Hace poco más de un año y medio, escribí un artículo que, por su contenido, considero pertinente transcribir en estos momentos tan dolorosos para la sociedad mexicana, uniéndome a la reflexión pública, convencida de que a todos –poderes ejecutivo, legislativo y judicial; nivel federal, estatal y municipal; medios de comunicación; organizaciones de la sociedad; y, ciudadanos- nos toca formar parte de la solución a los graves problemas públicos que nos aquejan.
Especialmente, es momento de que cada uno de nosotros como mexicanos, en el día a día, seamos honestos, responsables, informados, exigentes, solidarios y rechacemos la corrupción -partiendo de nuestra vida privada a la pública- para reconstruir la paz social que hemos perdido y para contrarrestar la impunidad que hoy, pasa a todos la factura.
Con el permiso de ustedes…..
“Vivimos tiempos de decadencia: ¿Qué podemos hacer nosotros?
Violencia desmedida, corrupción, impunidad, cinismo político, ir contra natura, pérdida de valores, entre otros, son algunos de los males sociales que padecemos en nuestro querido México.
La debilidad que generan éstos se palpa en el temor que percibimos, en la falta de confianza en autoridades, en el deterioro de instituciones públicas y privadas, así como en el desánimo que de manera bastante generalizada manifiesta la gente.
Males que se comentan en el seno familiar, en los centros de trabajo, por internet y hasta en la calle, porque de una u otra manera nos afectan. También han sido motivo de “debates” políticos, con posiciones diversas, algunas sustentadas, otras muchas oportunistas, pero todas al fin, lejanas a una sociedad que no acaba por asumirse como rectora de su rumbo.
En mi opinión, estos males siguen presentes pese a la transición del régimen autoritario que los incubó (intacto en estados como el nuestro), a una democracia que mayoritariamente los rechaza, pero que no termina de dar los resultados esperados precisamente porque no cuenta con el motor indispensable para ello: el acompañamiento, la evaluación y la expresión clara de la sociedad respecto a lo que quiere.
La transición no fue suficiente para que nuestro entorno cambiara eficazmente ya que los intereses existentes durante el régimen autoritario, buscaron formas para sobrevivir en la naciente democracia y lograron conservar sus espacios de poder, haciéndola parecer como sistema fracasado, lo cual es falso.
En democracia todos los ciudadanos tienen el mismo derecho para expresarse y decidir, pero precisamente es en ese ejercicio real, es decir, en la verdadera participación ciudadana, que radica la posibilidad de que se obtenga lo que mayoritariamente queremos y que evidentemente no tenemos ahora.
Los males que vivimos, no son responsabilidad sólo de gobiernos o instituciones, ya que incluso los gobiernos e instituciones son producto y reflejo de nosotros, la sociedad.
Por ello, el mejor antídoto a la decadencia que padecemos es asumir de una vez por todas, nuestra responsabilidad como sociedad, no sólo con el voto, sino participando de manera más amplia y permanente: trasladando nuestras opiniones del nivel privado al público de manera sustentada; iniciando un diálogo abierto, informado y respetuoso entre las diversas organizaciones de la sociedad civil para lograr primero acuerdos concretos de las necesidades y prioridades de nuestra ciudad, estado y país, y una vez definidas éstas, buscar la atención de las autoridades obligadas a aplicar los recursos de nuestros impuestos, en acciones concretas para el bien común.
Ejemplo de ello podría ser, el diálogo que se requiere en el tema de la reubicación del aeropuerto de Tampico, que de manera sorpresiva se anunció sin explicación lógica en opinión de muchos ciudadanos y especialistas, para que una vez definida una postura, se convoque a las autoridades con la fuerza que sólo puede tener una sociedad que sabe lo que quiere y lo manifiesta.
Es conocida la expresión de Ortega y Gasset (Meditaciones del Quijote) que cae en el marco de estas consideraciones: “Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo”.
Salvemos a nuestra comunidad de esta decadencia, somos mayoría y en democracia, las mayorías decidimos.”
lunes, 29 de agosto de 2011
lunes, 22 de agosto de 2011
Queda claro que no hay nada claro en el llamado caso OPI.
A más de una semana de haber surgido en un medio informativo de Monterrey la versión sobre la existencia de una orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tampico, Oscar Rolando Pérez Inguanzo, esta información no se ha confirmado o negado, oficialmente, por las autoridades encargadas de la procuración de justicia en Tamaulipas.
La notoria desinformación, creada por el silencio oficial de las autoridades competentes en nuestro estado, abona a la desconfianza y falta de credibilidad que los ciudadanos manifiestan de manera generalizada, en relación a quienes ejercen el poder público.
En Tamaulipas, son muy pocos los que confían en que esta vez sí se actuará; que no habrá otro caso más de impunidad; y, que por fin sabremos, lo que realmente sucedió en la pasada administración municipal de Tampico.
Durante la semana que concluyó, surgieron versiones en diferentes medios informativos totalmente contradictorias: en algunos se afirmó que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Tamaulipas, diputado Gustavo Torres Salinas habría confirmado la existencia de la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tampico Pérez Inguanzo; en otros, exactamente lo contrario.
Respecto a las supuestas declaraciones de la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza, que dieron origen a este tema mediático, no se supo más.
En mi anterior colaboración, hice una recopilación de los antecedentes de este caso y, especialmente, enumeré las denuncias cuya existencia era conocida. A la fecha, no existe información que indique que de alguna de las mencionadas denuncias, pudiera haber surgido, la referida orden de aprehensión.
A esa lista de denuncias, tal vez debe agregarse una más: la que se supo fue presentada por habitantes de la llamada “invasión Mano con Mano” de este municipio, con motivo de su desalojo de los terrenos que ocupaban y por el uso excesivo de la fuerza pública ordenado por autoridades municipales durante la pasada administración.
Es una pena que en este caso tan lamentable, la desinformación va y viene, ante el silencio de las autoridades competentes en Tamaulipas y, sobre todo, ante la indignación de los tampiqueños y de muchos tamaulipecos.
