domingo, 29 de enero de 2012

El político frente al ciudadano: ¿quién sirve a quien?

La política en la actualidad es una actividad demeritada ante los ojos de los ciudadanos quienes no encuentran en muchos de sus actores las características que el sentido común indica para quien dice servirlos: resolver los problemas de la comunidad y dar resultados.

Sin pretender poner el dedo en la llaga, sino tratando de orientar la energía ciudadana que hoy levanta su voz en este tema, quiero compartir tres posiciones contenidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que me parecen centrales para ubicar la definición del Estado mexicano en relación con el servicio público.

La primera de ellas y creo la más importante, deriva del contenido de su artículo 39, que establece que: “….Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…..”

La segunda, está consagrada en su artículo 40: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos…..”

La tercera, se establece en su artículo 41: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores…….”

Los ciudadanos tienen razón cuando esperan resultados de la actividad política, especialmente de los servidores públicos, ya que nuestra constitución -como se desprende de los dispositivos citados- condiciona la representación del poder público de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, tanto federales como locales, a la realización de acciones para beneficio de quien les otorgó ese mandato: el pueblo mexicano.

Es decir, todo funcionario en ejercicio del poder público, debe además de apegarse en su actuación a las leyes de la materia, beneficiar con resultados concretos a quienes sirve. Por ello, todos los presupuestos y facultades otorgados a una función pública, deben ejercerse con este enfoque delineado por nuestra carta magna de bien de la comunidad.

Contrariamente a esto, tenemos Ministerios Públicos que no investigan, Policías que en muchos de los casos no nos brindan seguridad, Contralorías que no practican verdaderas revisiones, Diputados que no fiscalizan debidamente el ejercicio de los recursos públicos, Maestros que no están capacitados para la enseñanza, Jueces que no administran justicia, legisladores que no generan las leyes que requerimos, etc., etc..

Lo más grave, es quizás que ya nos hemos “acostumbrado” a que así sean las cosas.

Por ello, me parece de suma importancia que avancemos como país hacia un sistema efectivo de evaluación de las instituciones, de costo-beneficio y de una verdadera rendición de cuentas que permita objetivamente, medir los beneficios que recibimos de ellas.

Esto permitiría establecer metas a mediano y largo plazo en temas fundamentales como lo son, por citar algunos, la educación y la justicia, ya que es de todos sabido que mantenemos con nuestros impuestos, a muy alto costo y de manera bizarra, una educación básica de baja calidad y una impunidad del 98%, y que, sorprendentemente hay pocos funcionarios públicos urgidos a remontar estos lastres sociales que a todas luces detienen el desarrollo de nuestro país.

Insisto, hoy requerimos en México impulsar un sistema legal, ciudadanizado y autónomo de evaluación y rendición de cuentas de las instituciones, que brinde a nuestro sistema político una herramienta objetiva para el cumplimiento de sus fines fundamentales –de beneficio del pueblo- y para la toma responsable de decisiones.

En democracia, somos los ciudadanos quienes elegimos a nuestros gobernantes, quienes cubrimos sus remuneraciones y aportamos los recursos de sus presupuestos con nuestros impuestos. Si nosotros los elegimos y sostenemos, también deberíamos poder evaluarlos y fiscalizarlos. ¿No lo crees?

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9103465

¿Qué es la iniciativa de Ley SOPA?

La llamada iniciativa de Ley SOPA congelada momentáneamente por su promotor el congresista estadounidense Lamar Smith es un proyecto legislativo que incumbe a organizaciones y empresas de Estados Unidos.

Esta ley establecería el uso (en Estados Unidos de América) de un mecanismo de censura sobre Internet similar al que se utiliza en China, Irán o Siria y que censura las webs que el gobierno quiere.

Según sus defensores, el objetivo sería perseguir la piratería en línea combatiendo aquellas prácticas sociales que ellos consideran ilícitas: intercambiar música, compartir películas, vídeos y demás contenidos protegidos por el derecho intelectual.

Ello implicaría que las autoridades estadounidenses podrían congelar los ingresos y la publicidad en sitios web, obligar a las herramientas de búsqueda a desaparecer estas páginas web de sus resultados e incluso solicitar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a tales dominios.

Pese a que se trata de una legislación estadounidense contra la piratería online, de retomarse su debate y aprobarse, tendría efectos en el resto del mundo, toda vez que Internet es una red globalizada; por lo que toca a nuestro país, afectaría directamente, de acuerdo a la opinión de expertos, en la privacidad de Internet, el acceso a páginas y, no sólo en el presente, sino en la innovación de tecnologías hacia el futuro.

Quienes proponen la ley, afirman que protege el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros.

