Un “mega” IFAI: ¿Sinónimo de “mega” transparencia?

El Presidente electo Enrique Peña Nieto, anunció el pasado 9 de septiembre la presentación ante el Senado, por impulso de su partido -el PRI- en unión al Verde Ecologista, de una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer al Instituto de Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), dotándolo de autonomía y ampliando sus facultades para otorgarle competencia sobre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, dotando, además, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de un comité garante de transparencia integrado por tres ministros.

De aprobarse, se ampliaría su rango de acción a las entidades federativas, los gobiernos municipales, ya que el IFAI fungiría como órgano de revisión en segunda instancia en asuntos de transparencia de los gobiernos estatales de todo el país y del Distrito Federal y podría atraer casos relevantes; para ello, se incrementaría el número de sus comisionados de los actuales cinco, a siete.

Plantea además, garantizar la autonomía de los institutos de transparencia de los estados, a través de mecanismos en sendas constituciones locales y dotar de facultades al presidente del organismo para que pueda presentar controversias constitucionales en casos de violación a leyes o tratados en materia de acceso a la información.

La propuesta ha sido bien recibida pero, también ha generado opiniones que cuestionan la incongruencia de la exposición de motivos con el contenido de fondo de la reforma, debido a que plantea la necesidad de avanzar hacia la rendición de cuentas y en realidad la iniciativa únicamente abarca mejoras en la transparencia.

En forma precisa, se ha cuestionado la iniciativa en los siguientes puntos:

1.- La forma de designación que se plantea para aumentar el número de comisionados del IFAI, en la cual se otorgan dos oportunidades, en las que, si el Senado no aprueba los nombramientos propuestos por el presidente, éste los designaría directamente, lo que implicaría un riesgo para fraguar imposiciones.

2.- El hecho de ampliar la competencia del IFAI al incluir al poder legislativo como sujeto obligado, podría confrontar su tarea con la de el IFE, por lo que sería necesario realizar un profundo análisis para evitar duplicidades o controversias futuras.

3.- La propuesta no favorece ni garantiza una independencia presupuestal necesaria para evitar acciones de control presupuestal que pudieran limitar la actividad y eficacia del IFAI, como actualmente sucede en  institutos de transparencia estatales.

Jacqueline Peschard, actual comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), saludó públicamente la iniciativa comentada, así como otra más presentada por el PRD, destacando la necesidad de lograr la aprobación de una Ley General de Transparencia que efectivamente, permita en todo el territorio nacional, sin excepción, cumplir con el derecho de todos los mexicanos de ser informados.

Recordó que actualmente hay enormes diferencias en el acceso a la información en los estados, pues ello depende de la voluntad política de los gobernadores, por lo que destacó que una ley general de transparencia permitiría mejorar procedimientos para avanzar en este derecho fundamental de los mexicanos en todo el país, aprovechando la experiencia y confianza acumuladas en 10 años por el IFAI.

A penas hace un par de días, en el marco de la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia, aseguró que la iniciativa en materia de transparencia requiere de la voluntad política de todos los actores que influirán en su análisis y aprobación, para evitar simulaciones: "Para cambiar la realidad y superar los obstáculos en la materia es necesaria una Ley general, pero también debe ir acompañada de apoyos presupuestales, de profesionalización y capacitación, pero sobre todo exigir la voluntad política de todos los actores involucrados".

No podemos más que coincidir con la comisionada presidenta del IFAI, en el sentido de que la reforma constitucional, no garantiza por sí misma eficacia, requerirá además voluntad política para la instrumentación de todos aquellos mecanismos institucionales que garanticen su cumplimiento y resultados concretos, cotidianos y oportunos en todo el país, en materia de trasparencia.

Para muestra de la simulación en esta materia, basta observar que actualmente existen a lo largo y ancho del país, leyes e institutos locales llamados de transparencia, de los cuales algunos solo la promueven en sus logotipos.

Tiene razón la doctora Peschard al poner el dedo en la llaga: la simulación, cuya cara visible es la impunidad, es un gran enemigo a vencer en este país, ¿no lo crees?

El PRI, entre la espada y la pared por la Reforma Laboral

El presidente Felipe Calderón presentó el pasado 1 de septiembre ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma laboral bajo el novedoso esquema de iniciativa preferente, por lo que ésta, deberá ser dictaminada y votada en el pleno de dicho órgano legislativo -como cámara de origen- a más tardar el 30 de septiembre, para en caso de ser aprobada o modificada, se turne a la cámara revisora – la de senadores- que contará con un plazo de 30 días para aprobarla, modificarla o rechazarla.

A escasas dos semanas de que los Diputados deban votar la referida iniciativa de reforma laboral, el presidente de la Comisión del Trabajo que dictaminará la iniciativa del Gobierno Federal, Carlos Aceves del Olmo, diputado del PRI que pertenece además a la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), expresó que deberá llevar a cabo el análisis de la iniciativa con toda imparcialidad y escuchando las voces de todas las fuerzas políticas, pero pese a ello, adelantó ante medios de comunicación su rechazo como líder sindical, a la propuesta de Calderón, bajo el argumento de que “se opondrá a todo lo que lesione a los trabajadores”.

Otros Diputados que han sido críticos de la propuesta del presidente Calderón, son Martí Batres del PRD quien la calificó de “antilaboral”, Tomás Torres del PVEM, Luisa María Alcalde del Movimiento Ciudadano, Angelino Caamal de Nueva Alianza, Patricio Flores del PRI, quien funge además como Secretario de Comunicación Social de la CTM y secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (SITATYR). Además han surgido otras voces en contra de aspectos específicos de la propuesta de reforma, siendo uno de los que ha generado mayor debate público, el relativo a la vida interna de los sindicatos.