Ante lo sucedido, las preguntas obligadas son:
¿A qué se debe el silencio de las autoridades competentes?
¿Por qué el Ayuntamiento de Tampico solamente ha presentado una denuncia por fraude genérico por el caso concreto de la firma de un contrato, a favor de una empresa, que le ha demandado civilmente su cumplimiento y no, como los tampiqueños estamos esperando, por todos los hechos irregulares cometidos durante la pasada administración municipal que públicamente se han dado a conocer?
¿Habrá, finalmente, sanciones ejemplares para quienes hubieren actuado indebidamente en la pasada administración municipal?
¿Cuántos políticos se pondrían a temblar si el ex alcalde de Tampico fuera llevado ante las autoridades judiciales y se viera en la necesidad de explicar lo que pasó con las finanzas de su administración?
¿Será por eso que solamente parece un caso mediático y no jurídico, de donde únicamente resultará un nuevo “villano favorito”?
¿Se estará apostando así al olvido, especialmente, al de los electores?
Como lo dijo el filósofo y político romano Lucio Anneo Séneca, “el tiempo descubre la verdad”; creo que en el llamado caso OPI, así será…….
La notoria desinformación, creada por el silencio oficial de las autoridades competentes en nuestro estado, abona a la desconfianza y falta de credibilidad que los ciudadanos manifiestan de manera generalizada, en relación a quienes ejercen el poder público.
En Tamaulipas, son muy pocos los que confían en que esta vez sí se actuará; que no habrá otro caso más de impunidad; y, que por fin sabremos, lo que realmente sucedió en la pasada administración municipal de Tampico.
Durante la semana que concluyó, surgieron versiones en diferentes medios informativos totalmente contradictorias: en algunos se afirmó que el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Tamaulipas, diputado Gustavo Torres Salinas habría confirmado la existencia de la orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tampico Pérez Inguanzo; en otros, exactamente lo contrario.
Respecto a las supuestas declaraciones de la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza, que dieron origen a este tema mediático, no se supo más.
En mi anterior colaboración, hice una recopilación de los antecedentes de este caso y, especialmente, enumeré las denuncias cuya existencia era conocida. A la fecha, no existe información que indique que de alguna de las mencionadas denuncias, pudiera haber surgido, la referida orden de aprehensión.
A esa lista de denuncias, tal vez debe agregarse una más: la que se supo fue presentada por habitantes de la llamada “invasión Mano con Mano” de este municipio, con motivo de su desalojo de los terrenos que ocupaban y por el uso excesivo de la fuerza pública ordenado por autoridades municipales durante la pasada administración.
Es una pena que en este caso tan lamentable, la desinformación va y viene, ante el silencio de las autoridades competentes en Tamaulipas y, sobre todo, ante la indignación de los tampiqueños y de muchos tamaulipecos.
Ante lo sucedido, las preguntas obligadas son:
¿A qué se debe el silencio de las autoridades competentes?
¿Por qué el Ayuntamiento de Tampico solamente ha presentado una denuncia por fraude genérico por el caso concreto de la firma de un contrato, a favor de una empresa, que le ha demandado civilmente su cumplimiento y no, como los tampiqueños estamos esperando, por todos los hechos irregulares cometidos durante la pasada administración municipal que públicamente se han dado a conocer?
¿Habrá, finalmente, sanciones ejemplares para quienes hubieren actuado indebidamente en la pasada administración municipal?
¿Cuántos políticos se pondrían a temblar si el ex alcalde de Tampico fuera llevado ante las autoridades judiciales y se viera en la necesidad de explicar lo que pasó con las finanzas de su administración?
¿Será por eso que solamente parece un caso mediático y no jurídico, de donde únicamente resultará un nuevo “villano favorito”?
¿Se estará apostando así al olvido, especialmente, al de los electores?
Como lo dijo el filósofo y político romano Lucio Anneo Séneca, “el tiempo descubre la verdad”; creo que en el llamado caso OPI, así será…….
lunes, 15 de agosto de 2011
¿Hay novedades en el llamado caso OPI?
Recientemente ha surgido versión -no confirmada oficialmente- en un medio informativo de Monterrey, sobre la existencia de orden de aprehensión contra el ex alcalde de Tampico, Oscar Rolando Pérez Inguanzo.
Allí se afirma que la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, dijo en entrevista en un evento al que asistió en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que pronto habrá avances de la justicia local sobre el caso de Pérez Inguanzo: "Me queda claro, que el Gobierno actual (ETC) quiere demostrar que efectivamente el trabajo que se quiere es honesto, es transparente y por esa misma razón estoy segura que va haber resultados".
También expresa que la Alcaldesa detalló que el accionar de la ley se dirigiría contra el ex Presidente Municipal y otros de los funcionarios que colaboraron en la pasada administración: "Contra el ex Alcalde, por supuesto, que yo creo que va a ser colateral".
Desconozco si sean veraces tanto la presunta existencia de orden de aprehensión, como las supuestas declaraciones de la alcaldesa de nuestra ciudad; por esta razón, y en virtud de ser un tema tan doloroso para los tampiqueños, la mañana de ayer en rueda de prensa, pedí como ciudadana que el Procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas saliera a informar del tema hasta donde la ley se lo permita.
A reserva de que la confirmación oficial pueda surgir como sería deseable, me permitiré en esta oportunidad, hacer una relatoría de algunos datos relevantes que se conocen sobre el caso y sobre las denuncias que se han presentado ante diversas autoridades:
ANTECEDENTES
1).- Es público y de todos sabido, con base en un conocimiento empírico, que existieron graves irregularidades en la administración municipal 2008-2010 de la puede resultar responsabilidad para el ex alcalde, síndicos, tesorero y algunos
2).- Existen además evidencias documentadas de ello en el reporte derivado de la Revisión extraordinaria del ejercicio 2008, practicada durante el año 2009, por la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
3).- Obran cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y el Congreso Local presentadas por algunos regidores del PAN sobre innumerables anomalías, que los llevaros incluso a argumentar y votar contra las propuestas presentadas en sesiones de cabildo, lo que consta en las actas respectivas.