Los opositores argumentan que la ley infringe los derechos de la Primera Enmienda, que es censura en Internet, que lisiará a Internet y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión. Incluso la Casa Blanca manifestó su temor a que la SOPA pueda vulnerar las garantías jurídicas de las compañías que operan en Internet, así como la libertad de expresión.

Por su parte, la Casa Blanca se opuso a la medida por considerar que ésta podría suscitar demandas contra empresas cibernéticas y perjudicar a negocios legítimos, además de atropellar el derecho a la libertad de expresión; incluso en un comunicado ratificando su rechazo, el presidente Barack Obama insinuó que podría vetar cualquier medida que "reduzca la libertad de expresión, incremente los riegos a la seguridad cibernética, o socave" la red cibernética global.

Voces calificadas consideran que de aprobarse esta ley, el sentido original con el que fue creado Internet se vería desvirtuado, ya que se estaría perdiendo el derecho al acceso a la información, a la cultura y la interconexión de usuarios y citan como ejemplos de ello:

1.- Las redes de navegación anónimas se volverían ilegales (la anonimidad en internet es importantísima para muchos usuarios).

2.- Toda comunicación podría ser oficialmente espiada para poder determinar si incumple (o no) la ley.

3.- Aquellos sitios donde se incentiva el contenido generado por el usuario se verían imposibilitados para operar porque sería sumamente impráctico vigilar cada cosa publicada con el miedo de recibir una demanda desproporcionada pues la ley no distingue entre proveedor o usuario en estos casos.

El debate de esta iniciativa retirada momentáneamente del congreso norteamericano, debería continuar de manera abierta en nuestro país y en todo el mundo, para seguir reflexionando sobre un tema tan importante y de tan alto impacto para una sociedad que cotidianamente utiliza y hasta depende de la internet, buscando el siempre difícil, pero necesario equilibrio, entre la libertad y los derechos de terceros, como serían la propiedad intelectual o los derechos de autor. ¿No lo crees?

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9099325

domingo, 15 de enero de 2012

Los jóvenes y la política en México

De acuerdo al Censo de Población de 2010, en México habitan 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, siendo el 49.2% hombres y el 50.8% mujeres.

De este grupo, casi dos terceras partes son mayores de edad y por ello, tienen la posibilidad de votar; sin embargo se considera que la participación político electoral de los jóvenes en México es poco significativa, aunque de gran potencial.

El desinterés, apatía o rechazo de los jóvenes mexicanos hacia la política es resultado no sólo de la disfunción propia del sistema político actual, sino también del bajo nivel educativo, de la ausencia de espacios democráticos adecuados para su participación y de la desconfianza generalizada consecuencia de una historia que muestra traiciones, corrupción, colusión, falta de transparencia y rendición de cuentas, leyes amañadas, simulación, impunidad e ineficacia de instituciones públicas.

Los jóvenes escuchan y ven que muchos de esos aspectos negativos de la política se repiten con rostros diferentes, en niveles diferentes, en partidos diferentes, en cargos públicos diferentes, pero en un alto porcentaje de la misma manera, por lo que se abstienen de participar en política o en temas públicos por considerar que esto “nunca cambiará”.

Esto se agrava por el hecho de que actualmente el funcionamiento de la democracia está dominado por élites políticas siendo todavía escasa la madurez de la cultura política de los ciudadanos, así como su influencia, lo que impide que los jóvenes, que son el grupo poblacional con la mayor capacidad de expresión y protesta, cuenten con foros y espacios democráticos adecuados donde puedan exponer su sentir, donde se pueda recoger correctamente su percepción e incluso, donde se les permita una real participación política.

Ante esta falta de participación de los jóvenes, las élites políticas incluso recurren a la simulación de líderes o grupos juveniles de carácter clientelar, que no permiten ni incentivan la verdadera expresión y participación política de los jóvenes, dejando de integrar a la vida pública del país, la fuerza, energía y talento que representan.

Por todo lo anterior, resulta que la presencia de los jóvenes en los espacios públicos de participación en México es baja, y así se refleja en la Encuesta Nacional de Juventud 2010, ya que en promedio, arroja que el 70% de ellos nunca han participado en organizaciones o asociaciones y quienes sí lo hacen, participan en asociaciones deportivas, estudiantiles o religiosas.

No obstante que nuestro sistema político no se alimenta adecuadamente del vigor y potencial de los jóvenes, e incluso los margina, sí los requiere y reclama en su vertiente electoral como votantes, lo cual solo genera una renta electoral. La referida Encuesta Nacional de Juventud 2010, confirma que casi el 77% de los jóvenes dicen estar de acuerdo en acudir a votar en las elecciones.

Por ello, nuestro sistema político se convierte con los jóvenes, en algo así como un “Sistema Egoísta”.

