El Presidente electo Enrique Peña Nieto, anunció el pasado 9 de septiembre la presentación ante el Senado, por impulso de su partido -el PRI- en unión al Verde Ecologista, de una iniciativa de reforma constitucional para fortalecer al Instituto de Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), dotándolo de autonomía y ampliando sus facultades para otorgarle competencia sobre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, dotando, además, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de un comité garante de transparencia integrado por tres ministros.
De aprobarse, se ampliaría su rango de acción a las entidades federativas, los gobiernos municipales, ya que el IFAI fungiría como órgano de revisión en segunda instancia en asuntos de transparencia de los gobiernos estatales de todo el país y del Distrito Federal y podría atraer casos relevantes; para ello, se incrementaría el número de sus comisionados de los actuales cinco, a siete.
Plantea además, garantizar la autonomía de los institutos de transparencia de los estados, a través de mecanismos en sendas constituciones locales y dotar de facultades al presidente del organismo para que pueda presentar controversias constitucionales en casos de violación a leyes o tratados en materia de acceso a la información.
La propuesta ha sido bien recibida pero, también ha generado opiniones que cuestionan la incongruencia de la exposición de motivos con el contenido de fondo de la reforma, debido a que plantea la necesidad de avanzar hacia la rendición de cuentas y en realidad la iniciativa únicamente abarca mejoras en la transparencia.
En forma precisa, se ha cuestionado la iniciativa en los siguientes puntos:
1.- La forma de designación que se plantea para aumentar el número de comisionados del IFAI, en la cual se otorgan dos oportunidades, en las que, si el Senado no aprueba los nombramientos propuestos por el presidente, éste los designaría directamente, lo que implicaría un riesgo para fraguar imposiciones.
2.- El hecho de ampliar la competencia del IFAI al incluir al poder legislativo como sujeto obligado, podría confrontar su tarea con la de el IFE, por lo que sería necesario realizar un profundo análisis para evitar duplicidades o controversias futuras.
3.- La propuesta no favorece ni garantiza una independencia presupuestal necesaria para evitar acciones de control presupuestal que pudieran limitar la actividad y eficacia del IFAI, como actualmente sucede en institutos de transparencia estatales.
Jacqueline Peschard, actual comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), saludó públicamente la iniciativa comentada, así como otra más presentada por el PRD, destacando la necesidad de lograr la aprobación de una Ley General de Transparencia que efectivamente, permita en todo el territorio nacional, sin excepción, cumplir con el derecho de todos los mexicanos de ser informados.
Recordó que actualmente hay enormes diferencias en el acceso a la información en los estados, pues ello depende de la voluntad política de los gobernadores, por lo que destacó que una ley general de transparencia permitiría mejorar procedimientos para avanzar en este derecho fundamental de los mexicanos en todo el país, aprovechando la experiencia y confianza acumuladas en 10 años por el IFAI.
A penas hace un par de días, en el marco de la clausura de la Semana Nacional de la Transparencia, aseguró que la iniciativa en materia de transparencia requiere de la voluntad política de todos los actores que influirán en su análisis y aprobación, para evitar simulaciones: "Para cambiar la realidad y superar los obstáculos en la materia es necesaria una Ley general, pero también debe ir acompañada de apoyos presupuestales, de profesionalización y capacitación, pero sobre todo exigir la voluntad política de todos los actores involucrados".
No podemos más que coincidir con la comisionada presidenta del IFAI, en el sentido de que la reforma constitucional, no garantiza por sí misma eficacia, requerirá además voluntad política para la instrumentación de todos aquellos mecanismos institucionales que garanticen su cumplimiento y resultados concretos, cotidianos y oportunos en todo el país, en materia de trasparencia.
Para muestra de la simulación en esta materia, basta observar que actualmente existen a lo largo y ancho del país, leyes e institutos locales llamados de transparencia, de los cuales algunos solo la promueven en sus logotipos.
Tiene razón la doctora Peschard al poner el dedo en la llaga: la simulación, cuya cara visible es la impunidad, es un gran enemigo a vencer en este país, ¿no lo crees?