4).- Se cuenta con el soporte documental “comprobatorio” de los recursos públicos federales, estatales y propios obtenidos, que debieron ser aplicados de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo; soporte que está, una parte en poder de la Auditoría Superior del Congreso del estado de Tamaulipas, y el resto, en el actual Ayuntamiento de Tampico.
5).- La legislatura anterior del Congreso local no realizó debidamente su función de Vigilancia y Fiscalización de los recursos públicos ejercidos durante el periodo 2008-2010; responsabilidad que incumplieron especialmente los legisladores de los distritos de Tampico, Magdalena Peraza Guerra y Miguel Manzur Nader.
6).- La Auditoria Superior no realizó un adecuado análisis de dichas cuentas públicas y con base a sus “dictámenes”, la pasada legislatura las aprobó por mayoría de manera, por lo menos, irresponsable.
7).- La actual legislatura sigue sin dar resultados concretos sobre el caso, aunque ha anunciado que habrá reporte (no sabemos en qué sentido) durante el ya muy cercano mes de septiembre.
DENUNCIAS PRESENTADAS
1).- Hace dos años presenté la primera de ellas –sobre desvíos de recursos federales detectados en el ejercicio 2008 en el rubro de pavimentación- ante la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la cual derivó en una serie de observaciones que a la fecha siguen su curso en total secrecía.
2).- La segunda denuncia sobre Juicio Político, fue presentada ante la pasada legislatura local por la regidora panista Gabriela Segura, la cual no prosperó al ser bloqueada por los diputados del PRI, PANAL y PVEM, entre los que destaca el voto de la entonces diputada del PRI por Tampico y actual alcaldesa, Magdalena Peraza Guerra.
3).- Existen dos más presentadas, en el presente año, por asociaciones civiles locales, una de ellas del Movimiento Ciudadano.
4).- Ha trascendido, sin que exista confirmación pública, que apenas en julio del presente año el Ayuntamiento de Tampico presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
De resultar cierta la existencia de una orden de aprehensión, sería bueno conocer de cuál proceso surge y si se encuentra debidamente sustentada para que pueda prosperar, o bien, si sucederá como en otros lamentables casos, que se trata solamente de un tema mediático…… Sin duda, pronto habrá respuestas.
Allí se afirma que la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, dijo en entrevista en un evento al que asistió en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que pronto habrá avances de la justicia local sobre el caso de Pérez Inguanzo: "Me queda claro, que el Gobierno actual (ETC) quiere demostrar que efectivamente el trabajo que se quiere es honesto, es transparente y por esa misma razón estoy segura que va haber resultados".
También expresa que la Alcaldesa detalló que el accionar de la ley se dirigiría contra el ex Presidente Municipal y otros de los funcionarios que colaboraron en la pasada administración: "Contra el ex Alcalde, por supuesto, que yo creo que va a ser colateral".
Desconozco si sean veraces tanto la presunta existencia de orden de aprehensión, como las supuestas declaraciones de la alcaldesa de nuestra ciudad; por esta razón, y en virtud de ser un tema tan doloroso para los tampiqueños, la mañana de ayer en rueda de prensa, pedí como ciudadana que el Procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas saliera a informar del tema hasta donde la ley se lo permita.
A reserva de que la confirmación oficial pueda surgir como sería deseable, me permitiré en esta oportunidad, hacer una relatoría de algunos datos relevantes que se conocen sobre el caso y sobre las denuncias que se han presentado ante diversas autoridades:
ANTECEDENTES
1).- Es público y de todos sabido, con base en un conocimiento empírico, que existieron graves irregularidades en la administración municipal 2008-2010 de la puede resultar responsabilidad para el ex alcalde, síndicos, tesorero y algunos
2).- Existen además evidencias documentadas de ello en el reporte derivado de la Revisión extraordinaria del ejercicio 2008, practicada durante el año 2009, por la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.
3).- Obran cuestionamientos ante el propio Ayuntamiento y el Congreso Local presentadas por algunos regidores del PAN sobre innumerables anomalías, que los llevaros incluso a argumentar y votar contra las propuestas presentadas en sesiones de cabildo, lo que consta en las actas respectivas.
4).- Se cuenta con el soporte documental “comprobatorio” de los recursos públicos federales, estatales y propios obtenidos, que debieron ser aplicados de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo; soporte que está, una parte en poder de la Auditoría Superior del Congreso del estado de Tamaulipas, y el resto, en el actual Ayuntamiento de Tampico.
5).- La legislatura anterior del Congreso local no realizó debidamente su función de Vigilancia y Fiscalización de los recursos públicos ejercidos durante el periodo 2008-2010; responsabilidad que incumplieron especialmente los legisladores de los distritos de Tampico, Magdalena Peraza Guerra y Miguel Manzur Nader.
6).- La Auditoria Superior no realizó un adecuado análisis de dichas cuentas públicas y con base a sus “dictámenes”, la pasada legislatura las aprobó por mayoría de manera, por lo menos, irresponsable.
7).- La actual legislatura sigue sin dar resultados concretos sobre el caso, aunque ha anunciado que habrá reporte (no sabemos en qué sentido) durante el ya muy cercano mes de septiembre.
DENUNCIAS PRESENTADAS
1).- Hace dos años presenté la primera de ellas –sobre desvíos de recursos federales detectados en el ejercicio 2008 en el rubro de pavimentación- ante la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados la cual derivó en una serie de observaciones que a la fecha siguen su curso en total secrecía.
2).- La segunda denuncia sobre Juicio Político, fue presentada ante la pasada legislatura local por la regidora panista Gabriela Segura, la cual no prosperó al ser bloqueada por los diputados del PRI, PANAL y PVEM, entre los que destaca el voto de la entonces diputada del PRI por Tampico y actual alcaldesa, Magdalena Peraza Guerra.