Los grandes sindicatos, públicamente han repudiado el tema de democracia interna contenida en la iniciativa, y que permitiría el voto libre, directo y secreto en la elección de sus dirigencias, así como la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de sus finanzas, del patrimonio sindical y especialmente del destino de sus ingresos percibidos por cuotas sindicales.

 No obstante ello, todo indica que la iniciativa del presidente Calderón es congruente con los criterios definidos por la Organización Internacional del Trabajo en materia de democracia sindical, en el sentido de que el hecho de que la autoridad establezca por vía legal el voto directo, secreto y universal para elegir a los dirigentes sindicales no plantea problemas.

 A la iniciativa de reforma laboral, adicionalmente le espera – de llegar a la Cámara de Senadores- lidiar con la resistencia de los senadores priístas, Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Armando Neyra Chávez, secretario de finanzas de la CTM, Isaías González Cuevas, secretario general de la CROC y de la senadora del PANAL, Mónica Arriola, hija de Elba Esther Gordillo, entre otros legisladores.

Por su parte, el PRD está impulsando su propia iniciativa de reforma laboral en oposición a la del gobierno federal. Es claro que la del PAN, será la única bancada que estará dispuesta a aprobar en los términos planteados, la iniciativa presidencial; apoyo que parece no será suficiente.

Los pronósticos más prometedores, apuntan a su modificación para eliminar los temas rechazados por las grandes organizaciones sindicales y gremiales.

¿Cuál será la postura pública que asumirá el Presidente Electo, Enrique Peña Nieto, en caso de abortarse la iniciativa o de aprobarse una reforma laboral “light” por oposición de buena parte de legisladores del PRI y por presiones de organizaciones sindicales ligadas principalmente a su partido?

 Habría que recordarle que su actual coordinador general para la Transición Gubernamental, Luis Videgaray Caso, que hace un par de meses expresó ante medios de comunicación, que la prioridad del próximo gobierno sería acelerar las reformas estructurales, especialmente, las modificaciones legales en materia energética, laboral y hacendaria con la finalidad detonar un mayor crecimiento económico en México.

 Tuvo el cuidado de aclarar que al tener un Congreso sin mayoría priísta, su partido tendría que generar condiciones para trabajar de manera conjunta con la oposición, y lograr acuerdos.

 ¿Cómo explicará Enrique Peña Nieto, la oposición de legisladores de su propio partido a la reforma laboral que sería “prioridad” de su gobierno?

¿Cómo generará consensos con la oposición en el Congreso, si no lo logra al interior de la bancada de su partido?

 El PRI estará entre la espada y la pared, ¿no lo crees?

¿Y las Candidaturas Independientes?

El Artículo 35 de la Constitución otorga el derecho a todo ciudadano de votar y ser votado para un cargo de elección popular; sin embargo, actualmente, esta prerrogativa constitucional no está plenamente reconocida en México.

Ese derecho a ser votado existía al promulgarse nuestra Constitución en 1917 y persistió de manera amplia como la posibilidad de que un ciudadano contendiera y pudiera ser votado para ocupar un cargo de elección popular sin que la postulación proviniera de un partido político hasta 1946, limitación que se confirmó en las reformas electorales de 1973, 1977.

En el año 2011, el Senado de la República aprobó una reforma que permitía las candidaturas independientes a nivel federal; reforma que no se concretó al ser “congelada” en la cámara de Diputados, impidiendo la adecuación de las normas secundarias contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) con la finalidad de posibilitar al IFE el registro ordinario de dichas candidaturas, regular su financiamiento y la utilización de espacios en medios de comunicación.

No obstante ello, 58 ciudadanos, entre ellos Manuel Clouthier Carrillo, hijo del “Maquío” solicitaron su registro como candidatos independientes a diversos cargos de elección popular; registro que les fue negado por el Instituto Federal Electoral, por lo que éste seguirá, hasta donde se sabe, el camino judicial iniciado por Jorge Castañeda cuando pretendió ser candidato a la Presidencia de la República en el año 2006, quien lo hizo demandando un amparo para poder registrarse como candidato independiente, el cual fue desechado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sin entrar al fondo del asunto.

A decir de Manuel Clouthier, basará sus acciones jurídicas para ser reconocido como candidato independiente, no sólo en el artículo 35 constitucional antes citado, sino tres aspectos adicionales que surgieron posteriormente al “caso Castañeda”:

1.- La reforma constitucional al artículo 41 de la Constitución Federal, aprobada el 31 de agosto de 2007, que suprimió de su texto que es facultad exclusiva de los partidos solicitar registros a cargos de elección popular, subsistiendo únicamente esta exclusividad en elecciones estatales de acuerdo a lo que dispone en su artículo 116 , fracción IV, inciso e).

2.- La reforma constitucional al artículo 99, hecha en 2007, que señala que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede resolver casos en los cuales las leyes contravengan a la Constitución.

3.- La reciente reforma al artículo 1° de nuestra carta magna que eleva a los derechos humanos recocidos en los tratados internacionales de los que México sea parte, como lo es el derecho humano fundamental en materia política de votar y ser votado, que se encuentra plasmado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por nuestro país.

Dicho dispositivo establece que todo ciudadano, sin distinción de raza, color, sexo, religión o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, tiene el derecho inalienable de participar en la Dirección de los Asuntos Públicos y votar y ser elegido en elecciones periódicas.

En las observaciones generales del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, se dispone que el derecho establecido en el citado artículo 25, no deberá limitarse de forma excesiva mediante el requisito de que los candidatos sean miembros de partidos o pertenezcan a determinados partidos.