Esta situación resulta realmente triste, por significar una distorsión más de la verdadera democracia, una falta de reconocimiento al valor que representan los jóvenes para cualquier nación y un descuido a su desarrollo para insertarlos debidamente en la comunidad.

Los jóvenes están lejos de poder participar más activamente en la atención y solución de su propia problemática y las que aquejan al país que, desde luego, les afectan; sin embargo, de los jóvenes será, más que de nadie, el resultado de la acción u omisión en los temas de interés público de hoy.

Urge integrarlos, y por ello, deben ser para la sociedad entera, una motivación central para enderezar nuestro sistema político y darle eficacia.

Por lo pronto, podemos, debemos y tenemos que incluirlos, sea cual sea nuestra trinchera en la comunidad, en la tarea de construir una mejor sociedad.

Si lo hacemos, será para ellos la mejor formación cívica y, sin duda, dará vitalidad y mejor enfoque a nuestro esfuerzo. ¿No lo crees?

Dedico con cariño esta reflexión a mi hija Hilda, quien a sus quince años me pidió abordara este tema.

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9095165

domingo, 1 de enero de 2012

¡Bienvenido el año 2012!

El año 2011 terminó y como es costumbre, cada uno de nosotros tratamos de hacer un balance de lo vivido y fijarnos propósitos o metas a cumplir en el año nuevo.

Para muchos mexicanos el balance del año que recién concluyó, no solo incluye la revisión de los aspectos personales, laborales o familiares, en los que siempre habrá aspectos que agradecer de lo vivido y buenos deseos para el porvenir, sino que también hemos tenido que considerar de manera sustantiva, los temas relativos al entorno público municipal, estatal y federal actual.

Terminamos un año marcado por una crisis de seguridad sin precedentes, asociada a una descomposición social evidente que alteró nuestra forma de vivir, especialmente en algunos estados del país, como es el caso de Tamaulipas; afortunadamente en forma coordinada el gobierno de nuestro estado y el gobierno federal han venido desarrollando una estrategia que empieza a dar algunos buenos resultados.

En materia económica aunque existe una marcada incertidumbre, la fortaleza de la economía mexicana ha resistido hasta ahora la desaceleración mundial, que afectó especialmente a países como Estados Unidos y la Eurozona; esta fortaleza se sustenta en el hecho de que nuestra economía tiene buenos elementos fundamentales, finanzas públicas sanas, el control sobre las presiones inflacionarias y un nivel de reservas altas.
La pobreza es un flagelo que ha persistido en este año, especialmente a consecuencia de la influencia de las crisis económicas a nivel internacional.

Con estas y muchas otras realidades de nuestro querido México estamos obligados, si queremos de verdad cambiarlas, a incluir dentro de nuestros buenos deseos y especialmente dentro de nuestros propósitos una agenda de compromisos de participación ciudadana, que pasen por las distintas trincheras de nuestra democracia: el ejercicio del derecho a votar y ser votados para cargos de elección popular, que incluye erradicar el abstencionismo o prácticas como el voto nulo y buscar poner los mejores perfiles a disposición del electorado; el ejercicio de los derechos de petición y de información para gestionar acciones de bien común, evaluar el desempeño de los servidores públicos, exigir resultados y cuentas en su gestión una vez electos o designados.

2012 deberá ser un año en el que los buenos propósitos en el ámbito público, tendrán que ir de la mano con el compromiso de los mexicanos para actuar como verdaderos líderes, trabajando con honestidad y altura de miras, dejando de lado tantos intereses personales, de grupos o partidistas que hoy resultan evidentemente menores y mezquinos frente al tamaño y profundidad de nuestros problemas sociales y públicos y de nuestros retos a corto, mediano y largo plazo.

En ese sentido, quiero compartir con nuestros lectores, que he tomado la decisión de buscar como ciudadana, dentro del Partido Acción Nacional en el que milito, esperando contar con el apoyo de liderazgos y militantes, convertirme en Candidata a Diputada Federal únicamente por el principio de Mayoría Relativa por el Distrito 8 con cabecera en Tampico, movida por un sentido de responsabilidad social, con humildad y convicción, para poner mi perfil, trayectoria, capacidades y trabajo a su consideración.

El proceso democrático interno de selección de candidatos en el PAN, recién está iniciando y se definirá con el voto de los militantes el próximo 19 de febrero, en el que espero resultar electa para contender y ganar en la elección constitucional del próximo 1 de julio de 2012.

Este 2012 debe ser el año del compromiso con el México que nos pertenece y al que amamos. Por eso, con responsabilidad, esperanza y alegría, démosle la bienvenido al año nuevo.

¡Muchas felicidades a todos!

http://tampico.milenio.com/cdb/doc/impreso/9087813