3).- Existen dos más presentadas, en el presente año, por asociaciones civiles locales, una de ellas del Movimiento Ciudadano.
4).- Ha trascendido, sin que exista confirmación pública, que apenas en julio del presente año el Ayuntamiento de Tampico presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
De resultar cierta la existencia de una orden de aprehensión, sería bueno conocer de cuál proceso surge y si se encuentra debidamente sustentada para que pueda prosperar, o bien, si sucederá como en otros lamentables casos, que se trata solamente de un tema mediático…… Sin duda, pronto habrá respuestas.
domingo, 7 de agosto de 2011
Reforma Política… ¿Ya? (II)
La exigencia sobre la aprobación de la Reforma Política se ha posicionado como tema ante la opinión pública nacional. Considero que resulta de suma importancia revisar, punto por punto, el dictamen aprobado en la Cámara de Senadores para tener una idea más concreta de la propuesta que se discutirá en la Cámara de Diputados, para que, en caso de aprobarse, se aprovechen las ventajas logradas para una mayor participación democrática y se eviten falsas expectativas de que la Reforma Política erradicará la disfunción política que actualmente padecemos.
En esta oportunidad, analizaremos y evaluaremos las Candidaturas Independientes y el posible impacto que generarían.
La redacción modificada de la fracción II del artículo 35 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que posibilita la existencia de las candidaturas independientes, es la siguiente:
“Son derechos del ciudadano: ……. II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos y a los ciudadanos que de manera independiente cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.”
Considero que las candidaturas independientes, de aprobarse en los términos antes apuntados, sí aportarían cambios positivos para mejorar la democracia representativa en México, sin dejar de advertir que existen riesgos en materia de registro, financiamiento y fiscalización de los recursos de campañas electorales, los cuales tendrían que regularse para reducirlos y controlarlos en lo posible, en la legislación secundaria.
Además de significar una restitución de un derecho fundamental en materia política, las candidaturas independientes, permitirían un mejor y más libre ejercicio del derecho de elegir de los ciudadanos; se fortalecería de forma completa el derecho ciudadano en sus dos vías: VOTAR y SER VOTADO.
Al permitir el registro de candidatos no postulados por partidos se abriría a los ciudadanos el sistema partidista actualmente rechazado por el “monopolio” que representan y que se ha denominado “partidocracia”; acercaría la política a los ciudadanos hoy decepcionados y que “dan la espalda a todo lo que huela a partidos políticos o elecciones”, al hacer posible la existencia de más oferta electoral y, la construcción de proyectos independientes encabezados por liderazgos sociales.
Ello permitiría especialmente al dar más opciones para ejercer el voto ciudadano, reducir el abstencionismo y figuras como el voto nulo, fortaleciendo nuestra democracia en su vertiente formal o electoral.
También incentivaría la competencia electoral –favoreciendo la participación del electorado- toda vez que las candidaturas independientes motivarían a los partidos a presentar mejores candidatos al abrirse el abanico al elector para que los castigue, de no hacerlo, votando por los independientes.
Los riesgos que algunas voces advierten, se centran por citar algún ejemplo, en que los legisladores electos mediante candidaturas independientes podrían relajar la disciplina partidista en el Congreso, obstaculizando las negociaciones y los acuerdos. Al respecto se debe señalar que las candidaturas independientes de ninguna forma suplirían a los partidos como instituciones políticas fundamentales, sino que los complementarían.
Sería difícil esperar que surjan y triunfen candidatos independientes en un número significativo para poner en riesgo la mecánica legislativa, además de que, el legislador independiente podrá sumarse a una o más fracciones parlamentarias en cada caso concreto para lograr acuerdos, integrándose y dando incluso vigor a la dinámica camaral.
De igual forma, se considera como otros riesgos, permitir con relativa facilidad el registro de candidatos independientes o, al otro extremo, imponer tantos requisitos que las hagan imposibles; el acceso y fiscalización del financiamiento para campañas ya que, tanto al negarles recursos los dejaría en desventaja con los candidatos de partidos, así como al relajar totalmente la regulación en materia de financiamiento.
Sobre ello, considero que establecer como requisito el aval del 1% de los electores del ámbito de que se trate, dar acceso al financiamiento público y regularlo debidamente, sería un escenario que haría funcionales las candidaturas independientes con los beneficios antes expuestos.
En esta oportunidad, analizaremos y evaluaremos las Candidaturas Independientes y el posible impacto que generarían.
La redacción modificada de la fracción II del artículo 35 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que posibilita la existencia de las candidaturas independientes, es la siguiente:
“Son derechos del ciudadano: ……. II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos y a los ciudadanos que de manera independiente cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.”
Considero que las candidaturas independientes, de aprobarse en los términos antes apuntados, sí aportarían cambios positivos para mejorar la democracia representativa en México, sin dejar de advertir que existen riesgos en materia de registro, financiamiento y fiscalización de los recursos de campañas electorales, los cuales tendrían que regularse para reducirlos y controlarlos en lo posible, en la legislación secundaria.
Además de significar una restitución de un derecho fundamental en materia política, las candidaturas independientes, permitirían un mejor y más libre ejercicio del derecho de elegir de los ciudadanos; se fortalecería de forma completa el derecho ciudadano en sus dos vías: VOTAR y SER VOTADO.
Al permitir el registro de candidatos no postulados por partidos se abriría a los ciudadanos el sistema partidista actualmente rechazado por el “monopolio” que representan y que se ha denominado “partidocracia”; acercaría la política a los ciudadanos hoy decepcionados y que “dan la espalda a todo lo que huela a partidos políticos o elecciones”, al hacer posible la existencia de más oferta electoral y, la construcción de proyectos independientes encabezados por liderazgos sociales.
Ello permitiría especialmente al dar más opciones para ejercer el voto ciudadano, reducir el abstencionismo y figuras como el voto nulo, fortaleciendo nuestra democracia en su vertiente formal o electoral.
