En el año 1919 el pensador alemán Max Weber dictó una conferencia en la que expuso conceptos básicos de la política en aquel contexto histórico, entre los que destacan las cualidades del político profesional y la relación existente entre la política y la ética.
Decía que tres son las cualidades decisivas para el político: “el político debe tener: amor apasionado por su causa, ética de su responsabilidad, mesura en sus actuaciones”.
Asimismo, al reflexionar respecto de la relación entre la política y la ética, distingue en esta última dos tipos: la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad.
Afirmaba que la primera de ellas, mueve al individuo a realizar sus acciones en persecución de unos determinados valores o ideales de una manera absoluta; el político pretende con sus acciones mostrar la validez que sus ideales tienen para él, lo que le puede llevar al sacrificio de su propia persona en aras de sus ideales.
La ética de la responsabilidad por el contrario, se basa en la evaluación de las consecuencias de las propias acciones. El político que se guía por este tipo de ética, toma en consideración los efectos que previsiblemente van a tener sus acciones.
Weber concluye que aunque ambos tipos de ética se encuentran entre sí en una contraposición irresoluble, no quiere decir esto que la “ética de las convicciones” signifique falta de responsabilidad, ni que la “ética de la responsabilidad” sea idéntica a falta de convicciones o principios. Para este pensador, ambos tipos de ética aparecen como complementarias.
Personalmente, estoy convencida de que así es.
Al recordar las posiciones de Weber, algunos de los lectores tendrán en mente que más allá de los debates filosóficos -que por supuesto son importantes- la política en la actualidad es una actividad demeritada ante los ojos de los ciudadanos, quienes no encuentran en muchos de sus actores la característica que el sentido común indica para quien dice servir a los demás: resolver los problemas de la comunidad y dar resultados a la sociedad.
La política es una de las actividades sociales más demeritadas en México, vista –cada vez más- como sinónimo de abuso, irresponsabilidad, corrupción, improvisación, ineficiencia, incapacidad, botín, nepotismo, traiciones, deslealtades, cinismo, etc..
Dicha actividad tiene mala fama -y bien ganada- ante lo que se muestra de ella públicamente y lo que se conoce además, de boca en boca.
En opinión de la mayoría de los ciudadanos, los políticos de nuestro país, no se distinguen ni por su ética, ni por su responsabilidad.
Por ello, muchos mexicanos, asqueados y decepcionados, han optado en rechazar y promover el rechazo a la política.
Sin embargo, el demérito de la política no puede ni debe soslayarse por la sociedad entera; debe encararse, simplemente porque, por una parte, la política es reflejo de la sociedad y, por otra parte, y tal vez la de mayor peso, la política es la actividad especializada de la que derivan las decisiones más importantes para la vida pública del país, es decir, las decisiones que afectan de manera positiva o negativa la vida de todos y cada uno de nosotros.
Así lo decía Don Carlos Abascal: “Es necesario recuperar la dignidad de la política como ciencia, arte y virtud que tiene por objeto el acceso al poder y su uso para la justicia social y el bien común.”
Pero, además, en esta coyuntura de diversas problemáticas sociales que enfrentamos, resulta indispensable que cada uno de nosotros contribuya a mejorar nuestro entorno, con nuestra actividad cotidiana realizada responsable, profesional y honestamente, pero también, con una actitud cívica de exigencia a quienes desde el poder público, no hacen lo que les corresponde.
Las dos cosas son apremiantes en este momento en México: sociedad y clase política actuando con ética y responsabilidad, ¿no lo crees?
http://tamaulipas.milenio.com/cdb/doc/impreso/9127288
jueves, 15 de marzo de 2012
¿Celebrando el día internacional de la Mujer?
El día internacional de la Mujer se celebra en todo el mundo y lleva implícito una tradición de cerca de 90 años de lucha por la igualdad de los seres humanos, como derecho fundamental, y por la justicia, como reivindicación necesaria por la ausencia de reconocimiento real –no sólo jurídico- a la dignidad de la mujer, y ante la violencia y discriminación de las que hemos sido objeto las mujeres.
Esa lucha ha generado numerosos compromisos internacionales como principales instrumentos para avanzar hacia la equidad de género, entre los cuales vale la pena destacar:
1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que en el artículo 2, reconoce que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión.
2.- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General del la ONU en 1979 y que entró en vigor en 1981, tras la ratificación de 20 países, entre ellos México.
3.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, fue suscrita en junio de 1994 durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que México ratifica en 1998. En ella se establecen criterios de condena hacia todas las formas de violencia contra las mujeres, perpetradas tanto por el Estado, como en el hogar o en el espacio laboral.
4.- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, firmadas por los gobiernos que participaron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 y que constituyen la base para diseñar políticas públicas en torno a la equidad de género para potenciar el desarrollo de las mujeres en el siglo XXI. Pese a esta plataforma, en México no se ha logrado la transversalidad de género en las políticas públicas, prevaleciendo una marcada invisibilización de la problemática específica que aqueja a las mujeres.