Pese a las “ventajas” citadas, será todo un reto para Manuel Clouthier lograr su registro en las mencionadas condiciones, toda vez que también existe un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos de Sonora y Yucatán cuyas legislaturas locales habían aprobado leyes que admitían las candidaturas independientes, en el sentido de que las candidaturas no partidistas eran constitucionales, siempre y cuando los legisladores federales o locales determinaran “dentro de su sistema jurídico electoral, si sólo los partidos políticos tienen derecho a postular candidatos a esos otros cargos de elección popular o si también permiten candidaturas independientes”, lo que no sucede en el ámbito federal, al no estar reconocidas en el COFIPE.

Tema interesante que abonará, más allá de su desenlace, a hacer realidad las candidaturas independientes que han sido avaladas en el discurso por la mayoría de los partidos políticos; ¿no lo crees?

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9139209

Florence Cassez: ¿presunta inocente?

En anterior colaboración, abordé el tema tratado por el largometraje documental “Presunto culpable” partiendo para analizarlo de las escandalosas cifras de la impunidad que priva en nuestro país, debido a que la crudeza de los vicios y fallas del procedimiento penal mostrados en dicho trabajo periodístico, dan cuenta de muchos de los motivos que la originan: nula investigación ministerial, testigo acusador sin otras probanzas que ofrezcan certeza, actos de tortura para obtener declaraciones, aprehensiones ilegales, por mencionar algunos.

Recordemos que en el caso tratado por el documental, “Toño” fue acusado y sentenciado a 20 años de prisión por un crimen que no cometió, del cual después de cuatro años, fue exonerado; a “Toño” se le pretendía imponer “castigo sin crimen”.

Con la relevancia que ha surgido en torno al caso de Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, viene a mi mente nuevamente el tema de la impunidad en México y se adiciona como novedoso vicio del procedimiento penal un montaje televisivo sobre detención de presuntos implicados y liberación de víctimas.

Independientemente de la verdad histórica -inocencia o culpabilidad- que en ambos casos será realmente difícil conocer, existe en ellos un punto común: la persistencia de los citados vicios del procedimiento penal que derivan de la debilidad, falta de profesionalización, ineficacia, simulación o corrupción de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia.

En el caso de “Toño”, llamado “Presunto Culpable”, sabemos que hubo un asesinato; sin embargo, las innumerables irregularidades existentes dentro del procedimiento penal, permitieron al resultar el acusado inocente de todo cargo, la subsistencia de un crimen cierto sin castigo. Hasta la fecha, nadie sabe quién fue el verdadero asesino; con ello, surge la impunidad.

En el caso de Florence Cassez, no conocemos aún la verdad jurídica que resultará de la decisión que dentro de algunos meses tomará la Suprema Corte de Justicia; lo que sí sabemos, es que existieron graves violaciones al llamado “debido proceso” que no es otra cosa que un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a garantías mínimas que le permitan la defensa adecuada de sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.

Al igual que en el caso de “Toño”, en el de Florence Cassez existen, con evidencias ciertas y reconocimiento expreso de la autoridad responsable, irregularidades graves al debido proceso tales como el montaje televisivo que simuló su detención flagrante que ahora sabemos fue simulada.

¿Cómo podemos otorgar como sociedad, confianza a la justicia mexicana a sabiendas de la debilidad y vicios de nuestro sistema judicial?

Personalmente considero que el debate en este tema no debería estar centrado en la liberación o no de la ciudadana francesa, sino en la necesidad de mejorar cada una de las etapas de nuestro sistema penal: a) La prevención del delito (proporcionar seguridad a los gobernados); b) Averiguación Previa (denuncia, investigación de los delitos por la policía ministerial y peritos a cargo del Ministerio Público); c) Proceso Penal (orden de aprehensión, pruebas, alegatos y sentencia); d) Sistema de ejecución de sentencias (sistema penitenciario).

Basta revisar nuestro estado de Tamaulipas para conocer que no tenemos policía local que realice labores preventivas sino el auxilio extraordinario de las fuerzas federales; no existe confianza en el trabajo realizado por los agentes del Ministerio Público, lo que deriva en infinidad de delitos que no se denuncian ante la certeza de que “no tiene caso”; ante los jueces, el ciudadano que se atreve a denunciar muchas veces se enfrenta a averiguaciones mal integradas o corrupción, lo que convierte tal osadía en un calvario adicional; y, qué decir de las escandalosas fugas de reos, en los casos de sentencias condenatorias.

Así, a lo largo y ancho de nuestro territorio con variantes y matices.
La impunidad en México es 98.5% de cada 100 delitos denunciados. Esta cifra desde luego se eleva si tomamos en cuenta que sólo se denuncian cerca del 22% de los delitos que se cometen. Es decir, de cada 1000 delitos cometidos, 780 quedan impunes por falta de denuncia y de los 220 que se denuncian, sólo se formula condena a poco más de 3; ello, representa un verdadero “hoyo negro” para el estado mexicano.

Por todo esto, insisto, el tema no es la inocencia o culpabilidad de Florence Cassez, sino la impunidad que deriva de la debilidad, ineficacia, simulación o corrupción de nuestro sistema penal y la urgencia de mejorarlo. Necesitamos verdadera justicia y sobre todo, confiar en nuestra justicia.

Resulta pertinente recordar las palabras del poeta mexicano Manuel José Othón: “La nación más grande y más potente es débil si le falta la justicia”.

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9135240

La violencia contra las mujeres

Por increíble que parezca, los organismos internacionales han tenido que luchar contra una falta de aceptación en los hechos, más allá de los discursos y declaraciones, que toda mujer –como cualquier ser humano- tiene derecho a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad; estos derechos incluyen, desde luego, el derecho a vivir libres de violencia.