También incentivaría la competencia electoral –favoreciendo la participación del electorado- toda vez que las candidaturas independientes motivarían a los partidos a presentar mejores candidatos al abrirse el abanico al elector para que los castigue, de no hacerlo, votando por los independientes.
Los riesgos que algunas voces advierten, se centran por citar algún ejemplo, en que los legisladores electos mediante candidaturas independientes podrían relajar la disciplina partidista en el Congreso, obstaculizando las negociaciones y los acuerdos. Al respecto se debe señalar que las candidaturas independientes de ninguna forma suplirían a los partidos como instituciones políticas fundamentales, sino que los complementarían.
Sería difícil esperar que surjan y triunfen candidatos independientes en un número significativo para poner en riesgo la mecánica legislativa, además de que, el legislador independiente podrá sumarse a una o más fracciones parlamentarias en cada caso concreto para lograr acuerdos, integrándose y dando incluso vigor a la dinámica camaral.
De igual forma, se considera como otros riesgos, permitir con relativa facilidad el registro de candidatos independientes o, al otro extremo, imponer tantos requisitos que las hagan imposibles; el acceso y fiscalización del financiamiento para campañas ya que, tanto al negarles recursos los dejaría en desventaja con los candidatos de partidos, así como al relajar totalmente la regulación en materia de financiamiento.
Sobre ello, considero que establecer como requisito el aval del 1% de los electores del ámbito de que se trate, dar acceso al financiamiento público y regularlo debidamente, sería un escenario que haría funcionales las candidaturas independientes con los beneficios antes expuestos.
miércoles, 3 de agosto de 2011
Reforma Política… ¿Ya? (I)
En abril del presente año, el Senado de la República aprobó la modificación de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, habiendo remitido el dictamen así aprobado a la Cámara de Diputados como cámara revisora.
Es de todos sabido que a la fecha, la referida reforma se estancó en la Cámara de Diputados sin que se haya abierto un periodo extraordinario para su atención y que por ello, han surgido cada vez con mayor fuerza, voces de diversos grupos de ciudadanos y liderazgos -a los que la que aquí escribe se ha sumado- que exigimos por diversos medios, incluyendo las redes sociales como el twitter, su aprobación bajo la consigna de “REFORMA POLÍTICA YA”.
De forma destacada, el llamado “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” que encabeza el poeta Javier Sicilia incluyó dentro de los temas de diálogo con legisladores sostenido el pasado jueves, el de la necesidad de que los Diputados aprueben la Reforma Política enviada por el Senado, ante lo que ha señalado como una emergencia nacional por la incapacidad de ofrecer soluciones a los problemas sociales que padecemos actualmente.
Afortunadamente y como debe ser en todo sistema democrático, el tema se ha posicionado en la opinión pública y por ello, considero importante ofrecer información básica del mismo ya que he percibido un amplio desconocimiento de lo que implica la denominada “Reforma Política” incluso entre quienes la “ven con buenos ojos”.
En esta colaboración expondré de manera resumida en qué consiste tal reforma con la finalidad de que contemos con elementos para enriquecer el diálogo cotidiano y las opiniones sobre ella; la semana próxima, ofreceré una evaluación sobre el impacto que pudieran tener estas reformas en nuestra sociedad, tratando de dimensionar lo que podremos esperar de ellas.
Estos son los puntos más destacables del dictamen de la Reforma Política aprobado en el Senado:
1.- CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: Se introduce a la Carta Magna la base normativa para la existencia y regulación de las candidaturas independientes, a todos los cargos de elección popular, tanto federales como locales.
2.- INICIATIVA CIUDADANA: Se avaló que los ciudadanos sean contemplados como sujetos constitucionalmente legitimados para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, siempre que esas iniciativas cuenten con el respaldo de al menos el equivalente al 0.25 por ciento de la lista nominal de electores.
3.- REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL: En cuanto a las consultas populares, se estableció que éstas se realizarán cuando se trate sobre asuntos de trascendencia nacional y podrán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República.
De igual forma, cuando lo requiera el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, así como los ciudadanos en un número igual, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Los senadores dejaron en claro que cuando la petición se haga por parte del Ejecutivo o del Legislativo ésta deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.
Se estableció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.
4.- REELECCIÓN DE LEGISLADORES: En forma inmediata y mediata de senadores y diputados; los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos.
5.- OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO: En el ámbito del Poder Ejecutivo se acordó que éste pueda hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación en un plazo de diez días hábiles.
6.- INICIATIVA PREFERENTE: Asimismo, el presidente de la República tendrá la facultad de presentar iniciativas para trámite preferente, con objeto de que éstas sean resueltas por el Congreso en un breve lapso.
7.- SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: También, acordaron que cuando el Ejecutivo solicite licencia para separarse del cargo será sólo hasta por 60 días y una vez autorizado por el Congreso, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
En caso de la falta absoluta del presidente de la República y si el Congreso no estuviese en sesiones, se estableció que la Comisión Permanente llame inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales.
8.- ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS: Por último, a propuesta del senador panista Ramón Galindo Noriega, se aprobó una adición al artículo 115 constitucional, a efecto de que las constituciones de los estados definan las bases para la elección de los ayuntamientos.
Es de todos sabido que a la fecha, la referida reforma se estancó en la Cámara de Diputados sin que se haya abierto un periodo extraordinario para su atención y que por ello, han surgido cada vez con mayor fuerza, voces de diversos grupos de ciudadanos y liderazgos -a los que la que aquí escribe se ha sumado- que exigimos por diversos medios, incluyendo las redes sociales como el twitter, su aprobación bajo la consigna de “REFORMA POLÍTICA YA”.
De forma destacada, el llamado “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad” que encabeza el poeta Javier Sicilia incluyó dentro de los temas de diálogo con legisladores sostenido el pasado jueves, el de la necesidad de que los Diputados aprueben la Reforma Política enviada por el Senado, ante lo que ha señalado como una emergencia nacional por la incapacidad de ofrecer soluciones a los problemas sociales que padecemos actualmente.