5.- La Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre del año 2000 y que reunió a 189 jefes de Estado en la sede de las Naciones Unidas para reconocer que, además de sus responsabilidades con sendas sociedades, tienen la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial.
En el plano nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza, en su recién reformado artículo 1, a toda persona, el goce de los derechos humanos y garantías contenidos en ella y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y plasma en su artículo 4, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha difundido, en el marco de su programa de equidad de género y partiendo de estas normas, que todas las mujeres tienen los siguientes derechos:
El pleno reconocimiento de su dignidad como personas; el respeto a su vida; el respeto a su integridad física, psíquica y moral; la libertad y a la seguridad personales; la libertad de procreación; la igualdad de protección ante la ley; un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que las ampare contra actos que violen sus derechos; la libertad de asociación y reunión; un medio ambiente adecuado para su desarrollo; la vivienda; el trabajo y la formación y pertenencia a sindicatos; la libertad de expresión y de información; la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro del marco de la ley; la libertad de tránsito y de residencia; igualdad de participación en las funciones, asuntos y decisiones públicas; ser valorada y educada fuera de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; vivir libre de discriminación en la esfera de la educación, la vida política, el matrimonio y la familia, el empleo, la atención médica, la vida económica y social, etc.; que se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir en razón, entre otras, de su raza, embarazo, discapacidad, edad, situación socioeconómica, privación de su libertad o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.
Este año debemos celebrar los evidentes esfuerzos y avances plasmados en normas nacionales e internacionales y el reconocimiento universal de la igualdad de género y otros derechos; sin embargo, siendo fieles al espíritu histórico de lucha por la equidad de género, también debemos señalar que nuestra sociedad no puede jactarse de ser democrática y justa si no logra, como no ha lo ha hecho hasta hoy, proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia que enfrentan en la convivencia cotidiana de nuestras comunidades.
Con renovado espíritu para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, celebremos pues, este 8 de marzo, el día internacional de la mujer, mirando al pasado con satisfacción y al futuro con responsabilidad y compromiso. ¿No lo crees?
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9123394
Esa lucha ha generado numerosos compromisos internacionales como principales instrumentos para avanzar hacia la equidad de género, entre los cuales vale la pena destacar:
1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que en el artículo 2, reconoce que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o religión.
2.- La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW (por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General del la ONU en 1979 y que entró en vigor en 1981, tras la ratificación de 20 países, entre ellos México.
3.- La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, fue suscrita en junio de 1994 durante el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que México ratifica en 1998. En ella se establecen criterios de condena hacia todas las formas de violencia contra las mujeres, perpetradas tanto por el Estado, como en el hogar o en el espacio laboral.
4.- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, firmadas por los gobiernos que participaron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 y que constituyen la base para diseñar políticas públicas en torno a la equidad de género para potenciar el desarrollo de las mujeres en el siglo XXI. Pese a esta plataforma, en México no se ha logrado la transversalidad de género en las políticas públicas, prevaleciendo una marcada invisibilización de la problemática específica que aqueja a las mujeres.
5.- La Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre del año 2000 y que reunió a 189 jefes de Estado en la sede de las Naciones Unidas para reconocer que, además de sus responsabilidades con sendas sociedades, tienen la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial.
En el plano nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza, en su recién reformado artículo 1, a toda persona, el goce de los derechos humanos y garantías contenidos en ella y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y plasma en su artículo 4, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha difundido, en el marco de su programa de equidad de género y partiendo de estas normas, que todas las mujeres tienen los siguientes derechos:
El pleno reconocimiento de su dignidad como personas; el respeto a su vida; el respeto a su integridad física, psíquica y moral; la libertad y a la seguridad personales; la libertad de procreación; la igualdad de protección ante la ley; un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que las ampare contra actos que violen sus derechos; la libertad de asociación y reunión; un medio ambiente adecuado para su desarrollo; la vivienda; el trabajo y la formación y pertenencia a sindicatos; la libertad de expresión y de información; la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro del marco de la ley; la libertad de tránsito y de residencia; igualdad de participación en las funciones, asuntos y decisiones públicas; ser valorada y educada fuera de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; vivir libre de discriminación en la esfera de la educación, la vida política, el matrimonio y la familia, el empleo, la atención médica, la vida económica y social, etc.; que se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueden sufrir en razón, entre otras, de su raza, embarazo, discapacidad, edad, situación socioeconómica, privación de su libertad o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada.
Este año debemos celebrar los evidentes esfuerzos y avances plasmados en normas nacionales e internacionales y el reconocimiento universal de la igualdad de género y otros derechos; sin embargo, siendo fieles al espíritu histórico de lucha por la equidad de género, también debemos señalar que nuestra sociedad no puede jactarse de ser democrática y justa si no logra, como no ha lo ha hecho hasta hoy, proteger a las mujeres de la discriminación y la violencia que enfrentan en la convivencia cotidiana de nuestras comunidades.
Con renovado espíritu para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, celebremos pues, este 8 de marzo, el día internacional de la mujer, mirando al pasado con satisfacción y al futuro con responsabilidad y compromiso. ¿No lo crees?
http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9123394
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