamente las cuentas públicas de la pasada administración, quedó la primera bolita.
De entrada considero que estos análisis no deberían ser necesarios por las siguientes razones:
1).- Es público y de todos sabido, con base en un conocimiento empírico, que existieron graves irregularidades en dicho gobierno municipal.
2).- Existen además evidencias documentadas de ello en el reporte derivado de la Revisión extraordinaria del ejercicio 2008, practicada durante el año 2009, por la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
3).- Obran denuncias y cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y el Congreso Local presentadas por algunos regidores del Partido Acción Nacional sobre innumerables anomalías, que los llevaros incluso a argumentar y votar contra las propuestas presentadas en sesiones de cabildo; lo que fue difundido en medios de comunicación y desde luego consta en las actas respectivas.
4).- Especialmente, se cuenta con todo el soporte documental “comprobatorio” de los recursos públicos federales, estatales y propios obtenidos, que debieron ser aplicados de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo; soporte que está, una parte en poder de la Auditoría Superior del Congreso del estado de Tamaulipas, y el resto, en el actual Ayuntamiento de Tampico.
Con base en estos hechos, por simple lógica, para identificar las infracciones y los ilícitos cometidos y a los presuntos responsables de ellos, bastaría confrontar la documentación que ampara la cuenta pública y sus registros contables con la verdad histórica comprobable: obras registradas no realizadas; el costo inflado de éstas; el excesivo gasto en servicios públicos; la existencia de aviadores en la nómina; el faltante de bienes que son propiedad del municipio; la enorme deuda pública que se contrajo en franca violación a la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas; la indebida desviación de recursos presupuestados y que debieron ser destinados para el pago de salarios y aguinaldos; entre otros hechos ilegales conocidos e informados a los medios de comunicación, incluso por funcionarios de la presente administración municipal.
Bien; dejando de lado la simple lógica que cualquier ciudadano puede aplicar en el tema, pasemos a darle sustento jurídico. Iniciaré con la pasada legislatura del Congreso Local.
En materia de fiscalización y gestión, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece que es obligación de cada Diputado visitar su Distrito para informarse de cómo los funcionarios y empleados públicos cumplen con sus respectivas obligaciones y velar por su bienestar y prosperidad, allegando al Municipio su ayuda directa para ello, para lo cual, las oficinas públicas deben facilitar todos los datos que pidieren (Artículos 55 y 56).
Durante el pasado trienio, fungieron como Diputados Locales por Tampico, Magdalena Peraza Guerra y Miguel Manzur Nader, por lo que a ellos correspondió este deber. Los vimos tener presencia en nuestra ciudad de manera frecuente en los eventos organizados por el Ayuntamiento: corte de listones de los módulos de Policía y Barrio, banderazos de inicio de obras, carnavales, recorridos, visitas del gobernador, etc.
Nunca los escuchamos públicamente quejarse del evidente abandono de la ciudad, del crecimiento de la deuda, del incumplimiento de las promesas de campaña y de la violación al Plan Municipal de Desarrollo que es rector del ejercicio de los Recursos Públicos.
También a la anterior legislatura correspondió Revisar y Calificar parte de dichas cuentas Públicas -2008, 2009 y parcialmente 2010- conforme dispone el artículo 58 de la Constitución Estatal.
Por ello, en los diputados de la anterior legislatura que no vigilaron y por lo tanto no denunciaron a tiempo los malos manejos de la anterior administración municipal –una de ellas actual alcalde de Tampico- así como en los diputados que con su mayoría, aprobaron sin revisar debidamente las cuentas públicas de la pasada administración, quedó la primera bolita.
domingo, 6 de febrero de 2011
En Tampico: ¿dónde quedó la bolita?
El diccionario de la Real Academia Española define de manera sencilla a la Impunidad como “falta de castigo”, y a esta última palabra, como “pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta”, por lo que podemos decir que la impunidad, es la falta de aplicación de penas a quienes han cometido delitos o faltas.
La cara más conocida de este lastre en México es la cifra negra del 98% de delitos que quedan sin castigo, de cada 100 que se denuncian; sin embargo, existen otras expresiones de la impunidad en materias distintas a la penal y que suceden cotidianamente cuando algún gobernado no consigue del estado mexicano la restitución de un derecho vulnerado, la debida aplicación de la ley por parte de servidores públicos o cuando quedan sin castigo abusos de gobernantes o autoridades.
Este flagelo evidentemente deriva de la falta de eficacia de instituciones, de la falta de preparación y responsabilidad de servidores públicos, de su corrupción y complicidades tanto a nivel local, como federal, y que, desgraciadamente es tolerada o incluso incentivada, por una sociedad con valores cívicos débiles, que ignora los deberes legales de sus “representantes” y por ambas razones no exige de ellos, los resultados que requiere.
Hoy, tenemos en Tampico una muestra escandalosa de ello; recién ha concluido la que los tampiqueños han llamado “la peor administración municipal de todos los tiempos” en la que vimos cómo, pese haber recibido cada año mayores ingresos con presupuestos históricos en relación al período anterior, se invirtió menos en obra pública, se triplicó el gasto en servicios públicos así como la deuda pública, se dejaron de cumplir obligaciones civiles, laborales y administrativas estando presupuestadas, además de un sinfín de anomalías que algunos denunciamos oportunamente y que ahora, es de todos sabido.