Afortunadamente y como debe ser en todo sistema democrático, el tema se ha posicionado en la opinión pública y por ello, considero importante ofrecer información básica del mismo ya que he percibido un amplio desconocimiento de lo que implica la denominada “Reforma Política” incluso entre quienes la “ven con buenos ojos”.
En esta colaboración expondré de manera resumida en qué consiste tal reforma con la finalidad de que contemos con elementos para enriquecer el diálogo cotidiano y las opiniones sobre ella; la semana próxima, ofreceré una evaluación sobre el impacto que pudieran tener estas reformas en nuestra sociedad, tratando de dimensionar lo que podremos esperar de ellas.
Estos son los puntos más destacables del dictamen de la Reforma Política aprobado en el Senado:
1.- CANDIDATURAS INDEPENDIENTES: Se introduce a la Carta Magna la base normativa para la existencia y regulación de las candidaturas independientes, a todos los cargos de elección popular, tanto federales como locales.
2.- INICIATIVA CIUDADANA: Se avaló que los ciudadanos sean contemplados como sujetos constitucionalmente legitimados para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, siempre que esas iniciativas cuenten con el respaldo de al menos el equivalente al 0.25 por ciento de la lista nominal de electores.
3.- REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL: En cuanto a las consultas populares, se estableció que éstas se realizarán cuando se trate sobre asuntos de trascendencia nacional y podrán ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República.
De igual forma, cuando lo requiera el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso, así como los ciudadanos en un número igual, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.
Los senadores dejaron en claro que cuando la petición se haga por parte del Ejecutivo o del Legislativo ésta deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.
Se estableció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.
4.- REELECCIÓN DE LEGISLADORES: En forma inmediata y mediata de senadores y diputados; los primeros hasta por un periodo adicional y los segundos hasta por dos.
5.- OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO: En el ámbito del Poder Ejecutivo se acordó que éste pueda hacer observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación en un plazo de diez días hábiles.
6.- INICIATIVA PREFERENTE: Asimismo, el presidente de la República tendrá la facultad de presentar iniciativas para trámite preferente, con objeto de que éstas sean resueltas por el Congreso en un breve lapso.
7.- SUSTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: También, acordaron que cuando el Ejecutivo solicite licencia para separarse del cargo será sólo hasta por 60 días y una vez autorizado por el Congreso, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
En caso de la falta absoluta del presidente de la República y si el Congreso no estuviese en sesiones, se estableció que la Comisión Permanente llame inmediatamente a sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales.
8.- ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS: Por último, a propuesta del senador panista Ramón Galindo Noriega, se aprobó una adición al artículo 115 constitucional, a efecto de que las constituciones de los estados definan las bases para la elección de los ayuntamientos.
Ciudadanía Plena, AC
Nuestra constitución federal establece que el pueblo ejerce el poder público para su beneficio por medio de los poderes de la unión; lo hace, eligiendo mediante el voto a quienes los representan para que éstos, realicen acciones de beneficio general.
Popularmente y de una forma más amplia, escuchamos decir que los ciudadanos pagamos los sueldos y presupuestos de los funcionarios públicos, tanto municipales, estatales y federales y por esta razón concluimos, que somos sus “patrones” y ellos nuestros “empleados”.
Tan sólo en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se contempló tener ingresos federales del orden de los 3 mil 400 billones de pesos, de los cuales casi el 40% se obtendrán de impuestos de los contribuyentes por concepto de IVA y de ISR principalmente.
Por esta razón, prácticamente todas las personas contribuimos –vía impuestos al ingreso y al consumo- para sufragar el costo de la burocracia mexicana que, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, equivale de entre un 9% hasta un 13% del Producto Interno Bruto, lo que la lleva a ser de las más caras del mundo.
Partiendo de estas cifras, surge la pregunta de si esos representantes y funcionarios públicos, que cuestan y muy caro a los mexicanos (incluyendo a los más pobres), son eficientes en el logro de los resultados que demandamos como sociedad.
La respuesta mayoritaria en los tres niveles de responsabilidad es que no.
Vivimos una impunidad casi total, una corrupción creciente derivada de ésta y de la falta de una verdadera transparencia y rendición de cuentas, una crisis de seguridad, rezagos en competitividad y empleo, parálisis legislativa en los temas estructurales y prioritarios, carencias en servicios públicos e infraestructura, entre otros.
Entonces tenemos, por una parte empleados caros y que no nos dan los resultados requeridos y además no rinden verdaderas cuentas de su función y de los recursos públicos que ejercen; y, por otra parte sufrimos una problemática que no admite perder el tiempo en sólo buscar culpables, sino ocuparlo en identificar las posibles soluciones y especialmente aquellas que dependen de nosotros, la sociedad.
Buscando formas de participación ciudadana efectiva, un grupo de ciudadanos hemos fundado una Asociación Civil a la que denominamos “CIUDADANÍA PLENA” y que estará abierta a todos los ciudadanos con la finalidad de ejercer una democracia eficaz en México, no sólo como forma de gobierno, sino como estilo de vida, promoviendo una sociedad transformadora y solidaria, asumiendo una corresponsabilidad en la construcción del bien común con las administraciones públicas y los poderes del estado, impulsando su fortalecimiento mediante la aplicación de la ley, la gestión y especialmente en la rendición de cuentas.
Para ello, impulsaremos la formación de una red de comités ciudadanos para la autogestión y de un observatorio ciudadano para la evaluación gubernamental.
Para el logro de sus objetivos, CIUDADANÍA PLENA, A.C. se vinculará con ciudadanos -mujeres y hombres- con los jóvenes como agentes de cambio, Instituciones Públicas de los tres poderes y en los niveles federal, estatal y especialmente el municipal, liderazgos, empresas y organismos de la sociedad civil, medios de comunicación, Instituciones Educativas, académicos, artistas y promotores de la cultura.