En su gestión como Secretario General de las Naciones Unidas (1997-2006), Kofi Annan, declaró atinadamente que "La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz."

Históricamente, la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder desiguales entre el hombre y la mujer, derivadas de la condición natural de la mujer y de los roles sociales que derivan de esta, que han conducido a su dominación y a su discriminación, siendo la violencia contra la mujer uno de los principales mecanismos para mantenerla forzadamente en una situación de subordinación respecto del hombre.

Algunos grupos de mujeres son más vulnerables frente a la violencia, como las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado.

Este flagelo adopta hasta hoy, diversas formas en todo el orbe: la violencia en el hogar; las violaciones; la trata de mujeres y niñas; la prostitución forzada; los feminicidios; la violencia en situaciones de conflicto armado; los asesinatos por razones de honor; la violencia por causa de la dote; el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto en favor de bebés masculinos; la mutilación genital femenina; entre otras.

Frente a todos los esfuerzos internacionales que han permitido por una parte la condena pública y universal de la violencia contra las mujeres y, por otra parte avances significativos sobre el tema, habría que reflexionar sobre los motivos que impiden su efectiva erradicación.

¿Será un tema de falta de sensibilización de la sociedad entera para respetar y hacer respetar los derechos humanos de la mujer? ¿Será ineficacia y debilidad de las políticas públicas en la materia? ¿Será consecuencia de la impunidad que impera en muchas sociedades que impide el acceso a la justicia para que los “derechos reconocidos” sean derechos respetados y que puedan ser realmente ejercidos?

En México, la violencia contra las mujeres persiste por una combinación de los factores antes citados.

Arrastramos aún, la llamada “cultura machista” que hace invisible a los ojos de la sociedad diversas formas de violencia “aceptadas”. En este tema, habrá que seguir insistiendo en rechazar las diversas formas –incluyendo las más sutiles- de violencia contra la mujer.

También deberemos seguir insistiendo en que se condene públicamente en medios de comunicación, redes sociales y por instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad, todo tipo de violencia contra la mujer con el fin de formar corrientes de opinión pública que frenen esas prácticas y faciliten su prevención.

En materia de políticas públicas, se lograron avances significativos con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que busca –con un enfoque integral- la erradicación de la violencia. Sin embargo, esta ley por sí misma no puede garantizar resultados ya que requiere necesariamente de un sistema de justicia efectivo que actualmente no tenemos.

Para ello, algunos especialistas han propuesto ampliar la competencia que establece la ley para incluir a los tribunales familiares; ampliar las medidas de protección y seguridad de las víctimas, hoy insuficientes; armonizar las legislaciones locales y federales; agilizar el proceso judicial; y, sobre todo, fortalecer las redes de apoyo integral a las mujeres víctimas de violencia.

Independientemente de los retos apuntados, en este momento y ante el deterioro social que estamos viviendo, quiero hacer notar el incremento de la violencia contra las mujeres como grupo vulnerable. Sirva este espacio pues, para la reflexión colectiva y, para pedir que en cada uno de nuestros estados y a nivel federal, se redoblen esfuerzos para contener y erradicar lo que el Nobel de la Paz llamó con justa razón “la más vergonzosa violación de los derechos humanos”. ¿No lo crees?

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9131296

La política como profesión

En el año 1919 el pensador alemán Max Weber dictó una conferencia en la que expuso conceptos básicos de la política en aquel contexto histórico, entre los que destacan las cualidades del político profesional y la relación existente entre la política y la ética.

Decía que tres son las cualidades decisivas para el político: “el político debe tener: amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad, mesura en sus actuaciones”.
Asimismo, al reflexionar respecto de la relación entre la política y la ética, distingue en esta última dos tipos: la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad.

Afirmaba que la primera de ellas, mueve al individuo a realizar sus acciones en persecución de unos determinados valores o ideales de una manera absoluta; el político pretende con sus acciones mostrar la validez que sus ideales tienen para él, lo que le puede llevar al sacrificio de su propia persona en aras de sus ideales.

La ética de la responsabilidad por el contrario, se basa en la evaluación de las consecuencias de las propias acciones. El político que se guía por este tipo de ética, toma en consideración los efectos que previsiblemente van a tener sus acciones.

Weber concluye que aunque ambos tipos de ética se encuentran entre sí en una contraposición irresoluble, no quiere decir esto que la “ética de las convicciones” signifique falta de responsabilidad, ni que la “ética de la responsabilidad” sea idéntica a falta de convicciones o principios. Para este pensador, ambos tipos de ética aparecen como complementarias.

Personalmente, estoy convencida de que así es.

Al recordar las posiciones de Weber, algunos de los lectores tendrán en mente que más allá de los debates filosóficos -que por supuesto son importantes- la política en la actualidad es una actividad demeritada ante los ojos de los ciudadanos, quienes no encuentran en muchos de sus actores la característica que el sentido común indica para quien dice servir a los demás: resolver los problemas de la comunidad y dar resultados a la sociedad.

La política es una de las actividades sociales más demeritadas en México, vista –cada vez más- como sinónimo de abuso, irresponsabilidad, corrupción, improvisación, ineficiencia, incapacidad, botín, nepotismo, traiciones, deslealtades, cinismo, etc..

Dicha actividad tiene mala fama -y bien ganada- ante lo que se muestra de ella públicamente y lo que se conoce además, de boca en boca.

En opinión de la mayoría de los ciudadanos, los políticos de nuestro país, no se distinguen ni por su ética, ni por su responsabilidad.

Por ello, muchos mexicanos, asqueados y decepcionados, han optado en rechazar y promover el rechazo a la política.

