Aunado al rezago y discriminación cultural que aún impera en nuestro país respecto de la equidad de género, debemos reconocer que ha faltado se incremente el número de mujeres que asuman plenamente la responsabilidad y el reto de prepararse y participar en política formal para lograr mayor representación y acceso a los cargos de elección popular.
La equidad de género ha sido motivo, desde hace muchos años en México, de batallas reales de asociaciones y liderazgos que buscan una democracia más incluyente, pero también de discursos vacíos, botines políticos, apatía y simulación, de quienes continúan generando obstáculos para la real participación de las mujeres.
Partiendo de lo anterior, creo que podremos avanzar en el tema sobre dos vías: por una parte, impulsar y comprometerse desde las bases de la sociedad y de los partidos políticos para la eliminación de la discriminación y la formación de cuadros femeninos; y, por otra parte, evaluar la eficacia y mejorar los mecanismos legales existentes para impulsar la equidad de género, que a la fecha siguen sin dar resultados satisfactorios.
Cabe reconocer, que de las dos vías antes citadas, la vía jurídica es la instancia fundamental para que el estado mexicano garantice alcanzar la igualdad real en lo político electoral entre los hombres y mujeres, siendo que, los derechos de género, que incluyen las llamadas ‘cuotas de género’, forman parte de nuestro sistema constitucional y legal en materia electoral, tanto por las convenciones y tratados suscritos por el Estado mexicano, como por las normas de derecho positivo.
En la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), los Estados partes se comprometen a garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales (artículo 7, inciso b). Asimismo, en el artículo 2 de la convención citada, se condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y se conviene en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer.
Al respecto, en nuestro país, el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las candidaturas a Diputados y Senadores, deberán estar integradas cuando menos de un 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad.
Pese a contar desde hace muchos años con esta regulación que supone impulsar por medio de la “cuota de género” la participación de las mujeres en política formal y permitir su acceso a cargos de elección popular, como son las Diputaciones Federales y Senadurías, la realidad es que el objetivo no se cumplía debido a distorsiones en su aplicación, tal como sucedió en el llamado caso de las diputadas “juanitas”.
Recordemos que el nombre nació en referencia a Rafael Acosta “Juanito”, postulado a jefe delegacional de Iztapalapa y que “prometió” renunciar para que Clara Brugada ocupara finalmente el cargo.
Al inicio de la actual legislatura de la Cámara de Diputados, 8 legisladoras cedieron sus curules a suplentes masculinos: 4 del Partido Verde, 2 del PRI, 1 del PRD y 1 del PT.
Ambas actuaciones para torcer el sentido de la ley, fueron vergonzantes en el ámbito internacional por sus implicaciones de fondo en contra de la democracia y, particularmente en el segundo caso, por ser precisamente mujeres, las que además, abonaran abiertamente al rezago de la representación femenina en política, causa histórica de lucha de nuestro género.
El actual momento político parece favorecer a la equidad de género. Basta analizar el contenido del Acuerdo recién emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el día 22 de febrero del presente año, que interpreta la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-JDC-12624/2011, en el sentido de que los partidos políticos deberán adoptar las medidas “necesarias” para garantizar “el estricto cumplimiento” de registrar al menos 40% de sus candidatos a Senador y a diputados de un mismo género.
Con estas decisiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral, pretenden garantizar tajantemente y cerrando la puerta a todo tipo de obstáculos y triquiñuelas, un avance sustantivo hacia la equidad de género mediante la inclusión mínima de 120 candidatas a Diputadas Federales y 26 a Senadoras, por el principio de Mayoría Relativa, en fórmulas 100% femeninas, es decir, mujeres como propietarias y suplentes.
Para que este loable esfuerzo del estado mexicano se traduzca en mejorar la equidad de género en la política formal, los partidos políticos tendrán que acatar estas disposiciones postulando a sus mejores cuadros femeninos para dichos cargos y, finalmente, los electores tendrán la última palabra para impulsar, mediante su voto, a mujeres que contiendan en igualdad de condiciones con hombres.
PARA MUESTRA, BASTA UN BOTÓN.
Lo ordenado por el TEPJF y el IFE, será todo un reto para los partidos; ejemplo de ello es que, la que aquí escribe, soy la única mujer contendiendo dentro del Partido Acción Nacional, para el cargo de Diputada Federal de Mayoría en todo el estado de Tamaulipas, integrado por 8 distritos.
¿Cómo harán para cumplir con la cuota de género e impulsar la participación de las mujeres? Veremos…
http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9119411