CIUDADANÍA PLENA estará disponible muy pronto a través de su página web: ciudadaniaplena.mx
Si queremos mejorar México, debemos empezar por lo que depende de nosotros, los ciudadanos; y, allí, sin duda hay mucho por hacer, ¿no lo crees?.....
Popularmente y de una forma más amplia, escuchamos decir que los ciudadanos pagamos los sueldos y presupuestos de los funcionarios públicos, tanto municipales, estatales y federales y por esta razón concluimos, que somos sus “patrones” y ellos nuestros “empleados”.
Tan sólo en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se contempló tener ingresos federales del orden de los 3 mil 400 billones de pesos, de los cuales casi el 40% se obtendrán de impuestos de los contribuyentes por concepto de IVA y de ISR principalmente.
Por esta razón, prácticamente todas las personas contribuimos –vía impuestos al ingreso y al consumo- para sufragar el costo de la burocracia mexicana que, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, equivale de entre un 9% hasta un 13% del Producto Interno Bruto, lo que la lleva a ser de las más caras del mundo.
Partiendo de estas cifras, surge la pregunta de si esos representantes y funcionarios públicos, que cuestan y muy caro a los mexicanos (incluyendo a los más pobres), son eficientes en el logro de los resultados que demandamos como sociedad.
La respuesta mayoritaria en los tres niveles de responsabilidad es que no.
Vivimos una impunidad casi total, una corrupción creciente derivada de ésta y de la falta de una verdadera transparencia y rendición de cuentas, una crisis de seguridad, rezagos en competitividad y empleo, parálisis legislativa en los temas estructurales y prioritarios, carencias en servicios públicos e infraestructura, entre otros.
Entonces tenemos, por una parte empleados caros y que no nos dan los resultados requeridos y además no rinden verdaderas cuentas de su función y de los recursos públicos que ejercen; y, por otra parte sufrimos una problemática que no admite perder el tiempo en sólo buscar culpables, sino ocuparlo en identificar las posibles soluciones y especialmente aquellas que dependen de nosotros, la sociedad.
Buscando formas de participación ciudadana efectiva, un grupo de ciudadanos hemos fundado una Asociación Civil a la que denominamos “CIUDADANÍA PLENA” y que estará abierta a todos los ciudadanos con la finalidad de ejercer una democracia eficaz en México, no sólo como forma de gobierno, sino como estilo de vida, promoviendo una sociedad transformadora y solidaria, asumiendo una corresponsabilidad en la construcción del bien común con las administraciones públicas y los poderes del estado, impulsando su fortalecimiento mediante la aplicación de la ley, la gestión y especialmente en la rendición de cuentas.
Para ello, impulsaremos la formación de una red de comités ciudadanos para la autogestión y de un observatorio ciudadano para la evaluación gubernamental.
Para el logro de sus objetivos, CIUDADANÍA PLENA, A.C. se vinculará con ciudadanos -mujeres y hombres- con los jóvenes como agentes de cambio, Instituciones Públicas de los tres poderes y en los niveles federal, estatal y especialmente el municipal, liderazgos, empresas y organismos de la sociedad civil, medios de comunicación, Instituciones Educativas, académicos, artistas y promotores de la cultura.
CIUDADANÍA PLENA estará disponible muy pronto a través de su página web: ciudadaniaplena.mx
Si queremos mejorar México, debemos empezar por lo que depende de nosotros, los ciudadanos; y, allí, sin duda hay mucho por hacer, ¿no lo crees?.....
La Rendición de Cuentas: ¿Exigencia ciudadana?
En este mismo espacio, la semana pasada, expuse la necesidad de mejorar gobierno y sociedad para aprovechar el potencial natural de México, echando mano para ello, como ciudadanos, de dos herramientas: la gestión –que fue abordada en esa pasada colaboración- y la exigencia en la rendición de cuentas, que ahora trataré.
Ambas herramientas responden al principio de la responsabilidad social, que implica el derecho y el deber de participar en el “bien” de la comunidad por el simple hecho de formar parte de ella; la gestión ciudadana se dirige a mejorar nuestro entorno en forma directa y la exigencia en la rendición de cuentas, busca esa mejora de forma indirecta, evaluando la eficiencia de instituciones y gobiernos.
La exigencia en la rendición de cuentas, puede servir no sólo para influir en el fortalecimiento y eficiencia de las instituciones públicas y gobiernos, sino también para crear un puente, hoy prácticamente inexistente entre sociedad y gobierno; puente de comunicación e interacción cuya existencia es indispensable en toda verdadera democracia.
Así es, la rendición de cuentas favorece el involucramiento directo de los mexicanos en el ejercicio del poder que ahora es rechazado por ineficiencias y corrupciones; nos permite verlo de cerca, conocer lo que realmente pasa en cada tema público de nuestro interés, tener información, elevar nuestros conocimientos cívicos y en resumen, nos compromete a difundir, influir y exigir resultados concretos a quienes nos representan.
La verdadera democracia implica rendición de cuentas: por un lado, la obligación de funcionarios no sólo de informar sobre sus decisiones como actualmente sucede a lo largo y ancho de México –cuando bien nos va- sino de justificarlas en público, es decir, explicar a los ciudadanos, los beneficios que tendrán con ellas y las bases jurídicas, técnicas y sociales que los asisten para tomarlas; y, por otro lado, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios.
La rendición de cuentas es una escuela para los ciudadanos que los lleva poco a poco a superar la apatía, ignorancia, individualismo, a dialogar, a gestionar, a exigir, y todo esto con un incentivo directo: lograr su bien, evitando los abusos y desviaciones del poder.
¿Cómo participar en la exigencia en la rendición de cuentas?
Creo que un primer paso, sencillo para cualquier ciudadano, es acceder a la información pública que por ley debe estar disponible en las páginas web oficiales, para conocer en primer lugar, si se está cumpliendo con la obligación de hacer público sus planes, presupuestos, programas, nómina, estructura orgánica, deuda, etcétera; y, en segundo lugar, para ejercer nuestro carácter de “patrones” de los funcionarios públicos, evaluando su desempeño.