La impunidad, que se percibe como una especie de “monstruo de mil cabezas” contra el que resulta sumamente complejo luchar y que es difícil de vencer, en el caso comentado se puede explicar principalmente por la ineficiencia de dos instituciones: el Congreso de Tamaulipas y el propio Ayuntamiento de Tampico.
Ambas, se deslindan ahora de las atrocidades de la pasada administración municipal y no parecen convencidas de que les corresponde actuar para que se castigue a quienes las cometieron.
No es culpa de los ciudadanos los manejos irregulares de la anterior administración municipal de Tampico, pero hay que reconocer que ciudadanos en general, organizaciones de la sociedad civil, cámaras y liderazgos de la ciudad, pueden y deben ser un equilibrio ante la ineficacia de las instituciones, para lo cual, se requiere en primer término una cultura cívica sobre el funcionamiento, presupuestos y desempeño de las mismas. Esto se conoce como Responsabilidad Social.
Para ello, resulta urgente por ejemplo, conocer del Congreso del estado de Tamaulipas, su Auditoría Superior y de los diputados que lo integran, la función específica en materia de revisión de cuentas de los Municipios, Juicio Político contra servidores públicos, facultades para denunciar irregularidades, entre otras.
Asimismo, identificar las responsabilidades en que pudieron haber incurrido funcionarios de la anterior administración, de acuerdo a las irregularidades que se han dado a conocer por miembros del actual Municipio, así como aquellas que pudieran surgir en caso de que éste no proceda legalmente ante tales faltas conocidas y documentadas.
Por lo anterior, en mis próximas colaboraciones abordaré para el conocimiento de los tampiqueños, diversos análisis de las funciones y responsabilidades del Congreso local y de los Ayuntamientos.
Tenemos memoria para revisar la historia y los errores cometidos, así como un futuro con esperanza para comprometernos hoy como sociedad, en construir el entorno justo y ordenado que queremos para vivir con nuestras familias. Creo que trabajar por el bien común, siempre vale la pena.
Con una debida formación cívica y con algo de información, los tampiqueños iremos sabiendo “dónde quedó la bolita”.
La cara más conocida de este lastre en México es la cifra negra del 98% de delitos que quedan sin castigo, de cada 100 que se denuncian; sin embargo, existen otras expresiones de la impunidad en materias distintas a la penal y que suceden cotidianamente cuando algún gobernado no consigue del estado mexicano la restitución de un derecho vulnerado, la debida aplicación de la ley por parte de servidores públicos o cuando quedan sin castigo abusos de gobernantes o autoridades.
Este flagelo evidentemente deriva de la falta de eficacia de instituciones, de la falta de preparación y responsabilidad de servidores públicos, de su corrupción y complicidades tanto a nivel local, como federal, y que, desgraciadamente es tolerada o incluso incentivada, por una sociedad con valores cívicos débiles, que ignora los deberes legales de sus “representantes” y por ambas razones no exige de ellos, los resultados que requiere.
Hoy, tenemos en Tampico una muestra escandalosa de ello; recién ha concluido la que los tampiqueños han llamado “la peor administración municipal de todos los tiempos” en la que vimos cómo, pese haber recibido cada año mayores ingresos con presupuestos históricos en relación al período anterior, se invirtió menos en obra pública, se triplicó el gasto en servicios públicos así como la deuda pública, se dejaron de cumplir obligaciones civiles, laborales y administrativas estando presupuestadas, además de un sinfín de anomalías que algunos denunciamos oportunamente y que ahora, es de todos sabido.
La impunidad, que se percibe como una especie de “monstruo de mil cabezas” contra el que resulta sumamente complejo luchar y que es difícil de vencer, en el caso comentado se puede explicar principalmente por la ineficiencia de dos instituciones: el Congreso de Tamaulipas y el propio Ayuntamiento de Tampico.
Ambas, se deslindan ahora de las atrocidades de la pasada administración municipal y no parecen convencidas de que les corresponde actuar para que se castigue a quienes las cometieron.
No es culpa de los ciudadanos los manejos irregulares de la anterior administración municipal de Tampico, pero hay que reconocer que ciudadanos en general, organizaciones de la sociedad civil, cámaras y liderazgos de la ciudad, pueden y deben ser un equilibrio ante la ineficacia de las instituciones, para lo cual, se requiere en primer término una cultura cívica sobre el funcionamiento, presupuestos y desempeño de las mismas. Esto se conoce como Responsabilidad Social.
Para ello, resulta urgente por ejemplo, conocer del Congreso del estado de Tamaulipas, su Auditoría Superior y de los diputados que lo integran, la función específica en materia de revisión de cuentas de los Municipios, Juicio Político contra servidores públicos, facultades para denunciar irregularidades, entre otras.
Asimismo, identificar las responsabilidades en que pudieron haber incurrido funcionarios de la anterior administración, de acuerdo a las irregularidades que se han dado a conocer por miembros del actual Municipio, así como aquellas que pudieran surgir en caso de que éste no proceda legalmente ante tales faltas conocidas y documentadas.
Por lo anterior, en mis próximas colaboraciones abordaré para el conocimiento de los tampiqueños, diversos análisis de las funciones y responsabilidades del Congreso local y de los Ayuntamientos.
Tenemos memoria para revisar la historia y los errores cometidos, así como un futuro con esperanza para comprometernos hoy como sociedad, en construir el entorno justo y ordenado que queremos para vivir con nuestras familias. Creo que trabajar por el bien común, siempre vale la pena.
Con una debida formación cívica y con algo de información, los tampiqueños iremos sabiendo “dónde quedó la bolita”.
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