Sin embargo, el demérito de la política no puede ni debe soslayarse por la sociedad entera; debe encararse, simplemente porque, por una parte, la política es reflejo de la sociedad y, por otra parte, y tal vez la de mayor peso, la política es la actividad especializada de la que derivan las decisiones más importantes para la vida pública del país, es decir, las decisiones que afectan de manera positiva o negativa la vida de todos y cada uno de nosotros.

Así lo decía Don Carlos Abascal: “Es necesario recuperar la dignidad de la política como ciencia, arte y virtud que tiene por objeto el acceso al poder y su uso para la justicia social y el bien común.”

Pero, además, en esta coyuntura de diversas problemáticas sociales que enfrentamos, resulta indispensable que cada uno de nosotros contribuya a mejorar nuestro entorno, con nuestra actividad cotidiana realizada responsable, profesional y honestamente, pero también, con una actitud cívica de exigencia a quienes desde el poder público, no hacen lo que les corresponde.

Las dos cosas son apremiantes en este momento en México: sociedad y clase política actuando con ética y responsabilidad, ¿no lo crees?

http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/impreso/9127288

¿Celebrando el día internacional de la Mujer?

El día internacional de la Mujer se celebra en todo el mundo y lleva implícito una tradición de cerca de 90 años de lucha por la igualdad de los seres humanos, como derecho fundamental, y por la justicia, como reivindicación necesaria por la ausencia de reconocimiento real –no sólo jurídico- a la dignidad de la mujer, y ante la violencia y discriminación de las que hemos sido objeto las mujeres.

Esa lucha ha generado numerosos compromisos internacionales como principales instrumentos para avanzar hacia la equidad de género, entre los cuales vale la pena destacar:

1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que en el artículo 2, reconoce que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión.

2.- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General del la ONU en 1979 y que entró en vigor en 1981, tras la ratificación de 20 países, entre ellos México.

3.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, fue suscrita en junio de 1994 durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que México ratifica en 1998. En ella se establecen criterios de condena hacia todas las formas de violencia contra las mujeres, perpetradas tanto por el Estado, como en el hogar o en el espacio laboral.

4.- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, firmadas por los gobiernos que participaron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 y que constituyen la base para diseñar políticas públicas en torno a la equidad de género para potenciar el desarrollo de las mujeres en el siglo XXI. Pese a esta plataforma, en México no se ha logrado la transversalidad de género en las políticas públicas, prevaleciendo una marcada invisibilización de la problemática específica que aqueja a las mujeres.

5.- La Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre del año 2000 y que reunió a 189 jefes de Estado en la sede de las Naciones Unidas para reconocer que, además de sus responsabilidades con sendas sociedades, tienen la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial.

En el plano nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza, en su recién reformado artículo 1, a toda persona, el goce de los derechos humanos y garantías contenidos en ella y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y plasma en su artículo 4, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha difundido, en el marco de su programa de equidad de género y partiendo de estas normas, que todas las mujeres tienen los siguientes derechos:

El pleno reconocimiento de su dignidad como personas; el respeto a su vida; el respeto a su integridad física, psíquica y moral; la libertad y a la seguridad personales; la libertad de procreación; la igualdad de protección ante la ley; un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que las ampare contra actos que violen sus derechos; la libertad de asociación y reunión; un medio ambiente adecuado para su desarrollo; la vivienda; el trabajo y la formación y pertenencia a sindicatos; la libertad de expresión y de información; la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro del marco de la ley; la libertad de tránsito y de residencia; igualdad de participación en las funciones, asuntos y decisiones públicas; ser valorada y educada fuera de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; vivir libre de discriminación en la esfera de la educación, la vida política, el matrimonio y la familia, el empleo, la atención médica, la vida económica y social, etc.; que se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir en razón, entre otras, de su raza, embarazo, discapacidad, edad, situación socioeconómica, privación de su libertad o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.

Este año debemos celebrar los evidentes esfuerzos y avances plasmados en normas nacionales e internacionales y el reconocimiento universal de la igualdad de género y otros derechos; sin embargo, siendo fieles al espíritu histórico de lucha por la equidad de género, también debemos señalar que nuestra sociedad no puede jactarse de ser democrática y justa si no logra, como no ha lo ha hecho hasta hoy, proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia que enfrentan en la convivencia cotidiana de nuestras comunidades.

Con renovado espíritu para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, celebremos pues, este 8 de marzo, el día internacional de la mujer, mirando al pasado con satisfacción y al futuro con responsabilidad y compromiso. ¿No lo crees?

http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9123394

Hacia la equidad de género y el fin de las “Juanitas”….

Aunado al rezago y discriminación cultural que aún impera en nuestro país respecto de la equidad de género, debemos reconocer que ha faltado se incremente el número de mujeres que asuman plenamente la responsabilidad y el reto de prepararse y participar en política formal para lograr mayor representación y acceso a los cargos de elección popular.

La equidad de género ha sido motivo, desde hace muchos años en México, de batallas reales de asociaciones y liderazgos que buscan una democracia más incluyente, pero también de discursos vacíos, botines políticos, apatía y simulación, de quienes continúan generando obstáculos para la real participación de las mujeres.

Partiendo de lo anterior, creo que podremos avanzar en el tema sobre dos vías: por una parte, impulsar y comprometerse desde las bases de la sociedad y de los partidos políticos para la eliminación de la discriminación y la formación de cuadros femeninos; y, por otra parte, evaluar la eficacia y mejorar los mecanismos legales existentes para impulsar la equidad de género, que a la fecha siguen sin dar resultados satisfactorios.