También es posible acceder a información adicional a través de los Institutos de Transparencia federal, estatales o municipales, o bien, directamente ante cualquier autoridad en ejercicio del derecho de petición, formulando una solicitud respetuosa y por escrito.
Como la evaluación gubernamental requiere no sólo de información para analizar, sino de conocimientos especializados, considero que las organizaciones de la sociedad civil, como lo son, organismos camarales, asociaciones de profesionistas e incluso clubes de servicio, deben hacer de la rendición de cuentas, una herramienta para acreditar su compromiso social en el área de su influencia.
Nos aqueja a nivel nacional una impunidad casi total en materia de aplicación de la ley y justicia y no vemos a las barras de abogados asumiendo una responsabilidad abierta y concreta, como evidentemente se requiere, de denuncia y propuesta en el área de su especialidad.
Lo mismo sucede con las Cámaras de la Construcción o Asociaciones de Ingenieros y Arquitectos que podrían tomar un liderazgo y responsabilidad social para la evaluación de la correcta ejecución de los planes de obra pública, calidad, costos, entre otros rubros, los cuales hoy están señalados por enorme corrupción.
En cuanto a las finanzas gubernamentales, los Colegios de Contadores, Ejecutivos de finanzas, Cámaras empresariales y de comerciantes, por mencionar algunos, cuentan con los conocimientos especializados para hacer evaluaciones y hacer denuncias o exigencias concretas sobre el ejercicio presupuestal, nóminas, deuda y demás temas, plagados actualmente, de ineficiencias y desviaciones en el ámbito público.
Es evidente que hay mucho por hacer desde la sociedad civil para mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas y gobiernos y, por lo tanto, mejorar nuestro entorno. A pesar de que hoy vemos algunos esfuerzos en este sentido, creo que falta mucha más decisión, unión y, sobre todo, compromiso.
¿No lo crees?
Ambas herramientas responden al principio de la responsabilidad social, que implica el derecho y el deber de participar en el “bien” de la comunidad por el simple hecho de formar parte de ella; la gestión ciudadana se dirige a mejorar nuestro entorno en forma directa y la exigencia en la rendición de cuentas, busca esa mejora de forma indirecta, evaluando la eficiencia de instituciones y gobiernos.
La exigencia en la rendición de cuentas, puede servir no sólo para influir en el fortalecimiento y eficiencia de las instituciones públicas y gobiernos, sino también para crear un puente, hoy prácticamente inexistente entre sociedad y gobierno; puente de comunicación e interacción cuya existencia es indispensable en toda verdadera democracia.
Así es, la rendición de cuentas favorece el involucramiento directo de los mexicanos en el ejercicio del poder que ahora es rechazado por ineficiencias y corrupciones; nos permite verlo de cerca, conocer lo que realmente pasa en cada tema público de nuestro interés, tener información, elevar nuestros conocimientos cívicos y en resumen, nos compromete a difundir, influir y exigir resultados concretos a quienes nos representan.
La verdadera democracia implica rendición de cuentas: por un lado, la obligación de funcionarios no sólo de informar sobre sus decisiones como actualmente sucede a lo largo y ancho de México –cuando bien nos va- sino de justificarlas en público, es decir, explicar a los ciudadanos, los beneficios que tendrán con ellas y las bases jurídicas, técnicas y sociales que los asisten para tomarlas; y, por otro lado, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios.
La rendición de cuentas es una escuela para los ciudadanos que los lleva poco a poco a superar la apatía, ignorancia, individualismo, a dialogar, a gestionar, a exigir, y todo esto con un incentivo directo: lograr su bien, evitando los abusos y desviaciones del poder.
¿Cómo participar en la exigencia en la rendición de cuentas?
Creo que un primer paso, sencillo para cualquier ciudadano, es acceder a la información pública que por ley debe estar disponible en las páginas web oficiales, para conocer en primer lugar, si se está cumpliendo con la obligación de hacer público sus planes, presupuestos, programas, nómina, estructura orgánica, deuda, etcétera; y, en segundo lugar, para ejercer nuestro carácter de “patrones” de los funcionarios públicos, evaluando su desempeño.
También es posible acceder a información adicional a través de los Institutos de Transparencia federal, estatales o municipales, o bien, directamente ante cualquier autoridad en ejercicio del derecho de petición, formulando una solicitud respetuosa y por escrito.
Como la evaluación gubernamental requiere no sólo de información para analizar, sino de conocimientos especializados, considero que las organizaciones de la sociedad civil, como lo son, organismos camarales, asociaciones de profesionistas e incluso clubes de servicio, deben hacer de la rendición de cuentas, una herramienta para acreditar su compromiso social en el área de su influencia.
Nos aqueja a nivel nacional una impunidad casi total en materia de aplicación de la ley y justicia y no vemos a las barras de abogados asumiendo una responsabilidad abierta y concreta, como evidentemente se requiere, de denuncia y propuesta en el área de su especialidad.
Lo mismo sucede con las Cámaras de la Construcción o Asociaciones de Ingenieros y Arquitectos que podrían tomar un liderazgo y responsabilidad social para la evaluación de la correcta ejecución de los planes de obra pública, calidad, costos, entre otros rubros, los cuales hoy están señalados por enorme corrupción.
En cuanto a las finanzas gubernamentales, los Colegios de Contadores, Ejecutivos de finanzas, Cámaras empresariales y de comerciantes, por mencionar algunos, cuentan con los conocimientos especializados para hacer evaluaciones y hacer denuncias o exigencias concretas sobre el ejercicio presupuestal, nóminas, deuda y demás temas, plagados actualmente, de ineficiencias y desviaciones en el ámbito público.
Es evidente que hay mucho por hacer desde la sociedad civil para mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas y gobiernos y, por lo tanto, mejorar nuestro entorno. A pesar de que hoy vemos algunos esfuerzos en este sentido, creo que falta mucha más decisión, unión y, sobre todo, compromiso.
¿No lo crees?
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