Cabe reconocer, que de las dos vías antes citadas, la vía jurídica es la instancia fundamental para que el estado mexicano garantice alcanzar la igualdad real en lo político electoral entre los hombres y mujeres, siendo que, los derechos de género, que incluyen las llamadas ‘cuotas de género’, forman parte de nuestro sistema constitucional y legal en materia electoral, tanto por las convenciones y tratados suscritos por el Estado mexicano, como por las normas de derecho positivo.

En la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), los Estados partes se comprometen a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales (artículo 7, inciso b). Asimismo, en el artículo 2 de la convención citada, se condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y se conviene en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.

Al respecto, en nuestro país, el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las candidaturas a Diputados y Senadores, deberán estar integradas cuando menos de un 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.

Pese a contar desde hace muchos años con esta regulación que supone impulsar por medio de la “cuota de género” la participación de las mujeres en política formal y permitir su acceso a cargos de elección popular, como son las Diputaciones Federales y Senadurías, la realidad es que el objetivo no se cumplía debido a distorsiones en su aplicación, tal como sucedió en el llamado caso de las diputadas “juanitas”.

Recordemos que el nombre nació en referencia a Rafael Acosta “Juanito”, postulado a jefe delegacional de Iztapalapa y que “prometió” renunciar para que Clara Brugada ocupara finalmente el cargo.

Al inicio de la actual legislatura de la Cámara de Diputados, 8 legisladoras cedieron sus curules a suplentes masculinos: 4 del Partido Verde, 2 del PRI, 1 del PRD y 1 del PT.

Ambas actuaciones para torcer el sentido de la ley, fueron vergonzantes en el ámbito internacional por sus implicaciones de fondo en contra de la democracia y, particularmente en el segundo caso, por ser precisamente mujeres, las que además, abonaran abiertamente al rezago de la representación femenina en política, causa histórica de lucha de nuestro género.

El actual momento político parece favorecer a la equidad de género. Basta analizar el contenido del Acuerdo recién emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el día 22 de febrero del presente año, que interpreta la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-JDC-12624/2011, en el sentido de que los partidos políticos deberán adoptar las medidas “necesarias” para garantizar “el estricto cumplimiento” de registrar al menos 40% de sus candidatos a Senador y a diputados de un mismo género.

Con estas decisiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral, pretenden garantizar tajantemente y cerrando la puerta a todo tipo de obstáculos y triquiñuelas, un avance sustantivo hacia la equidad de género mediante la inclusión mínima de 120 candidatas a Diputadas Federales y 26 a Senadoras, por el principio de Mayoría Relativa, en fórmulas 100% femeninas, es decir, mujeres como propietarias y suplentes.

Para que este loable esfuerzo del estado mexicano se traduzca en mejorar la equidad de género en la política formal, los partidos políticos tendrán que acatar estas disposiciones postulando a sus mejores cuadros femeninos para dichos cargos y, finalmente, los electores tendrán la última palabra para impulsar, mediante su voto, a mujeres que contiendan en igualdad de condiciones con hombres.

PARA MUESTRA, BASTA UN BOTÓN.

Lo ordenado por el TEPJF y el IFE, será todo un reto para los partidos; ejemplo de ello es que, la que aquí escribe, soy la única mujer contendiendo dentro del Partido Acción Nacional, para el cargo de Diputada Federal de Mayoría en todo el estado de Tamaulipas, integrado por 8 distritos.

¿Cómo harán para cumplir con la cuota de género e impulsar la participación de las mujeres? Veremos…

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El político frente al ciudadano: ¿quién sirve a quien?

La política en la actualidad es una actividad demeritada ante los ojos de los ciudadanos quienes no encuentran en muchos de sus actores las características que el sentido común indica para quien dice servirlos: resolver los problemas de la comunidad y dar resultados.

Sin pretender poner el dedo en la llaga, sino tratando de orientar la energía ciudadana que hoy levanta su voz en este tema, quiero compartir tres posiciones contenidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que me parecen centrales para ubicar la definición del Estado mexicano en relación con el servicio público.

La primera de ellas y creo la más importante, deriva del contenido de su artículo 39, que establece que: “….Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…..”

La segunda, está consagrada en su artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos…..”

La tercera, se establece en su artículo 41: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores…….”

Los ciudadanos tienen razón cuando esperan resultados de la actividad política, especialmente de los servidores públicos, ya que nuestra constitución -como se desprende de los dispositivos citados- condiciona la representación del poder público de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federales como locales, a la realización de acciones para beneficio de quien les otorgó ese mandato: el pueblo mexicano.

Es decir, todo funcionario en ejercicio del poder público, debe además de apegarse en su actuación a las leyes de la materia, beneficiar con resultados concretos a quienes sirve. Por ello, todos los presupuestos y facultades otorgados a una función pública, deben ejercerse con este enfoque delineado por nuestra carta magna de bien de la comunidad.

Contrariamente a esto, tenemos Ministerios Públicos que no investigan, Policías que en muchos de los casos no nos brindan seguridad, Contralorías que no practican verdaderas revisiones, Diputados que no fiscalizan debidamente el ejercicio de los recursos públicos, Maestros que no están capacitados para la enseñanza, Jueces que no administran justicia, legisladores que no generan las leyes que requerimos, etc., etc..

Lo más grave, es quizás que ya nos hemos “acostumbrado” a que así sean las cosas.

Por ello, me parece de suma importancia que avancemos como país hacia un sistema efectivo de evaluación de las instituciones, de costo-beneficio y de una verdadera rendición de cuentas que permita objetivamente, medir los beneficios que recibimos de ellas.

Esto permitiría establecer metas a mediano y largo plazo en temas fundamentales como lo son, por citar algunos, la educación y la justicia, ya que es de todos sabido que mantenemos con nuestros impuestos, a muy alto costo y de manera bizarra, una educación básica de baja calidad y una impunidad del 98%, y que, sorprendentemente hay pocos funcionarios públicos urgidos a remontar estos lastres sociales que a todas luces detienen el desarrollo de nuestro país.

Insisto, hoy requerimos en México impulsar un sistema legal, ciudadanizado y autónomo de evaluación y rendición de cuentas de las instituciones, que brinde a nuestro sistema político una herramienta objetiva para el cumplimiento de sus fines fundamentales –de beneficio del pueblo- y para la toma responsable de decisiones.

En democracia, somos los ciudadanos quienes elegimos a nuestros gobernantes, quienes cubrimos sus remuneraciones y aportamos los recursos de sus presupuestos con nuestros impuestos. Si nosotros los elegimos y sostenemos, también deberíamos poder evaluarlos y fiscalizarlos. ¿No lo crees?

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¿Qué es la iniciativa de Ley SOPA?

La llamada iniciativa de Ley SOPA congelada momentáneamente por su promotor el congresista estadounidense Lamar Smith es un proyecto legislativo que incumbe a organizaciones y empresas de Estados Unidos.

Esta ley establecería el uso (en Estados Unidos de América) de un mecanismo de censura sobre Internet similar al que se utiliza en China, Irán o Siria y que censura las webs que el gobierno quiere.

Según sus defensores, el objetivo sería perseguir la piratería en línea combatiendo aquellas prácticas sociales que ellos consideran ilícitas: intercambiar música, compartir películas, vídeos y demás contenidos protegidos por el derecho intelectual.

Ello implicaría que las autoridades estadounidenses podrían congelar los ingresos y la publicidad en sitios web, obligar a las herramientas de búsqueda a desaparecer estas páginas web de sus resultados e incluso solicitar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a tales dominios.

Pese a que se trata de una legislación estadounidense contra la piratería online, de retomarse su debate y aprobarse, tendría efectos en el resto del mundo, toda vez que Internet es una red globalizada; por lo que toca a nuestro país, afectaría directamente, de acuerdo a la opinión de expertos, en la privacidad de Internet, el acceso a páginas y, no sólo en el presente, sino en la innovación de tecnologías hacia el futuro.

Quienes proponen la ley, afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros.

Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a Internet y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión. Incluso la Casa Blanca manifestó su temor a que la SOPA pueda vulnerar las garantías jurídicas de las compañías que operan en Internet, así como la libertad de expresión.

Por su parte, la Casa Blanca se opuso a la medida por considerar que ésta podría suscitar demandas contra empresas cibernéticas y perjudicar a negocios legítimos, además de atropellar el derecho a la libertad de expresión; incluso en un comunicado ratificando su rechazo, el presidente Barack Obama insinuó que podría vetar cualquier medida que "reduzca la libertad de expresión, incremente los riegos a la seguridad cibernética, o socave" la red cibernética global.

Voces calificadas consideran que de aprobarse esta ley, el sentido original con el que fue creado Internet se vería desvirtuado, ya que se estaría perdiendo el derecho al acceso a la información, a la cultura y la interconexión de usuarios y citan como ejemplos de ello:

1.- Las redes de navegación anónimas se volverían ilegales (la anonimidad en internet es importantísima para muchos usuarios).

2.- Toda comunicación podría ser oficialmente espiada para poder determinar si incumple (o no) la ley.

3.- Aquellos sitios donde se incentiva el contenido generado por el usuario se verían imposibilitados para operar porque sería sumamente impráctico vigilar cada cosa publicada con el miedo de recibir una demanda desproporcionada pues la ley no distingue entre proveedor o usuario en estos casos.

El debate de esta iniciativa retirada momentáneamente del congreso norteamericano, debería continuar de manera abierta en nuestro país y en todo el mundo, para seguir reflexionando sobre un tema tan importante y de tan alto impacto para una sociedad que cotidianamente utiliza y hasta depende de la internet, buscando el siempre difícil, pero necesario equilibrio, entre la libertad y los derechos de terceros, como serían la propiedad intelectual o los derechos de autor. ¿No lo crees?

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Los jóvenes y la política en México

De acuerdo al Censo de Población de 2010, en México habitan 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, siendo el 49.2% hombres y el 50.8% mujeres.

De este grupo, casi dos terceras partes son mayores de edad y por ello, tienen la posibilidad de votar; sin embargo se considera que la participación político electoral de los jóvenes en México es poco significativa, aunque de gran potencial.

El desinterés, apatía o rechazo de los jóvenes mexicanos hacia la política es resultado no sólo de la disfunción propia del sistema político actual, sino también del bajo nivel educativo, de la ausencia de espacios democráticos adecuados para su participación y de la desconfianza generalizada consecuencia de una historia que muestra traiciones, corrupción, colusión, falta de transparencia y rendición de cuentas, leyes amañadas, simulación, impunidad e ineficacia de instituciones públicas.

Los jóvenes escuchan y ven que muchos de esos aspectos negativos de la política se repiten con rostros diferentes, en niveles diferentes, en partidos diferentes, en cargos públicos diferentes, pero en un alto porcentaje de la misma manera, por lo que se abstienen de participar en política o en temas públicos por considerar que esto “nunca cambiará”.

Esto se agrava por el hecho de que actualmente el funcionamiento de la democracia está dominado por élites políticas siendo todavía escasa la madurez de la cultura política de los ciudadanos, así como su influencia, lo que impide que los jóvenes, que son el grupo poblacional con la mayor capacidad de expresión y protesta, cuenten con foros y espacios democráticos adecuados donde puedan exponer su sentir, donde se pueda recoger correctamente su percepción e incluso, donde se les permita una real participación política.

Ante esta falta de participación de los jóvenes, las élites políticas incluso recurren a la simulación de líderes o grupos juveniles de carácter clientelar, que no permiten ni incentivan la verdadera expresión y participación política de los jóvenes, dejando de integrar a la vida pública del país, la fuerza, energía y talento que representan.

Por todo lo anterior, resulta que la presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación en México es baja, y así se refleja en la Encuesta Nacional de Juventud 2010, ya que en promedio, arroja que el 70% de ellos nunca han participado en organizaciones o asociaciones y quienes sí lo hacen, participan en asociaciones deportivas, estudiantiles o religiosas.

No obstante que nuestro sistema político no se alimenta adecuadamente del vigor y potencial de los jóvenes, e incluso los margina, sí los requiere y reclama en su vertiente electoral como votantes, lo cual solo genera una renta electoral. La referida Encuesta Nacional de Juventud 2010, confirma que casi el 77% de los jóvenes dicen estar de acuerdo en acudir a votar en las elecciones.

Por ello, nuestro sistema político se convierte con los jóvenes, en algo así como un “Sistema Egoísta”.

Esta situación resulta realmente triste, por significar una distorsión más de la verdadera democracia, una falta de reconocimiento al valor que representan los jóvenes para cualquier nación y un descuido a su desarrollo para insertarlos debidamente en la comunidad.

Los jóvenes están lejos de poder participar más activamente en la atención y solución de su propia problemática y las que aquejan al país que, desde luego, les afectan; sin embargo, de los jóvenes será, más que de nadie, el resultado de la acción u omisión en los temas de interés público de hoy.

Urge integrarlos, y por ello, deben ser para la sociedad entera, una motivación central para enderezar nuestro sistema político y darle eficacia.

Por lo pronto, podemos, debemos y tenemos que incluirlos, sea cual sea nuestra trinchera en la comunidad, en la tarea de construir una mejor sociedad.

Si lo hacemos, será para ellos la mejor formación cívica y, sin duda, dará vitalidad y mejor enfoque a nuestro esfuerzo. ¿No lo crees?

Dedico con cariño esta reflexión a mi hija Hilda, quien a sus quince años me pidió abordara este tema.

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¡Bienvenido el año 2012!

El año 2011 terminó y como es costumbre, cada uno de nosotros tratamos de hacer un balance de lo vivido y fijarnos propósitos o metas a cumplir en el año nuevo.

Para muchos mexicanos el balance del año que recién concluyó, no solo incluye la revisión de los aspectos personales, laborales o familiares, en los que siempre habrá aspectos que agradecer de lo vivido y buenos deseos para el porvenir, sino que también hemos tenido que considerar de manera sustantiva, los temas relativos al entorno público municipal, estatal y federal actual.

Terminamos un año marcado por una crisis de seguridad sin precedentes, asociada a una descomposición social evidente que alteró nuestra forma de vivir, especialmente en algunos estados del país, como es el caso de Tamaulipas; afortunadamente en forma coordinada el gobierno de nuestro estado y el gobierno federal han venido desarrollando una estrategia que empieza a dar algunos buenos resultados.

En materia económica aunque existe una marcada incertidumbre, la fortaleza de la economía mexicana ha resistido hasta ahora la desaceleración mundial, que afectó especialmente a países como Estados Unidos y la Eurozona; esta fortaleza se sustenta en el hecho de que nuestra economía tiene buenos elementos fundamentales, finanzas públicas sanas, el control sobre las presiones inflacionarias y un nivel de reservas altas.
La pobreza es un flagelo que ha persistido en este año, especialmente a consecuencia de la influencia de las crisis económicas a nivel internacional.

Con estas y muchas otras realidades de nuestro querido México estamos obligados, si queremos de verdad cambiarlas, a incluir dentro de nuestros buenos deseos y especialmente dentro de nuestros propósitos una agenda de compromisos de participación ciudadana, que pasen por las distintas trincheras de nuestra democracia: el ejercicio del derecho a votar y ser votados para cargos de elección popular, que incluye erradicar el abstencionismo o prácticas como el voto nulo y buscar poner los mejores perfiles a disposición del electorado; el ejercicio de los derechos de petición y de información para gestionar acciones de bien común, evaluar el desempeño de los servidores públicos, exigir resultados y cuentas en su gestión una vez electos o designados.

2012 deberá ser un año en el que los buenos propósitos en el ámbito público, tendrán que ir de la mano con el compromiso de los mexicanos para actuar como verdaderos líderes, trabajando con honestidad y altura de miras, dejando de lado tantos intereses personales, de grupos o partidistas que hoy resultan evidentemente menores y mezquinos frente al tamaño y profundidad de nuestros problemas sociales y públicos y de nuestros retos a corto, mediano y largo plazo.

En ese sentido, quiero compartir con nuestros lectores, que he tomado la decisión de buscar como ciudadana, dentro del Partido Acción Nacional en el que milito, esperando contar con el apoyo de liderazgos y militantes, convertirme en Candidata a Diputada Federal únicamente por el principio de Mayoría Relativa por el Distrito 8 con cabecera en Tampico, movida por un sentido de responsabilidad social, con humildad y convicción, para poner mi perfil, trayectoria, capacidades y trabajo a su consideración.

El proceso democrático interno de selección de candidatos en el PAN, recién está iniciando y se definirá con el voto de los militantes el próximo 19 de febrero, en el que espero resultar electa para contender y ganar en la elección constitucional del próximo 1 de julio de 2012.

Este 2012 debe ser el año del compromiso con el México que nos pertenece y al que amamos. Por eso, con responsabilidad, esperanza y alegría, démosle la bienvenido al año nuevo.

¡Muchas felicidades a todos!

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9087813